Trump ordenó contratar 15,000 nuevos oficiales fronterizos y de inmigración; pero cada vez hay más vacantes por cubrir

Dos años después de que el presidente Trump decretara la contratación de 15,000 nuevos agentes fronterizos y agentes de inmigración, el gobierno ha gastado decenas de millones de dólares en ello, pero tiene miles de vacantes más que en ese momento.

Como muestra de las dificultades, Aduanas y Protección Fronteriza asignaron $60.7 millones a Accenture Federal Services, una firma de consultoría de gestión, como parte de un contrato de $297 millones para reclutar, aprobar y contratar a 7,500 oficiales fronterizos durante cinco años, pero la compañía logró únicamente 33 nuevas contrataciones hasta ahora.

El prometido aumento de personal del presidente perdió terreno, incluso cuando el mandatario insistió públicamente en la necesidad de una mayor seguridad en la frontera, advirtió sobre una inminente invasión de migrantes y cerró sectores del gobierno durante cinco semanas en pos de sus pedidos de $5,700 millones al Congreso para construir un muro en el límite sur.

La Patrulla Fronteriza ganó un total de 120 agentes en 2018, la primera ganancia neta en cinco años.

Pero la agencia no está cerca de incorporar 2,700 agentes por año, la tasa que Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, señaló como necesaria para cumplir con los 26,370 agentes fronterizos propuestos por Trump para fines de 2021.

“El aumento en la contratación no ha comenzado”, concluyó la oficina del inspector general en el Departamento de Seguridad Nacional, el pasado noviembre.

“Hemos tenido dificultades continuas con respecto a los niveles de contratación para satisfacer nuestras necesidades operativas”, afirmó el sábado a The Times un funcionario de Seguridad Nacional que habló bajo condición de anonimato y describió las contrataciones de la Patrulla Fronteriza de 2018 como “una gran mejora”.

Las agencias de seguridad fronteriza ya enfrentaban hace mucho tiempo desafíos para reclutar y retener agentes de primera línea —en particular los de la Patrulla Fronteriza—; la cuestión es aún más difícil para la contratación veloz de 15,000 más.

En marzo de 2017, McAleenan precisó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza normalmente pierde alrededor de 1,380 agentes por año a medida que estos se retiran, renuncian por trabajos mejor pagados o se mudan. Solo llenar ese agujero cada año ha agotado los recursos.

Más allá de eso, dada la baja histórica de la inmigración no autorizada en la frontera sur, incluso el inspector general de Seguridad Nacional cuestionó la necesidad de un aumento.

Pero los funcionarios de la administración argumentan que un sistema de inmigración pensado para hombres solteros y adultos mexicanos se ha vuelto lamentablemente obsoleto.

“La cantidad de familias y niños que estamos deteniendo en la frontera está en niveles sin precedentes”, consideró otro funcionario de Seguridad Nacional. “Está teniendo un impacto drástico en la misión de seguridad de la Patrulla Fronteriza”.

Desde 2015, a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se les exigió que trabajen horas extras y se les envía a cumplir tareas temporarias en puntos de “falta de personal crítico” en la frontera sudoeste, indicó el 24 de enero ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes el presidente del sindicato que representa a unos 30,000 oficiales de la CBP, Tony Reardon.

Después de luchar durante años por salarios más altos, más personal y un mejor proceso de contratación, Reardon aseguró que la agencia necesita contratar más oficiales para los 328 puertos de entrada. “Todo esto contribuye a una frontera más fuerte”, dijo.

El 25 de enero de 2017, cinco días después de la toma de mando, Trump firmó un decreto para contratar a 5,000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y 10,000 oficiales más de Inmigración y Aduanas para reforzar la seguridad fronteriza y atacar la inmigración ilegal.

“Hoy, Estados Unidos de América recupera el control de sus fronteras”, declaró el mandatario al firmar las órdenes.

En la actualidad, según la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza) tiene más de 3,000 vacantes de empleo.

Eso es aproximadamente 2,000 más que cuando Trump firmó el decreto, de acuerdo con un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, sobre los desafíos de contratación de CBP.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el personal de la Patrulla Fronteriza se mantiene por debajo de los 21,360 agentes exigidos por el Congreso en 2016, lo cual equivale a 5,000 menos que el decreto de Trump.

El contrato de CBP con Accenture, adjudicado en noviembre de 2017, fue objeto de fuertes interrogantes por su alto costo y sus resultados limitados.

Los funcionarios de CBP le dijeron al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en noviembre, que solo 33 nuevos oficiales habían sido contratados.

Bajo los términos del contrato, a la compañía se le pagan aproximadamente $40,000 por cada uno. Un agente de la Patrulla Fronteriza de nivel inicial recibe un salario de $52,583 al año.

En diciembre, la oficina del inspector general de Seguridad Nacional informó que Accenture y CBP no estaban “para nada cerca” de cumplir con la orden de contratación del presidente, y advirtió que si no se abordan los problemas con el contrato de “aprobación apresurada”, CBP corre el riesgo de “desperdiciar millones de dólares de los contribuyentes”.

Posteriormente, CBP redujo el contrato de Accenture de $297 millones a $83 millones, y emitió una orden de cese laboral parcial. Según los funcionarios, la agencia decidirá en marzo si cancela el resto del contrato.

El representante Bennie Thompson (D-Mississippi), presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, aseveró que el contrato plagado de problemas “refuerza mis dudas” sobre el liderazgo de CBP.

“CBP no puede simplemente contratar empleados y gastar cientos de millones sin abordar los problemas sistémicos de la agencia”, consideró Thompson.

