Analizan situación de soldados mexicanos implicados en matanza de civiles

El Supremo Tribunal Militar de México debe resolver en breve la apelación presentada por la fiscalía castrense contra la absolución de seis de los siete implicados en la muerte de 22 civiles en junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, dijo hoy a Efe el abogado Juan Velázquez.

Velázquez, asesor de la defensa de los militares, precisó que el recurso de apelación fue presentado unos días después de la sentencia emitida por un tribunal castrense en octubre pasado, y estimó que “probablemente ya no tarde mucho” su resolución.

El organismo no gubernamental Centro Prodh que ejerce la representación legal de Clara Gómez, una de las sobrevivientes de la masacre reveló el miércoles que el Juzgado Sexto Militar absolvió a seis soldados del delito de infracciones de deberes militares.

En tanto, el oficial al mando de la unidad involucrada en la matanza registrada en una bodega de Tlatlaya, en el central Estado de México, fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia, una pena que ya fue cumplida porque fue detenido a finales de septiembre de 2014.

El letrado explicó que el oficial tenía una mayor responsabilidad que los miembros de la tropa que participaron en los hechos y por ello fue condenado a un año de cárcel.
Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares.

Sin embargo, dicha esa versión fue desmentida por una de las tres sobrevivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de los militares y su procesamiento en los fueros civil y castrense.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), 14 personas murieron en el enfrentamiento y las ocho restantes, algunas heridas, fueron asesinadas por los militares, cifra esta última que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estimó en 15.

El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, dijo a Efe que la sentencia emitida en el fuero militar, si bien es de primera instancia, es preocupante porque hace un análisis jurídico que establece que los soldados “únicamente repelieron una agresión”.

La defensa “obviamente va a usar esta sentencia” en el proceso abierto contra tres de los militares incluido el oficial por homicidio en el un tribunal civil.

Aguirre criticó, además, que la Secretaría de la Defensa (Sedena) “no se haya sentido en la obligación de informar a la opinión pública sobre el resultado del juzgamiento de uno de los hechos más graves de violaciones a derechos humanos recientes”.

“La Sedena no informó sobre la existencia de esta resolución, ni tampoco lo hizo Juan Velázquez, ni ninguno de los abogados de los militares”, afirmó.

No obstante, una fuente de la Sedena consultada hoy por Efe insistió en que “hasta el momento” la institución no tiene información en torno al caso.

El Centro Prodh no tuvo conocimiento del fallo militar hasta que en días recientes un recurso de amparo le permitió tener acceso a los expedientes, explicó Aguirre al aludir a los señalamientos de Velázquez en relación a que la sentencia no es nueva.

Y es que Gómez, madre de una menor de edad que murió en la bodega, “no es cabalmente reconocida como víctima debido a que su hija no hace parte del grupo de civiles” asesinados, a pesar de que su testimonio es “fundamental para que la PGR pudiera presentar cargos contra algunos militares”, apuntó Aguirre.

El juez civil que lleva el caso ordenó en octubre pasado la libertad de cuatro militares por falta de pruebas que demostraran su participación en las ejecuciones extrajudiciales, pero la fiscalía apeló de inmediato la decisión.

“Hasta donde entiendo esa apelación de la PGR (...) ya se resolvió confirmando la libertad”, dijo hoy Velázquez.