México libra una dura guerra por el agua

ALPUYECA, MORELOS. — Muchas comunidades en México libran batallas por el agua en contra de autoridades, mineras, empresas de distribución o contra otras comunidades. El Día Mundial del Agua sorprende a México en medio de la polémica por la Ley General de Aguas, y atravesado por conflictos sociales como el de las mujeres de Alpuyeca, en Morelos.

Durante décadas, cuatro mujeres de esta comunidad de Xochitepec, Morelos –donde los mediodías de invierno el termómetro ronda los 35 grados centígrados–, se acostumbraron a reutilizar cada gota de agua que les caía del cielo o que acarreaban del río que tienen a un kilómetro de distancia. Llenaron sus viviendas de botellas, garrafones, cubetas, tinacos y piletas para atesorar el líquido.

Sus nombres son María Martha Delgado, Carlota Guzmán, Gloria Rojas y Lidia Velázquez. Se han vuelto un poco famosas en la colonia Ampliación 3 de Mayo. No son las únicas mexicanas cuyos derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento se violan cotidianamente –9 millones de habitantes carecen de agua potable y 11 millones de drenaje en este país–, pero son las primeras que lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara que las autoridades reparen el daño a su derecho fundamental.

Hoy se les reconoce como las mujeres que pusieron contra las cuerdas al ayuntamiento morelense de Xochitepec para que les garantizara su derecho al agua, pero su lucha lleva años, desde que demandaron que se abrieran caminos en su comunidad para el acceso de las pipas de agua, hasta la posterior solicitud al ayuntamiento de una red de abasto, cuyas respuestas aterrizaban en los años 2020 o 2030, “cuando hubiera más presupuesto”.

La batalla legal inició en 2010. Acompañadas por la Coalición Internacional para el Hábitat Latinoamérica, promovieron demandas de amparo para reclamar la violación al derecho a la vida, a la salud y a la vivienda, y al mínimo vital de contar con agua potable y saneamiento.

Lo hicieron antes de la reforma constitucional de 2012, que establece que el Estado debe garantizar a toda persona el “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Recuerdan cómo, a partir de las demandas, los funcionarios municipales les preguntaban si al llegar a la comunidad alguien les prometió agua como para que después se sintieran con derecho a exigirla.

Los operadores de las pipas dudaban que algún día las mujeres dejaran de necesitar su servicio. Pero en abril de 2012, el Segundo Tribunal del Décimo Octavo Circuito de Morelos falló a su favor.

Lograron que el municipio les instalara una red de agua potable, aunque se trata de una manguera de dos pulgadas de grosor, por la que fluye agua sólo los lunes durante cuatro horas en promedio, sin un horario fijo.

Como el 6 de enero de 2014 el Juzgado Cuarto de Distrito de Morelos tuvo por cumplida la sentencia, 10 días después, a nombre de Lidia Velázquez, interpusieron una inconformidad por la poca cantidad de agua que les llegaba.

El 18 de junio, la SCJN estableció que la inconformidad está fundada y que el ayuntamiento de Xochitepec debe acreditar que el agua proporcionada cumple con la recomendación de la OMS, de proveer de 50 a 100 litros de agua al día a cada persona.

Nueve meses después, sin embargo, la situación permanece igual, y se agrava en la temporada de calor, cuando la temperatura rebasa los 40 grados centígrados. Si no fuera por la recolección pluvial y su añeja costumbre de reciclar el agua, los habitantes de esta comunidad no alcanzarían a llegar al otro lunes con algunas gotas de reserva.

Las disputas por el líquido

La batalla de las mujeres de Alpuyeca por el agua es sólo una de las que existen en el territorio nacional. En el país se libran auténticas guerras por la disputa directa de pozos o afluentes de algún río, la contaminación industrial o minera, la intención de sacar el agua de una comunidad como parte de un megaproyecto —el Acueducto Independencia, en Sonora, o el Monterrey VI, en Nuevo León— o la construcción de presas en los cauces de los ríos.

Sobresalen las batallas de zonas rurales contra las presas hidroeléctricas en estados como Chiapas, Veracruz, Jalisco o Guerrero, donde las consecuentes inundaciones de poblados por las obras generan altos costos sociales y económicos.

En las regiones con más agua en México, localizadas en el sur, la falta de acceso a agua potable y a drenaje representan un importante factor de desigualdad. Según el Informe de Pobreza en México 2012, del Coneval, la falta de drenaje y de agua afecta a poco más de la tercera parte de los guerrerenses; a una cuarta parte de los veracruzanos; y a uno de cada cinco habitantes de Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Buena parte de los conflictos en el país se libran a partir de la contaminación de mantos acuíferos por parte de las mineras, cuya presencia se ha potencializado en años recientes. El “Estudio de la minería en México”, de la Secretaría de Gobernación, señala que de 1993 a 2012 se entregaron 43 mil 675 concesiones mineras en 957 mil 658 kilómetros cuadrados, equivalentes a 48.7 por ciento del territorio nacional.

En Sinaloa, por ejemplo, la organización Voces del Agua lucha contra la creciente presencia de metales pesados provenientes de los trabajos de minería en el fondo de los ríos.

Otras batallas locales obedecen a la privatización de los servicios del agua. Destaca Saltillo, Coahuila, donde desde 2001 una empresa privada maneja la totalidad del líquido con un aumento en las tarifas del 800 por ciento. La Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo busca la remunicipalización del agua, como ha ocurrido en ciudades como París o Buenos Aires.

Pero la guerra por el agua más reciente ocurre a nivel normativo, por la aprobación de una Ley General de Aguas que reglamente el derecho constitucional al líquido.

Lucha en San Lázaro

El 5 de marzo de 2015 fue dictaminada por las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento y la de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados una iniciativa basada en el proyecto federal de la Comisión Nacional del Agua, promovida por los priistas Kamel Athié Flores y José Antonio Rojo, el panista Sergio Augusto Chan Lugo y el perredista Gerardo Gaudiano.

La iniciativa, repartida entre los integrantes de las Comisiones una noche antes, fue aprobada en esa primera instancia legislativa, con el rechazo del PRD y Morena, que abandonaron la sesión de comisiones unidas.

La señora Leonor Díaz observa los garrafones de agua que utiliza para hacer los alimentos. REFORMA

Aunque sus promoventes anunciaron que sería votada esa misma semana en el pleno de la Cámara, la votación se pospuso sorpresivamente el martes 10 de marzo, sin que se reprogramara una fecha para su discusión.

Diversos grupos ciudadanos, principalmente la Coalición de Organizaciones Ciudadanas por el Derecho al Agua (Comda), que desde hace dos años trabaja un proyecto de ley en ese mismo sentido, alertaron del riesgo de aprobar la iniciativa dictaminada, y llamaron a la ciudadanía a movilizarse para impedirlo.

La Comda advierte que esa ley abre la puerta a más contaminación, al permitir el uso de ríos como depósitos de químicos “siempre y cuando no rebasen la capacidad de asimilación”, sin reparar en que los residuos se acumulan en ecosistemas, suelos y cuerpos humanos, no sólo en el agua.

La mayor multa que enfrentaría un concesionario que contamine el agua sería de 3.5 millones de pesos, una cantidad mínima si se compara con los daños en grandes desastres, como el causado en 2014 en el Río Sonora por la minera Grupo México, cuyo costo ronda los 20 mil millones de pesos.

Uno de los principales peligros que advierten los críticos del proyecto de ley es la privatización del líquido, al mantener la posibilidad de concesionar acuíferos, al obligar a los sistemas de aguas municipales a buscar figuras de asociación público-privada y al abrir la puerta a los trasvases —el traslado de grandes volúmenes de agua de una región a otra— declarándolos como de “utilidad pública”, con lo que se posibilita que concesionarios privados, como las mineras, los adquieran.

De aprobarse esa ley, los conflictos por el agua se intensificarían.

A partir de ese 5 de marzo, miles de ciudadanos suscribieron su rechazo a la iniciativa, académicos se han pronunciado en su contra y rectores de varias universidades solicitaron un debate abierto, principalmente por la restricción del monitoreo para conocer los niveles de diversos compuestos en el agua, prevista en el artículo 262 de la ley.

En tanto, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) ha urgido a los legisladores a aprobar la iniciativa, aunque con ciertas modificaciones, y ha negado que se trate de una privatización del líquido.

El 10 de marzo, tres meses antes de las elecciones intermedias del 7 de junio, el coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones, anunció la postergación del debate. El diputado es padrino político de Claudia Pavlovich, candidata priista a la gubernatura de Sonora, donde el tema del agua ha causado gran polémica en los últimos años. El sonorense argumentó que había desinformación en torno al proyecto, y agregó: “su aprobación podrá ser en este periodo o en cualquier otro periodo, pero la ley general de aguas deberá existir en México”.

Los especialistas que alentaron que esta ley de debata públicamente antes de aprobarse advierten que el tema es de alto interés para el gobierno federal para poder instrumentar la reforma energética, que prevé la aplicación de métodos de extracción de hidrocarburos como el “fracking”, que requiere millones de litros de agua.

Por lo pronto, el Día Mundial del Agua fue celebrado en la Ciudad de México y otros puntos del país con festivales culturales cobijados bajo el lema “Agua para la vida, no para el lucro”.