Escándalo mella la buena imagen entre feministas e indígenas de Trudeau

Toronto (Canadá) —  La imagen del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como feminista comprometido con la reparación de las relaciones con las comunidades indígenas de Canadá ha quedado gravemente afectada por un creciente escándalo de tráfico de influencias que se ha saldado con la dimisión de una de sus ministras, Jody Wilson-Raybould.

Wilson-Raybould hizo historia en 2015 cuando fue nombrada por Trudeau como su ministra de Justicia, la primera mujer de origen aborigen que ocupaba la cartera, uno de los Ministerios más importantes e influyentes del país.

El nombramiento de Wilson-Raybould como ministra de Justicia fue interpretado por muchos como una muestra de que el compromiso de Trudeau con la igualdad de las mujeres y la reparación de las relaciones con las comunidades indígenas del país eran algo más que palabras.

Como señalaron hace tres días las académicas Joyce Green y Gina Starblanket en un artículo de opinión titulado “?Dónde está nuestro primer ministro feminista?”, “la elección en 2015 de Justin Trudeau fue bienvenida por muchos canadienses que estaban satisfechos con su retórica sobre un nuevo tono positivo en el Gobierno”.

Green y Starblanket añadían entre esos ejemplos, “la reconciliación con los indígenas, un Gobierno abierto y transparente, la moderación del poder de la Oficina del Primer Ministro y el desarrollo de principios feministas en la gobernación” y como el nombramiento de Wilson-Raybould fue “un símbolo”.

Pero de la misma forma, la destitución de Wilson-Raybould como ministra de Justicia el 14 de enero, según informaciones por negarse a ceder a las presiones de Trudeau para favorecer a la constructora SNC-Lavalin, una importante empresa del país, ha sido interpretada como una bofetada al feminismo y a los indígenas.

Especialmente después de que en un artículo publicado días después de su salida del Gobierno, fuentes del Partido Liberal de Trudeau justificaron su sustitución con frases que han sido interpretadas como sexistas y racistas.

Según las fuentes liberales, Wilson-Raybould “se había convertido en una espina clavada en el gabinete” y era difícil trabajar con la ya exministra y que “era conocida por reprender abiertamente a sus colegas y alguien a la que otros tenían problemas de confiar”.

Las palabras de las fuentes liberales fueron criticadas por políticos de la izquierda y derecha, incluidas diputadas del gobernante Partido Liberal.

La diputada liberal Celina Caesar-Chavannes señaló en Twitter que “cuando las mujeres hablan, siempre van a ser etiquetadas. Adelante. Etiqueten. No vamos a desaparecer”.

Entre la comunidad indígena, la reacción está siendo incluso más contundente en defensa de Wilson-Raybould y las críticas a Trudeau más demoledoras.

Uno de los jefes indígenas más importantes del país, Stewart Phillip, declaró “con gran certidumbre que esta decisión decepcionante y preocupante por parte del primer ministro ha resonado en todo el país”.

Phillip añadió: “Estamos tan orgullosa de ella (Wilson-Raybould). Y la decepción es enorme. No creo que haya muchas personas que apoyen a los liberales en la próxima elección federal”, que está prevista para octubre de este año.

Otra líder indígena, Cheryl Casimer, ha declarado que la salida de Wilson-Raybould del Gobierno “señala que el primer ministro ya no está comprometido a la reconciliación y a volver a forjar la relación de Canadá con los pueblos indígenas como una prioridad”.

Como un comentarista indígena señaló, supuestamente parece que para Trudeau es más importante la empresa SNC-Lavalin que las relaciones con los indígenas canadienses.

El escándalo estalló hace dos semanas cuando el periódico The Globe and Mail publicó un artículo que se ha convertido en una auténtica bomba informativa: Trudeau sustituyó a Wilson-Raybould porque ésta no aceptó presiones para ofrecer un trato preferencial a la compañía SNC-Lavalin, la empresa de ingeniería y construcción más importante del país.

SNC-Lavalin, que ha sido vetada por el Banco Mundial por pagar sobornos en países en desarrollo, está acusada en Canadá de pagos al régimen libio del fallecido líder Muamar el Gadafi y se enfrenta a una condena criminal que impediría que pueda participar en contratos públicos en Canadá.

Durante meses, SNC-Lavalin cabildeó para que la Fiscalía le ofrezca un acuerdo de enjuiciamiento diferido, que evitaría una condena criminal y le permitiría seguir participando en lucrativos contratos públicos en Canadá.

La Fiscalía canadiense se ha negado a ofrecer a SNC-Lavalin ese acuerdo lo que, según The Globe and Mail provocó la intervención de la Oficina del Primer Ministro ante Wilson-Raybould.

Trudeau ha negado cualquier presión sobre Wilson-Raybould. Pero la gestión de la crisis está poniendo en peligro la imagen del primer ministro que se define como feminista pocos meses antes de que convoque elecciones generales en el país.