Juez halla causa para acusar de desacato al gobierno de Trump por violar orden de deportación

WASHINGTON — Un juez federal indicó el miércoles que ha encontrado causa probable para declarar al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en desacato penal al tribunal, y advirtió que podría buscar el enjuiciamiento de algunos funcionarios por incumplir sus órdenes el mes pasado de hacer volver a aviones que transportaban deportados a una prisión en El Salvador.

La decisión del juez federal de distrito James E. Boasberg, de quien Trump ha dicho que debería ser destituido, pone de relieve un enfrentamiento drástico entre las ramas judicial y ejecutiva del gobierno sobre los poderes del presidente para llevar a cabo prioridades clave de la Casa Blanca.

Boasberg acusó a funcionarios del gobierno de apresurar la salida del país de los deportados el mes pasado —amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros— antes de que pudieran impugnar su expulsión en el tribunal, y luego desobedecer intencionadamente su orden de que los aviones que ya se encontraban en el aire regresaran a Estados Unidos.

El juez advirtió que podría llevar a cabo audiencias y posiblemente remitir el asunto para su enjuiciamiento si el gobierno no actúa para remediar la violación. Si los líderes del Departamento de Justicia de Trump se niegan a enjuiciar el asunto, Boasberg señaló que nombrará a otro abogado para hacerlo.

“La Constitución no tolera la desobediencia intencionada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de una rama coordinada que han jurado defenderla”, escribió Boasberg, el presidente del tribunal federal de Washington.

El gobierno federal señaló que apelará.

“El presidente está 100% comprometido en garantizar que los terroristas y los migrantes ilegales criminales ya no sean una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades en todo el país”, escribió el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una publicación en la red social X.

El caso se ha convertido en uno de los más polémicos, en medio de una serie de enfrentamientos jurídicos que se libran contra el gobierno republicano y que han puesto a la Casa Blanca en una ruta de colisión con los tribunales federales.

Los funcionarios del gobierno han criticado repetidamente a los jueces por restringir las acciones del presidente, acusando a los tribunales de afectar indebidamente sus poderes ejecutivos. Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg, lo que provocó una inusual declaración del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien dijo que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

Boasberg escribió que la “conducta del gobierno delató un deseo de eludir el alcance equitativo del poder judicial”.

Boasberg indicó que el gobierno podría evitar los procedimientos de incumplimiento si asume la custodia de los deportados —que fueron enviados a la prisión de El Salvador en desacato de su orden— con el fin de que tengan la oportunidad de impugnar su expulsión. No estaba claro cómo funcionaría eso, porque dijo que el gobierno “no necesitaría liberar a ninguno de esos individuos, ni necesitaría transportarlos de regreso a su país de origen”.

El juez no indicó qué funcionario o funcionarios podrían ser declarados en desacato. Señaló que le está dando al gobierno hasta el 23 de abril para explicar los pasos que ha tomado para remediar la violación, o en su lugar identificar a la persona o personas que tomaron la decisión de no hacer que los aviones volvieran.

En un caso por separado, el gobierno federal ha reconocido haber deportado por error a Kilmar Ábrego García a la prisión de El Salvador, pero no tiene la intención de devolverlo a Estados Unidos a pesar de un fallo de la Corte Suprema que le ordena al gobierno “facilitar” su liberación. La jueza federal a cargo de ese caso ha dicho que está sopesando si emprenderá procedimientos de desacato, y alega que los funcionarios “parecen no haber hecho nada para ayudar a la liberación de Ábrego García de la custodia y su regreso a Estados Unidos”.

Boasberg, quien fue nominado al tribunal federal por el expresidente demócrata Barack Obama, le ordenó al gobierno el mes pasado no deportar a nadie bajo su custodia amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, luego de que el mandatario invocó esa ley de tiempos de guerra de 1798 por lo que dijo era una invasión por parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Cuando se le informó a Boasberg que ya habían despegado los aviones con destino a El Salvador, que ha acordado albergar a los migrantes deportados en una notoria prisión, el juez ordenó hacer que las aeronaves volvieran a Estados Unidos. Pero horas después, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que los deportados habían llegado a su país. En una publicación en redes sociales manifestó: “Ups... demasiado tarde”, sobre un artículo que hacía referencia a la orden de Boasberg.

El gobierno de Trump ha argumentado que no violó ninguna orden, señaló que el juez no incluyó en su orden escrita la directriz de volver a Estados Unidos, y dijo que los aviones ya habían salido de Estados Unidos cuando se emitió esa orden.

Hace unas semanas, la Corte Suprema anuló la orden temporal de Boasberg que bloqueaba las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero dijo que a los inmigrantes se les debe dar la oportunidad de impugnar sus deportaciones antes de ser expulsados. La mayoría conservadora indicó que las impugnaciones deben llevarse a cabo en Texas, en lugar de en un tribunal de Washington.

Boasberg escribió que, aunque la Corte Suprema encontró que su orden “sufría de un defecto jurídico”, eso “no excusa la violación del gobierno”. El juez agregó que el gobierno parecía haber “desafiado la orden del tribunal deliberada y alegremente”, y observó que el secretario de Estado Marco Rubio retuiteó la publicación de Bukele después de que los aviones aterrizaron en El Salvador a pesar de la orden del juez.

“La corte no llega a tal conclusión a la ligera ni apresuradamente; de hecho, ha dado a los demandados amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”, escribió Boasberg.

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El periodista de The Associated Press Mark Sherman contribuyó a este despacho.