Estancadas las negociaciones en el valle de San Quintín

Un oficial de policía mexicano ordena a los trabajadores en huelga a mantenerse fuera de la autopista Transpeninsular. (Don Bartletti / Los Ángeles Times)

ENSENADA.- Durante la última semana, los trabajadores agrícolas en huelga en Baja California, han dejado al garete la cosecha de invierno que está en su apogeo.

Mientras las cosechas se pudren, y los trabajadores continuan manifestandose en las calles, la policía y el ejército se mantienen a la expectativa, provocando una fuerte tension en la region.

Las negociaciones entre los líderes laborales y los patrones fracasaron el pasado miércoles, luego de que las partes no llegaron a un acuerdo en materia de compensacion salarial.

En juego se encuentra unas de las más grandes cosechas de México, contituida por millones de toneladas de bayas, tomates y pepinos que son exportados a los Estados Unidos. Ya se ha empezado a reportar escasez de algunos productos. Mientras tanto, la policía arrestó a más de 200 personas luego de las protestas de la semana pasada derivaron en motines, lanzamientos de piedras y vandalismo.

En preparación para nuevos disturbios, los propietarios de negocios protegieron tiendas y restaurantes en San Quintín y pueblos cercanos, y más de 1000 policías y soldados mantuvieron su presencia en toda la region.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México envió observadores después que los manifestantes se quejaron de arrestos ilegales y maltrato policiaco.

La huelga llega un mes después de que el sector agrícola de México estableció una alianza con los grupos de la industria del campo, enfocada al mejoramiento de la vida de los trabajadores agricolas.

La Alianza Internacional de Productores para promover una industria socialmente responsable, fue formada después que Los Angeles Times publicara “Producto de México”, documentando abusos en el trabajo en las granjas de exportación mexicanas.

Enrique Martínez y Martínez, Secretario de Agricultura de México, dijo en febrero que el grupo trabajaría para garantizar a los trabajadores el acceso a una vivienda digna y al cuidado de la salud, tanto como a salarios y beneficios en cumplimiento de la ley federal. Pero la carencia de soluciones específicas ha levantado dudas entre algunos grupos de derechos humanos y sindicatos de trabajadores.

El Consejo de agricultura de Baja California, que forma parte de la alianza nacional y que representa a los productores de la region, escapó casi por completo a la atención de los medios durante la primera semana de las negociaciones. Esas pláticas se enfocaron principalmente en la amenaza de rompimiento de los trabajadores agrícolas con los sindicatos, a los que acusan de favorecer a los intereses de los agronegocios por encima de los de los campesinos.

Ese exitoso esfuerzo – una rareza en los anales del trabajo agrícola en granjas mexicanas – abrió las puertas a la sesión cara a cara programada para el miércoles pasado.

El abogado del consejo, Alberto Muñoz, desilusionó a los líderes del trabajo después que los tuvo esperando en varias reuniones y no tuvo una respuesta inmediata a sus demandas.

“Estamos pidiendo más tiempo para trabajar con cada agronegocio, explicándoles cada punto de las negociaciones” se excusó Muñoz ante los reporteros el viernes pasado. “Queremos una propuesta uniforme de la que todos los agronegocios formen parte”.

Los líderes de los trabajadores replicaron diciendo que era una táctica dilatoria.

“En este momento (la alianza) constituye una táctica de relaciones públicas” declaró Erik Nicholson, vice presidente de la Trabajadores Agrícolas Unidos de América, cuyos representantes están aconsejando a los líderes de los trabajadores en San Quintín. “Ellos fallaron en el primer episodio. Nosotros no hemos visto ni oído nada de ellos llamando a sus compañeros en Baja California a cumplir con la ley”.

Los representantes de la alianza de productores no devolvieron las llamadas que se les hicieron buscando sus comentarios. Sigue en duda hasta qué punto la alianza coordina a sus miembros en la región.

Los líderes laborales dicen que los productores no han dado aumentos en varios años, se rehúsan a pagar tiempo extra y los beneficios requeridos en la ley, y permiten a los capataces hostigar sexualmente a las trabajadoras. Ellos están pidiendo a los agronegocios triplicar los salarios , actualmente de $10 al día, y el cumplimiento de todas las leyes del trabajo.

Tambien piden que las autoridades liberen a docenas de trabajdores que permanecen en la cárcel desde la semana pasada. Su supuesto maltrato incitó a la comisión de Derechos Humanos de México a abrir una investigación el lunes pasado.

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