Human Rights Watch documenta violaciones de derechos humanos de menores en El Salvador

Human Rights Watch presentó el martes un informe en el que documentó violaciones de los derechos humanos de menores de edad arrestados durante el estado de emergencia en El Salvador, que otorga al presidente Nayib Bukele poderes extraordinarios para combatir a las pandillas.

El documento de 114 páginas detalla casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de menores detenidos en el marco de la política de mano dura del gobierno contra las pandillas, arraigadas por más de tres décadas en barrios y comunidades pobres.

Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, explicó en conferencia de prensa que el régimen de excepción provocó un aumento sin precedentes de la detención y condena de menores de edad.

En la investigación realizada entre junio de 2023 y julio de 2024 Human Rights Watch documentó 66 casos de menores que fueron víctimas de abusos como detención arbitraria, tortura, malos tratos y acoso policial.

“Estos 66 son apenas una muestra de lo que ocurre con los más de 3.000 niños, niñas y adolescentes que están y han sido detenidos en el país y los más de 800 que siguen presos en los centros de detención juvenil”, señaló Papier.

Agregó que “los casos de torturas existen, la evidencia está clara y con mucho gusto la ponemos a disposición del Comisionado (presidencial de los Derechos Humanos el colombiano Andrés Guzmán Caballero) para que, en lugar de negar los hechos, ojalá el gobierno se encargue de prevenirlos, evitar que vuelvan a ocurrir y de investigar a los responsables”.

El informe de la organización internacional indica que los detenidos, a los que las autoridades vinculan con las pandillas, han sido sometidos a condiciones deplorables de detención que han incluido, en ocasiones, hacinamiento y falta de alimentación y atención médica adecuados, así como contacto con abogados y familiares.

Agrega que, en varios casos, los menores han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su arresto y que “muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso”.

El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.

Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.

Las reformas al Código Penal también imponen penas de 10 años como mínimo a los que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen entre 16 y 18 años la pena es de 20 años de prisión.

Desde que el Congreso aprobó el régimen de excepción, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 81.110 personas, incluidos 3.000 menores. Más de 1.000 menores han sido condenados a penas que van desde los dos a los 12 años de prisión, “a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”, agregó el informe.

Human Rights Watch aseguró que “en muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura”.

Ante“ las graves violaciones de derechos humanos” Human Rights Watch sugirió que “los gobiernos de Estados Unidos, América Latina y los Estados miembros de la Unión Europea deberían aumentar la atención internacional sobre la situación en El Salvador”

Y agregó que los gobiernos y las instituciones financieras internacionales “deberían suspender todo tipo de préstamos o donaciones existentes a las instituciones gubernamentales presuntamente involucradas de manera creíble en abusos” incluidas la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas y el sistema penitenciario.