Puerto Rico ante un largo proceso de quiebra que se demorará durante años

Puerto Rico afronta un largo proceso de quiebra tutelado por una jueza federal para una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares, el equivalente a 20.000 dólares por cada uno de sus habitantes, que se demorará en concluir años.

Expertos en quiebras estiman que estamos ante un proceso de años para ordenar una bancarrota que hace historia en Puerto Rico y que será tutelada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, nombrada hoy para el caso por el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts.

Rolando Emmanuelli, un abogado puertorriqueño especializado en quiebras y autor de un libro sobre la ley que servirá para que un tribunal tutele el proceso de bancarrota, señaló a EFE que uno de los datos más destacados del proceso es su duración, que calculó tomará 3 o 4 años en completarse.

El abogado dijo además que hay paralelismos en este caso con Grecia o Argentina, pero que en el de la isla hay que tener en cuenta que no se trata de un estado soberano.

“Hay similitudes si se buscan, pero Puerto Rico no controla su política monetaria y además no va haber rescate financiero”, asegura el autor de “Promesa”, un libro presentado esta semana que lleva el mismo nombre de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Promesa fue aprobado en junio de 2016 por el Congreso estadounidense para abordar el asunto de la deuda después de que las autoridades estadounidenses se negaran a acudir al rescate de Puerto Rico, cuyo gobernador en 2015, Alejandro García Padilla, declaró impagable la deuda, a lo que siguieron los primeros incumplimientos con los acreedores.

Esta semana, el Gobierno de Puerto Rico, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo con los acreedores tras meses de negociaciones, pidió a la Junta de Supervisión, una entidad establecida por Promesa que controla al Ejecutivo local, que apelara al título III de Promesa una vez que comenzaron las demandas tras terminar la moratoria que impedía a los acreedores reclamar impago ante los tribunales.

Emmanuelli explica que estamos ante un caso jurídicamente muy complicado que queda ahora en manos de un tribunal federal que tendrá que decidir sobre qué cantidades cobran los acreedores en función de las posibilidades financieras del Gobierno.

El abogado matiza que a pesar de que el Gobierno ha interpretado como un éxito, o al menos la mejor salida posible, el que se declare un proceso de quiebra la situación no es sencilla, ya que, por ejemplo, el juez que se encargue del caso podrá poner en marcha, en caso de que no haya liquidez, un proceso de liquidación de activos.

Eso significa que edificios, museos y cualquier tipo de instalación podría tasarse para ser vendidos, un panorama que, probablemente, apunta el abogado, el Gobierno no ha analizado todavía.

Además, estamos ante un proceso que puede durar años si se tiene en cuenta que en el caso de Detroit, mucho más sencillo y de una cantidad muy inferior, se cerró en 18 meses.

Eric LeCompte, experto en asuntos financiero y director de Jubilee Estados Unidos, coalición de grupos religiosos que defiende a los sectores sociales más vulnerables, sostuvo que lo positivo de acogerse a un proceso ordenado de quiebra bajo la tutela de un tribunal federal estriba en que en juez encargado tiene que tener en cuenta el bienestar de la población.

“El entrar en vigor el título de III de Promesa permitirá que los ciudadanos puedan recibir servicios mínimos que provee el Gobierno”, dijo LeCompte, para quien a diferencia de Argentina el proceso no se dilucidará en demandas, sino bajo la supervisión de un juez cuyas decisiones tendrán que acatar las dos partes.

Para LeCompte otro punto positivo es que este proceso que discurrirá con total transparencia, aunque dejó claro que habrá que esperar años para que concluya dada su complejidad.

El gigantesco endeudamiento de la isla tiene su origen en las millonarias emisiones de deuda del Gobierno de Puerto Rico, cuyos títulos eran muy apreciados por estar exentos de pago de impuesto sobre la renta en Estados Unidos, lo que provocó una elevada demanda por parte de los ahorradores estadounidenses.