¿Quién tiene el verdadero control de las cárceles en México?

Falta de infraestructura, equipo tecnológico y custodios capacitados; corrupción y sobrepoblación. Con la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán se evidencia, una vez más, que todos estos vicios dejan los penales bajo control de sus reos.

Desde la fuga de Kaplan de Santa Martha Acatitla —18 de agosto de 1971— cuando un helicóptero aterrizó en un patio del penal para que el estadounidense Joel David Kaplan y el mexicano Carlos Contreras subieran a la aeronave y se fugaran, ninguna evasión en México había sido tan comentada como la de El Chapo.

En 1971, Kaplan puso en vergüenza al gobierno mexicano, exhibió descontrol, corrupción, obsolescencia de equipos e instalaciones en el sistema penal. En 2015, El Chapo evidenció los mismos vicios y carencias.

Con más de 40 años de diferencia, ambas fugas dejaron en claro que los reclusorios en México operan bajo el control de sus prisioneros.

Galimatías carcelario

Desde el arranque del sexenio, la administración de Enrique Peña Nieto reconoció que el sistema penitenciario ha fallado en su función de evitar que algunos internos continúen delinquiendo, según lo expresó en su Plan Nacional de Seguridad Pública 2014-2018.

“Existen redes delictivas que operan desde los centros penitenciarios y victimizan a la sociedad a través de la extorsión telefónica y otras acciones. De la misma manera, el registro de incidentes como fugas y riñas en centros penitenciarios locales, los cuales se duplicaron en los últimos dos años, da cuenta de la falta de capacitación y control del personal penitenciario para hacer frente a estas problemáticas”, indica el documento.

Lo diagnosticaron, pero no hicieron nada al respecto. Incluso, el caos carcelario no fue incluido por el presidente en el decálogo que presentó en diciembre de 2014, cuando a raíz del caso Iguala comprometió 10 acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de derecho.

En la actualidad, el sistema es un galimatías en el que convergen, sin coordinación, autoridades federales, estatales y municipales.

Según el cuaderno de información estadística penitenciaria nacional de junio 2015, la Comisión Nacional de Seguridad reporta en operación 388 centros carcelarios: 17 federales, 285 estatales, 12 del Distrito Federal y 74 municipales.

De los 17 centros federales, 14 son de Máxima Seguridad (Ceferesos), y tres de seguridad media: el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepresi), ubicado en Morelos; el complejo Islas Marías y el Centro Federal Femenil Noreste, en Nayarit.

Los centros estatales y municipales son de seguridad media y baja, aunque todos tienen la facultad de instaurar pabellones o áreas de alta seguridad.

En abril de 2011 se pretendió dar orden al sistema penitenciario. El ex presidente Felipe Calderón envió al Congreso la iniciativa de Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, que fue aprobada por los diputados un año después y detenida por el Senado. La Secretaría de Hacienda dijo a los senadores que no habría recursos suficientes para su implementación y la ley quedó congelada.

El ordenamiento era parte de la reforma al sistema penal de 2008, la cual estableció un plazo de ocho años para su implementación, por lo que debería estar operando en junio de 2016.

Hoy, la Comisión de Justicia del Senado trabaja en un nuevo dictamen para reformar la ley.

La académica Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), considera que la complejidad del sistema y la desatención al mismo quedaron expuestos con la evasión de El Chapo.

“La fuga nos alerta de muchas cuestiones que se han dejado pasar. El sistema penitenciario siempre es relegado, menospreciado y no se ve como una prioridad en los temas de seguridad. Mientras no resolvamos los problemas que existen en las cárceles, no vamos a resolver los problemas de seguridad, porque la mayor parte de la gente que entra a prisión sale y regresa a la sociedad con mayores daños, y termina por arraigarse el delito, a las personas, en una carrera delictiva”, explica.

Sobrepoblación y corrupción

Además de la multiplicidad de penales y la falta de una ley general, la sobrepoblación impide el correcto funcionamiento del sistema.

El cuaderno elaborado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social reconoce que tiene capacidad para alojar a 202,896 presos, pero reporta una población de 255,138 reos. La sobrepoblación en este momento asciende a 52,242 internos.

De los 388 penales, 212 de ellos tienen sobrepoblación. Tan solo el DF y el Estado de México tienen un excedente de 30,630 reos.

En esos 212 centros sobrepoblados, 150 tienen excedente de reos del fuero federal y 62 por población del fuero común.

El desequilibrio se ha mantenido por décadas. Por ejemplo, de 2005 a 2015, la infraestructura penal creció de 159,000 espacios a casi 203,000, pero la población penitenciaria se incrementó de 205,000 a 255,000; es decir, la sobrepoblación pasó de 46,000 a 52,000.

