Violencia de género en Cuba: activistas piden ley integral

LA HABANA —  Sufrió gritos, insultos y prohibiciones durante siete años hasta que pudo ponerle fin a una relación de pareja que llegó a los extremos del maltrato. Aunque sabía que en Cuba había instituciones y programas que atienden casos de violencia de género, no acudió a ninguno.

“No es sólo que te den un puñetazo, la violencia es no hablarte, ignorarte, limitarte. Era un súper control horrible”, dijo a The Associated Press Diana, de 37 años, quien trabaja en un centro estatal. “No sé cómo fue que no pude salir de esto, huir, buscar una solución apropiada”.

En los últimos años, en buena parte gracias al creciente activismo femenino, se hizo más visible en Cuba la violencia de género.

Las autoridades sostienen que un reciente Código de las Familias y el nuevo Código Penal es suficiente para combatir este flagelo, pero las activistas quieren ir más allá: están presionando al Parlamento y en campañas de redes sociales por una ley integral que proteja a las mujeres y construya la confianza suficiente para que denuncien a sus victimarios.

“La violencia de género es estructural y sistémica, por tanto, la respuesta debe ser de igual alcance, no quedarse sólo en los estancos de lo familiar o penal”, comentaron en un cuestionario enviado a AP las representantes de YoSiTeCreo, una plataforma local de internet que apoya a las víctimas y tiene una fuerte presencia en las redes sociales que proliferaron en la isla con la llegada del servicio de datos móviles en 2018.

Entre las décadas de 1960 y 1990 la isla estuvo a la vanguardia de los derechos de las mujeres: podían divorciarse cuando otras en el continente no, tenían la patria potestad compartida de sus hijos y se incorporaron a la educación superior y al mercado laboral masivamente tras la revolución de 1959. También se cuidó de que tuvieran paridad salarial con los hombres, se estableció una licencia por maternidad paga por un año y se aprobó en 1961 el aborto legal y gratuito, entre otras medidas.

Pero la violencia de género quedó oculta en el ámbito privado y casi sin reflejo en la jurisprudencia como en muchas otras latitudes, mientras los movimientos de mujeres en los países de la región avanzaban en la protección de sus derechos y la obtención de sus reivindicaciones.

Las cifras de violencia de género en Cuba son parciales o desactualizadas.

Todavía se utiliza como dato oficial la Encuesta Nacional de Género de 2016 dada a conocer en 2019 y según la cual el 26,6% de las cubanas -de un total de cinco millones- fueron víctimas de algún tipo de ataque a manos de sus parejas pero sólo el 3,7% buscó ayuda.

La tasa de muerte de mujeres a manos de sus compañero sentimentales -porque en la ley no existe la figura del feminicidio y es un agravante del homicidio- alcanzó en ese momento 0,99 por cada 100.000 mujeres, unas 50 muertes anuales.

YoSiTeCreo contabilizó 32 feminicidios en 2020, 35 en el año anterior y 32 en lo que va de este entre los que se cuentan dos asesinatos “vicarios”, cuando el agresor también ataca a otros -por lo general a los hijos- para dañar a la mujer.

Durante los primeros años de la revolución el maltrato doméstico fue un tema tabú para muchos dirigentes cubanos, que lo consideraban contraproducente para la imagen de sociedad nueva y con justicia social que se buscaba construir.

Sin embargo, en los últimos años desde el Estado y la Federación de Mujeres de Cuba -una organización ligada al gobierno- se incrementaron las acciones para combatir la violencia de género: se instalaron más de 150 centros de atención con consejerías especializadas, se creó un servicio de orientación jurídica, se habilitó una línea telefónica y en marzo de 2021 se puso en marcha el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, una suerte de hoja de ruta oficial para empoderar y propiciar el liderazgo femenino.

Programas de televisión, campañas con carteles callejeros, paneles televisivos y publicaciones en las redes sociales se sumaron para darle mayor visibilidad a la violencia de género.

Pero Diana -quien pidió no revelar su apellido por temor a su integridad- y otras mujeres con las cuales habló AP expresaron sus dudas sobre el alcance de estas iniciativas públicas para contener a las víctimas.

“La desconfianza que tienen las mujeres en Cuba guarda relación -por ejemplo- con el propio actuar policial. No encuentran al momento de formular la denuncia el amparo que se requiere. Muchas son victimizadas”, explicó a AP la activista y emprendedora Deyni Terry.

A veces los uniformados se niegan a tomar la denuncia y cuando lo hacen llaman a declarar al abusador o hacen un careo con la mujer. Tampoco faltan los comentarios suspicaces o el descreimiento y una vez que logran presentar el expediente judicial las mujeres no tienen otra alternativa que regresar con sus hijos al mismo hogar del atacante.

Diana es un ejemplo de la denuncia que nunca se hace. Cuando se le preguntó por qué no había pedido una orden de alejamiento de su expareja respondió casi llorando “¿y eso funciona aquí? He pensado en esa solución, pero supuestamente adónde va a estar... esta persona (la víctima) cuando no tiene adónde vivir”.

Para las activistas la solución estaría en una ley integral que contemple la prevención, sanción y asistencia real a las víctimas.

A fines de noviembre de 2019 decenas de mujeres presentaron una solicitud en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento, en la que pidieron incluir en el cronograma legislativo -que se extiende hasta 2028- el tratamiento de una norma específica.

La demanda a los legisladores sugería tres objetivos: la creación de una comisión redactora formada por especialistas, recibir propuestas ciudadanas y finalmente aprobar la Ley Integral que, por ejemplo, contemplara la creación de refugios para las víctimas y sus hijos o un protocolo de manejo de los casos.

En enero se les informó que no se contemplaba trabajar en una normativa específica.

En tanto, en septiembre pasado entró en vigor un amplio Código de las Familias y en diciembre lo hará el Código Penal. Ambos textos tienen un mayor enfoque de género que sus precedentes, explicaron los expertos.

“Lo que recoge el Código es el resultado de las denuncias, de las investigaciones”, explicó a AP la abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Ana María Álvarez-Tabío. “No basta con decir que nos disgusta la violencia, que repudiamos la violencia... si eso después no tiene una consecuencia efectiva. Eso era (en el viejo Código) lo que no sucedía”.

Según el nuevo Código las personas con conductas violentas probadas tendrán comunicación limitada con sus hijos, no podrán ser tutores o adoptar y pueden perder bienes en caso de divorcio o viudez, entre otras sanciones.

Por su parte, el nuevo Código Penal establece que cualquier delito que tenga como agravante la violencia de género puede sumar a la pena un tercio más de la condena máxima prevista.

“No sería ocioso tener una ley general contra la violencia de género”, concluyó Álvarez-Tabío, para quien, entre tanto, los nuevos Códigos son instrumentos adecuados para sancionar la violencia de género.

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Andrea Rodríguez está en Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP