Presidente de la Cámara de EEUU impulsa financiación de proyecto de ley de prueba de ciudadanía

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se comprometió el martes a seguir adelante con la exigencia de una prueba de ciudadanía para el registro de votantes como parte de un proyecto de ley para evitar un cierre parcial del gobierno al inicio del nuevo año fiscal, el 1 de octubre, aunque la medida tiene muchas probabilidades de ser rechazada.

Los demócratas se oponen abrumadoramente a la medida. Asimismo, un número suficiente de republicanos se han manifestado contra el proyecto de ley, aunque por razones distintas, por lo que sus posibilidades de ser aprobada por la Cámara de Representantes parecen escasas. Aun si logra ser aprobada por la Cámara el miércoles, el proyecto de ley podría no llegar a ningún lado en el Senado.

Johnson dijo que el tema de la seguridad en las elecciones es demasiado importante para ser pasado por alto, aunque las investigaciones han mostrado que la votación por parte de no ciudadanos es extremadamente rara. También es claro que los republicanos consideran útil hacer que los demócratas de la Cámara realicen otra votación sobre el tema. La Cámara de Representantes aprobó en julio un proyecto de ley con el mandato de prueba de ciudadanía.

“Si tenemos algunos miles de ilegales participando en la elección en el lugar incorrecto, es posible que esto modifique la configuración del Congreso y afecte la elección presidencial”, dijo Johnson. “El pueblo estadounidense lo comprende”.

La primera prueba para el proyecto de ley de gastos ocurrirá con un voto procesal el martes. Si logra superar este obstáculo, el miércoles se producirá una votación final en la Cámara.

La medida incluye una extensión de seis meses a la financiación federal para mantener a las agencias y los programas en operación hasta el 28 de marzo.

Pero los demócratas desean una extensión más breve para que el Congreso actual establezca niveles de gastos para todo el año fiscal 2025, en lugar de que lo hagan el próximo presidente y el nuevo Congreso. También desean eliminar del proyecto de ley el mandato de prueba de ciudadanía, diciendo que es innecesario porque los estados ya tienen salvaguardas efectivas para verificar la elegibilidad de los votantes y mantener registros precisos de los electores.