¿El presidente ‘milenio’ de El Salvador es un reformador o un autócrata?

Los medios de comunicación en El Salvador rápidamente lo apodaron como el “9F”.

El 9 de febrero, el presidente Nayib Bukele entró en la Asamblea Legislativa flanqueado por docenas de policías y soldados armados con rifles de asalto y vestidos con chalecos antibalas y equipo antimotines.

La medida fue una táctica de presión para obtener la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para equipo policial y militar, que el presidente dice que es necesario para continuar con el combate de las pandillas que le ha ayudado a obtener índices de aprobación de más del 80%.

El presidente Nayib Bukele durante su intervención en la legislatura de San Salvador.

(Rodrigo Sura / European Press Agency)

Pero para los salvadoreños de más edad y gran parte de la clase política, el despliegue de fuerza desencadenó recuerdos de la guerra civil y suscitó el temor de que el país estuviera retrocediendo hacia el autoritarismo.

Las consecuencias del 9F han quitado el brillo a Bukele, de 38 años, que ganó la presidencia el año pasado en una aplastante victoria sobre una plataforma externa de lucha contra la corrupción, trascendiendo el partidismo político y restaurando la seguridad.

Su juventud, su afición a las gafas de sol y a las chaquetas de cuero y su agilidad en los medios sociales -tiene 1.3 millones de seguidores en Twitter- han contribuido a consolidar su imagen de reformador que podría ayudar a El Salvador a escapar de su pasado.

Bukele tenía apenas 10 años en 1992 cuando los acuerdos de paz pusieron fin oficialmente al conflicto que enfrentó a los sucesivos gobiernos respaldados por Estados Unidos con las guerrillas izquierdistas y que en 12 años se cobró más de 75.000 vidas.

“El Salvador ha pasado la página de la posguerra”, declaró tras su victoria electoral. “Y ahora podemos empezar a mirar hacia el futuro”.

Pero los críticos del presidente dicen que su imagen de hipster oculta una profunda intolerancia a la disidencia. Los detractores señalan lo que consideran un patrón de intimidación a los medios y a los críticos incluso antes del 9F.

La ocupación militar de la legislatura se considera la violación más grave hasta la fecha de los acuerdos de paz, que pedían un ejército no político y la separación de poderes entre las ramas del gobierno. Los legisladores de ambos lados del espectro político lo denunciaron como un intento de golpe de Estado.

“Ningún salvadoreño puede estar a favor de esto”, dijo Felissa Cristales, legisladora de la Alianza Republicana Nacionalista, o Arena, que se retiró de la sesión del 9 de febrero en protesta. “El Salvador es un país donde la democracia ha costado sangre”.

Pero las apelaciones que invocan la guerra pueden resonar cada vez menos aquí. Más de la mitad de la población de 6.5 millones de habitantes nació después de la guerra civil.

Entre las mayores preocupaciones está la violencia de las pandillas. El Salvador tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo.

La estrategia del presidente para combatir la anarquía se ha centrado en el despliegue de los militares y la aplicación de la ley.

“No queremos una guerra”, escribió el año pasado. “Sólo deseamos controlar el territorio para que todos los salvadoreños puedan vivir en paz”.

“Pero si atacan a la policía o a los soldados, este será el resultado”, añadió Bukele, mostrando una fotografía de los cuerpos de tres pandilleros muertos por la policía.

Se atribuye el mérito de la disminución de los homicidios, un proceso que en realidad empezó en 2015- y se presenta como un baluarte contra el crimen y los codiciosos legisladores.

“Lamentablemente, los políticos están más preocupados por proteger y financiar a los delincuentes, en lugar de proteger a los ciudadanos”, dijo Bukele a un grupo de reclutas de la policía.

Bukele ha afirmado que las tropas y la policía fueron desplegadas en la legislatura no para intimidar a los legisladores, sino para protegerlos de los manifestantes que pedían su destitución.

“Cualquiera que haya sugerido que estaba usando nuestras fuerzas de seguridad para otra cosa que no sea proteger la seguridad y la integridad de la Asamblea Nacional está informando mal la verdad”, declaró Bukele en una carta al Washington Post. “La separación de poderes no está en riesgo en mi país”.

Pero los críticos señalan que Bukele alentó a los manifestantes a converger en la legislatura.

Antes de entrar al Congreso, Bukele se dirigió a miles de sus partidarios afuera, denunciando a los legisladores como “desvergonzados” y “criminales” y proclamando que el pueblo tenía el derecho de “insurrección”.

Las tensiones en el interior se intensificaron rápidamente.

“Estuvo a punto de convertirse en un baño de sangre”, dijo el coronel retirado Carlos Rivas, un experto en asuntos militares cuyas fuentes informaron que algunos partidarios de la oposición estaban a punto de enfrentarse a los soldados y a la policía.

Los grupos internacionales de derechos humanos también expresaron su preocupación por la demostración de fuerza, al igual que el gobierno de Estados Unidos, que considera a Bukele un aliado cercano.

Los representantes de los dos partidos políticos que dominan desde hace tiempo en El Salvador -Arena a la derecha y el FMLN, o Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a la izquierda- dijeron que necesitaban más tiempo para estudiar la solicitud de préstamo y aplazar la toma de una decisión.

Mientras tanto, la Corte Suprema ordenó a Bukele que dejara de presionar a los legisladores para que aprobaran el préstamo, una decisión que dijo que obedecería, aliviando las tensiones.

Bukele, que es de herencia palestina, trabajó con su difunto padre, un prominente hombre de negocios, y dirigió una distribuidora de motocicletas antes de ser elegido alcalde de la pequeña ciudad de Nuevo Cuscatlán en 2012. Tres años después se presentó a la alcaldía de San Salvador, la capital, y ganó.

Entró en el cargo bajo el estandarte del FMLN, el partido de los antiguos guerrilleros. Pero en 2017, el partido lo destituyó por lo que llamó violaciones éticas, incluyendo el avivamiento de las divisiones.

Bukele calificó la expulsión como una venganza por sus críticas a la dirección del partido y se declaró independiente. Ganó la presidencia como candidato del partido de centroderecha Gran Alianza para la Unidad y ha continuado atacando a los dos partidos principales.

La semana pasada, Bukele públicamente excusó a los legisladores ante una delegación visitante del Banco Interamericano de Desarrollo, una fuente clave de financiación de proyectos en todo el hemisferio.

“Créanme”, dijo Bukeke a los banqueros, “si vivieran un día en El Salvador, prenderían fuego a todos los políticos juntos”.

Bukele ya no es un izquierdista, ha calificado al presidente Trump como “cool” (genial), firmó un acuerdo de inmigración con Washington condenado por los defensores de los derechos humanos y rompió relaciones diplomáticas con el gobierno socialista de Venezuela.

A pesar del persistente malestar por el 9F, Bukele sigue siendo una figura popular en las calles de la capital, especialmente entre los pobres y las clases trabajadoras. Muchos atribuyen a su administración la reducción de la violencia de las pandillas y la extorsión.

Una encuesta publicada el jueves por la Universidad Francisco Gavidia en San Salvador encontró que el 78.5% de los encuestados aprobaron las acciones de Bukele el 9 de febrero parcial o totalmente, mientras que el 21.4% lo desaprobaron.

“El presidente tenía razón al presionar a los legisladores, eso es muy importante”, dijo Oscar González, de 38 años, un vendedor ambulante que vende accesorios para teléfonos celulares en el centro de San Salvador. “Mira, donde estamos ahora, el Ejército está aquí, así que no tengo que pagar protección a los gángsteres. Puedo vender mis cosas sin problemas”.

El escritor McDonnell informó desde la Ciudad de México y el corresponsal especial Renderos desde San Salvador. La corresponsal especial Cecilia Sánchez de Ciudad de México contribuyó a este informe.

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