Fiscal denuncia por segunda vez ante Congreso a presidenta de Perú por asesinatos en protestas

El fiscal general de Perú denunció el martes por segunda vez ante el Parlamento a la presidenta Dina Boluarte para que al fin de su mandato en 2026 sea juzgada por los asesinatos y lesiones ocurridos durante las protestas en su contra al inicio de su gestión .

En un comunicado el Ministerio Público indicó que el fiscal general Juan Villena presentó la nueva denuncia contra Boluarte y seis exministros, entre ellos dos exprimeros ministros y otros exsecretarios de Defensa e Interior. Todos fueron denunciados como presuntos autores del delito de asesinato “a título de comisión por omisión-dolo eventual en el contexto de graves violaciones de derechos humanos”.

En la misma denuncia también se incriminó a la mandataria y exministros por lesiones graves y leves. Otra denuncia constitucional presentada por la fiscalía en noviembre de 2023 contra la mandataria —por el presunto asesinato de cinco manifestantes y las lesiones de otro ciudadano— fue archivada a mediados de julio por un comité del Congreso que tramita las acusaciones a funcionarios de alto rango.

En esta nueva denuncia la mandataria y los seis exministros son denunciados como responsables de las muertes de 44 manifestantes y de las heridas que sufrieron 116 ciudadanos. Según la fiscalía 41 murieron por proyectil de arma de fuego y otros tres por golpes con un objeto contundente. Asimismo se precisa que 78 fueron heridos con proyectiles de armas de fuego, 27 quedaron lesionados por golpes con objetos contundentes, seis por bombas lacrimógenas y cinco por otros objetos.

Poco antes la fiscalía archivó otra investigación contra la mandataria por el delito de genocidio, que fue iniciada por otra fiscal general en 2023. El código penal castiga el genocidio con una pena de cárcel no menor de 20 años y lo califica como la matanza de personas “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso”.

La fiscalía indicó que existen 303 carpetas fiscales donde se investiga a 824 personas por la presunta comisión de delitos de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, atentado contra medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios y daños a propiedad pública y privada.

También existen investigaciones por la muerte de un policía y seis soldados durante las manifestaciones.

Boluarte es investigada por la fiscalía desde inicios de 2023 luego de que se iniciaron las protestas que exigían su renuncia poco después del inicio de su gestión el 7 de diciembre de 2022.

La mandataria asumió después de que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, quien poco antes había intentado cerrar el Parlamento. Boluarte era su vicepresidenta.

Los manifestantes —en su mayoría indígenas del sur de los Andes que habían votado abrumadoramente por Castillo— exigieron la renuncia de Boluarte, quien se había comprometido a renunciar si Castillo era removido por el Congreso. Al final Castillo fue encarcelado y la justicia ordenó su prisión preventiva por tres años mientras es investigado por los delitos de rebelión y corrupción.

Informes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron en que las fuerzas de seguridad violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones que se extendieron hasta marzo de 2023.