Pese a la ayuda de L.A., los delincuentes de drogas podrían enfrentar obstáculos en la industria del cannabis

A medida que crece la industria legal del cannabis en California, los funcionarios en Los Ángeles y otras ciudades quieren asegurarse de que los primeros jugadores -que lo vendían cuando todavía era ilegal- no sean expulsados del mercado.

En Los Ángeles y Oakland, las reglas de cannabis de la ciudad prevén los llamados programas de equidad social, que brindan ventaja a los solicitantes de licencias comerciales que fueron condenados por un delito de marihuana o que viven en vecindarios desproporcionadamente afectados por los arrestos vinculados con el tema.

Pero muchos de los empresarios que podrían beneficiarse de esos programas podrían enfrentarse con un gran obstáculo: la mayoría de los bancos no abrirá cuentas para los negocios de marihuana, y las pocas instituciones que están dispuestas a hacerlo probablemente se rehusarán a atender a empresas cuyos propietarios o administradores tengan antecedentes penales, incluso si éstos se originaron por vender marihuana.

Aunque es legal para su uso recreativo o medicinal en 29 estados, el cannabis sigue siendo ilegal en el marco de la ley federal, lo cual genera que la mayoría de los bancos y cooperativas de crédito -que responden a los reguladores federales- no quieran abrir ni siquiera cuentas de cheques básicas para cultivadores o vendedores.

Las instituciones que sí trabajan con la industria deben seguir un estricto conjunto de directrices federales que requieren informes financieros adicionales e investigación sobre los antecedentes de los propietarios. Esas normas sugieren que proporcionar una cuenta bancaria a un negocio de cannabis propiedad de un convicto por drogas sería una bandera roja reglamentaria.

Quedar excluido del sistema bancario podría ser un gran revés para esas empresas y les negaría gran parte del beneficio de los programas de equidad social, indicó Virgil Grant, un empresario local de cannabis y uno de los proponentes del programa de L.A. “Nos pone en desventaja desde el principio”, remarcó Grant, copropietario de Medex, dispensario de marihuana medicinal del sur de Los Ángeles, quien tiene condenas estatales y federales por drogas en su historial. “Nunca podremos crecer más allá de un negocio familiar. Estaríamos atrapados en ese sentido”.

Sin cuentas bancarias, las empresas de marihuana se ven obligadas a manejar grandes paquetes de efectivo para comprar suministros, pagar a los empleados e incluso para cumplir con sus impuestos. Grant y otros dueños de negocios de cannabis señalan que el tiempo adicional y las precauciones necesarias para mover ese metálico generan miles de dólares en costos adicionales.

Para las empresas que sí pueden obtener cuentas, esos ahorros representan una gran ventaja, advirtió Grant. “Se trata de eficiencia y tiempo, que también es dinero”, dijo. “Un negocio con una cuenta bancaria ganará más dinero y ahorrará más; nosotros lo perderíamos debido a la ineficiencia. Sería perjudicial, como empresarios, no tener la misma oportunidad”.

Pero ejecutivos de bancos y cooperativas de crédito en California, Washington y Colorado que trabajan con negocios de marihuana -una postura que ya los coloca fuera de la corriente principal de la banca- señalan que incluso para ellos, un registro penal haría más difícil abrir una cuenta.

“Creo que sería más difícil en un entorno ya complejo”, indicó Neil Zick, director ejecutivo de Twin City Bank en Longview, Washington. “Definitivamente sería otro factor de disuasión por parte del banco”.

Sundie Seefried, directora ejecutiva de Partner Colorado Credit Union, que trabaja abiertamente con negocios de cannabis, comentó que abrió una cuenta para un empresario de la marihuana con antecedentes, pero que también podría haber optado por no hacerlo. “Discutí la situación personalmente, evalué todos los hechos y tomé la decisión de aceptarlo en esta compañía, incluso con los antecedentes”, comentó. “Sin embargo, podría haber dicho tan fácilmente que no... Si pondré en riesgo mi institución financiera, seleccionaré al cliente muy cuidadosamente”.

Un ejecutivo de una cooperativa de ahorro y crédito de la zona de L.A. que trabaja con negocios de marihuana fue aún más directo. La fuente -que habló con The Times con la condición de anonimato para él y su institución- indicó que su cooperativa de crédito en ningún caso abriría una cuenta para un negocio que sea propiedad o esté administrado por alguien con antecedentes penales. “Ya se lo hicieron antes y podrían hacerlo nuevamente”, afirmó el ejecutivo. “Si alguien tiene antecedentes penales, no me da confianza de que su negocio será llevado adelante sin infracciones en el futuro”.

Tanto el ejecutivo de la cooperativa de ahorro y crédito de L.A. como Seefried se refirieron a las pautas de la red Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro que combate el lavado de dinero y otros usos ilícitos del sistema financiero.

Si bien la marihuana todavía se considera una droga ilegal a nivel federal, esas pautas no prohíben explícitamente que un banco preste servicios a un negocio de cannabis. Sin embargo, si los propietarios o gerentes de la empresa tienen antecedentes penales se considera una señal de alerta que debería impulsar un mayor análisis por parte del banco. Las violaciones de las reglas podrían someter a la entidad crediticia a multas o incluso a sanciones más estrictas.

El presidente del Ayuntamiento de Los Ángeles, Herb Wesson, un patrocinador clave del programa de equidad social de cannabis, expresó que aún no tiene una buena solución para este problema, aunque mantiene esperanzas de que la industria bancaria se acerque a medida que la industria crezca.

Una solución que ha promovido es la creación de un banco propiedad de la ciudad, una idea que los funcionarios de California también están contemplando, pero a nivel estatal. Un banco público, piensa, podría proporcionar servicios bancarios básicos a las empresas de cannabis y apoyar otras prioridades públicas con menos supervisión federal.

Aunque Grant y otros en la industria tienen ilusiones con respecto a esa idea, la creación de dicha entidad dista mucho de ser un hecho seguro. Además, agregar los servicios de la industria del cannabis como una prioridad institucional podría volver todo más complicado. Pero Wesson señaló este miércoles que la marihuana no sería la única razón para crear un banco público; otros propósitos podrían incluir la financiación de viviendas asequibles. “Está unido a ello, pero no es lo impulsa el plan”, advirtió.

También cree que los bancos no deberían poder negar ciertos servicios básicos a los negocios de cannabis, independientemente de cualquier historial penal de sus dueños o gerentes. “Lo que estamos tratando de hacer es corregir las cosas, crear oportunidades para las personas que no las tienen”, afirmó. “No voy a decirle a nadie cómo invertir su dinero ni a quién debe hacerle un préstamo, pero no creo que [un banco] deba tener el poder de elegir quién puede abrir una cuenta. Me aseguraré de tener una audiencia sobre ese tema”.

Traducción: Valeria Agis

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