Adicionalmente, el reparto poblacional penitenciario no es equilibrado, mientras que hay estados con sobrepoblación del 62.7 por ciento, como el DF, entidades como Michoacán tienen disponibles 3,453 lugares, 35.7 por ciento. La suma total de espacios en cárceles subutilizadas es de 14,709.

La ingobernabilidad en los penales tiene que ver con la cantidad de presos que no deberían estar ahí. En mayo, la Comisión Nacional de Seguridad informó que el 42 por ciento de las personas encarcelaras no tenían sentencia condenatoria.

En abril pasado, Azaola presentó el estudio Situación de las prisiones en México y América Latina, en el que concluye que el sistema penitenciario no está bajo control de las autoridades.

“Hay ciertas cárceles en México que están en manos de ciertos grupos delictivos y en esas cárceles hay zonas que están en manos de otro grupo delictivo”, indica.

La investigadora destaca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido que el 65 por ciento de las cárceles no está bajo control del gobierno, sino de los reos.

Y encuentra una explicación al hecho de que los custodios dejen que los delincuentes controlen sus prisiones: “se prestan a traicionar a la institución porque ellos sienten que la institución les ha fallado en cuanto a condiciones de vida indignas. No es sólo un tema de salarios: es el salario, la falta de capacitación, el desinterés que las instituciones tienen hacia todos estos trabajadores”.

En medio del descontrol, cada mes se registran en promedio 200 incidencias en todo el sistema. En junio pasado, por ejemplo, se registraron 186: 93 riñas, 42 agresiones a terceros, 26 decesos, 14 autoagresiones, 5 huelgas de hambre, 2 intentos de suicidio, 1 intento de fuga, 1 fuga, 1 homicidio y 1 suicidio.

Azaola señala que los gobiernos no le dan continuidad a los programas, y recomienda mejorar la infraestructura penitenciaria.

En 2008, la administración de Calderón lanzó el proyecto de crear ocho nuevos centros penitenciarios federales con una inversión de 32,800 millones de pesos. Dos de ellos comenzaron a construirse, a partir de penales estatales en desuso, pero siete años después, sólo uno está en operación, en Guasave, Sinaloa. El otro, ubicado en Papantla, Veracruz, está casi terminado, pero no opera.

En 2010, se presentó otra estrategia: adjudicar Contratos de Prestación de Servicios (CPS) para que empresas privadas edificaran ocho penales y los operaran a cambio de una contraprestación por 20 años. Ese proyecto incrementaría en 20,000 los espacios carcelarios. De los ocho penales planteados, sólo cuatro aparecen en el listado de centros federales que están operando, los Ceferesos 11 al 14.

La CNDH, en un reporte de junio de 2013, señala que los Ceferesos bajo la modalidad CPS son costosos y reproducen los mismos vicios del sistema penitenciario.

Azaola recomienda que se analice todo el sistema y no sólo se tome en cuenta la fuga de El Chapo, pues si se parte de esa fuga las estrategias se concentrarán en mayor vigilancia y no en reformar el sistema penitenciario para el 99.99 por ciento de los otros reos en reclusión.

Despresurización, tecnología y capacitación

La idea de crear más centros penitenciarios, desarrollada durante el sexenio de Calderón por iniciativa de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, es equivocada, coinciden dos arquitectos especialistas en diseño y construcción de prisiones.

El arquitecto José Francisco Reygadas explica que si se tiene una carencia de 50 mil espacios, se requerirían 25 penales más con capacidad para 2,000 personas y si cada penal tiene un costo de 4 o 5,000 millones de pesos se requieren 125,000 millones, cantidad que coincide, por ejemplo, con el recorte que anunció Hacienda para toda la administración pública federal durante 2015.

La opción para Reygadas es mejorar el sistema con tecnología, no abandonar las cárceles y no dejar en prisión a los delincuentes menores o que llegan por pobreza.

Según sus estimaciones, el 83 por ciento de los reclusos en México no deberían estar en prisión; llegan por pobreza, ignorancia o malos procesos judiciales.

Juan Kaye, ex presidente del Colegio de Arquitectos, explica que el sistema debe enfocarse en reducir la población carcelaria, formar personal capacitado y pensar en la reinserción; no en construir más cárceles.

Kaye advierte, además, que el país no cuenta con un sistema de formación que proporcione suficientes custodios profesionales.

“Si se requiere un custodio por cada 10 internos para una población de casi 260 mil internos, se requerirían 26 mil por cada turno; es decir, serían 78, custodios para tres turnos. Dígame qué escuela le va a producir 78,000 custodios”, cuestiona.