Deirdre Blackwood, portavoz de Accenture, dijo a The Times: “seguimos enfocados en cumplir las expectativas de nuestro cliente, conforme nuestro contrato”.

El alto funcionario de Seguridad Nacional defendió el contrato. “Tienes que estar dispuesto a innovar y probar cosas... De ninguna manera o forma hubo fraude, desperdicio o abuso”.

En mayo pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas canceló una solicitud para un contrato de contratación con una estructura de pago similar al de Accenture, alegando retrasos en su calendario de contratación y fondos limitados del Congreso.

ICE afirmó en ese momento que reiniciaría el proceso de contratación para fines de 2018, para cumplir con la orden de Trump. La cuestión todavía está pendiente.

Los funcionarios de Seguridad Nacional se negaron a decir cuánto se gastó o cuántas personas fueron contratadas desde los decretos de Trump; alegaron que el cierre parcial del gobierno les impedía acceder a los datos.

La oleada de contratación falló desde el principio.

En julio de 2017, seis meses después de que Trump firmara sus órdenes ejecutivas, la oficina del inspector general de Seguridad Nacional indicó que las agencias enfrentaban “desafíos significativos” y no podían justificar el aumento de la contratación.

Los funcionarios no pudieron “proporcionar datos completos para respaldar la necesidad operativa o las estrategias de implementación para los 15,000 agentes y oficiales adicionales que se les ordenó contratar”, escribió la oficina del inspector general.

Trump firmó el 25 de enero un proyecto de ley para reabrir el gobierno hasta el 15 de febrero, finalizando así el cierre más prolongado en la historia del país. Decenas de miles de agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales de CBP, entre otros, trabajaron sin remuneración.

Los expertos advirtieron que los intentos anteriores de un aumento de la contratación derivaron en una mayor corrupción, un problema perenne dentro de las fuerzas de seguridad en la frontera.

Los cárteles de la droga y otros grupos criminales apuntan a los agentes de la Patrulla Fronteriza, ofreciéndoles sobornos o incluso favores sexuales para permitir el contrabando de migrantes, drogas y otros productos a través de la frontera.

Para combatir la corrupción, la Patrulla Fronteriza estableció estrictos requisitos de aprobación, pero dichas medidas ralentizaron el proceso de contratación.

Los potenciales candidatos de la Patrulla Fronteriza deben pasar exámenes cognitivos, de aptitud física y médicos. También deben proporcionar información financiera, someterse a pruebas de drogas y pasar una verificación de antecedentes policiales y una prueba de polígrafo.

ICE no exige la prueba del detector de mentiras, le paga más a sus agentes y destina a la mayoría de ellos en ciudades, no en puestos aislados sobre la frontera.

Los partidarios de los requisitos de CBP los consideran salvaguardas necesarias para evitar los escándalos ocurridos en pasadas oleadas de contratación. Los críticos los ven como un impedimento para poner más agentes en la frontera.

Los rigurosos requisitos de contratación de CBP, incluida la prueba de polígrafo, fueron implementados por el Congreso en 2010, luego de que la agencia duplicara su tamaño y la Patrulla Fronteriza notara un aumento en la corrupción y una serie de incidentes mortales.

El FBI aún lidera 22 grupos de trabajo anticorrupción en la frontera de todo el país.

En los últimos años, algunos legisladores intentaron ayudar a CBP a liberarse de la prueba del polígrafo. En 2017, la agencia obtuvo luz verde para descartar el requisito para ciertos veteranos militares, y comenzó a probar una versión que mejoró las tasas de aprobación.

En parte como resultado, CBP aumentó la contratación de “personal de primera línea” en casi un 15%, e incrementó sus solicitantes en un 40% en los últimos tres años, según un documento presupuestario de Seguridad Nacional, de 2019. La agencia también redujo el tiempo del proceso de contratación, de aproximadamente 400 días a cerca de 270. El objetivo del gobierno para la contratación es que no supere los 80 días, pero CBP ha dicho que no es factible.

Parte del problema se deriva de las disputas de financiamiento de la administración Trump con el Congreso, por la seguridad fronteriza. “Después de todo, tenemos que contratar acorde con el dinero que nos asignan”, indicó el primer funcionario de Seguridad Nacional.

Después de que Trump firmara sus órdenes ejecutivas en 2017, ICE solicitó $830 millones para emplear a cerca de 3,000 nuevos oficiales y crear capacidad para llegar a los 10,000, según un informe de la Oficina de Responsabilidad de Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés).

En cambio, en 2018, el Congreso otorgó a ICE $15.7 millones para 65 nuevos agentes, más 70 abogados y personal de apoyo.

En los últimos dos años, ICE sumó 1,325 investigadores y oficiales de deportación, según la agencia. La entidad generalmente pierde cerca de 800 agentes cada año, por lo cual no ha seguido el ritmo y se mantiene muy por detrás del decreto del presidente.

Por su parte, CBP solicitó $330 millones para contratar a 1,250 agentes de la Patrulla Fronteriza y crear capacidad para contratar 5,000, según el informe de la GAO.

El Congreso otorgó a CBP alrededor de $65 millones en 2017 para mejorar las prácticas de contratación y ofrecer incentivos para que los agentes se transfieran a sitios con poco personal.

En 2018, proporcionó $20 millones más de lo que la agencia solicitaba, para el reclutamiento y la retención de empleados. “CBP enfrentaba altas tasas de deserción, incluso antes de que la administración Trump la convirtiera en una organización polarizadora”, aseguró Thompson, presidente del comité de Seguridad Nacional de la Cámara.

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