Pueblos mexicanos fronterizos viven crisis económica por política migratoria

Los comerciantes de poblados mexicanos cercanos a la frontera con Arizona, que dependen en gran medida del cruce de inmigrantes indocumentados, reportan un descenso en sus ventas, lo que atribuyen a la política migratoria del presidente Donald Trump.

La población de Altar, en Sonora (México), conocida como la “última parada” entre los inmigrantes mexicanos y centroamericanos que buscan cruzar la frontera a través del desierto de Arizona, vive en sus carnes esta crisis económica.

Por años, la economía de esta población ubicada al oeste de la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona, ha dependido en gran parte del flujo de inmigrantes indocumentados que tomaban el pueblo como lugar de abastecimiento, descanso o preparación antes de emprender el viaje hacia el norte.

“Esto antes estaba lleno, no nos dábamos abasto, camionetas llenas de gente llegaban aquí todos los días, ahora raramente vemos de 10 a 15 personas cada dos días”, confesó a Efe Rodolfo Huerta, un comerciante en Altar.

La pequeña población, con aproximadamente 700 habitantes de acuerdo al último censo del 2010, cuenta con múltiples negocios, todos ellos con el único propósito de cumplir con las necesidades que tienen los inmigrantes indocumentados para “cruzar al otro lado”.

Huerta, quien tiene un negocio de teléfonos móviles prepagados, aseguró que desde que el Donald Trump juramentó como nuevo presidente de los Estados Unidos, sus ventas y las de sus vecinos comerciantes van de “caída” permanente.

“Este mes calculo que vendimos un 25 por ciento menos que el mes pasado, pero si lo comparamos con otros años, creo que las ventas han bajado hasta en un 60 por ciento”, declaró.

También, una de sus hermanas tiene un negocio en la plaza pública del poblado donde los inmigrantes pueden comprar desde ropa de camuflaje hasta mochilas, comida enlatada, y sobre todo galones de agua -pintadas de negro para evitar ser detectados por “la migra”- para soportar la caminata por el desierto de Arizona.

Pese a la importancia de su mercancía para los indocumentados, “sus ventas también están bajando. En los últimos dos días, solamente ha tenido un cliente”, dijo Huerta.

La población de Altar es también conocida por los inmigrantes indocumentados como el “punto de contacto” donde pueden contratar los servicios de traficantes de humanos, mejor conocidos como “coyotes” para cruzar hacia Estados Unidos.

No obstante, las noticias que están llegando a la población no son nada alentadoras. Las duras medidas migratorias anunciadas por el presidente Trump quien prometió incrementar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza o la construcción de un muro con México los preocupa mucho, igual que el incremento en el número de personas que diariamente están siendo deportadas.

De acuerdo con las más recientes cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el pasado mes de enero se arrestó a un total de 18.762 inmigrantes indocumentados a lo largo de la frontera con México, un número bajo si se compara con las 31.578 detenciones reportadas en enero.

La administración atribuye el descenso a las nuevas directrices migratorias de la Administración Trump, que entre otras cosas eliminó la práctica de “detener y liberar”, ordenando procesar a cualquier persona detenida en la frontera y preparar su deportación.

Otras ciudades mexicanas en la frontera con Nogales también están reportando un descenso en la presencia de “nuevos” inmigrantes.

“Generalmente estamos viendo más gente que está siendo deportada y buscan ayuda para regresar a sus ciudades de origen”, indicó Guadalupe Ruiz, comerciante del pueblo quien asegura que sus ventas han bajado en un 15 por ciento comparado con meses atrás.

A diferencia de Altar, la ciudad de Nogales depende en gran parte de los visitante procedentes de Estados Unidos, tanto residentes legales como ciudadanos estadounidenses que cruzan la frontera para hacer sus compras, algo que también ha disminuido desde la llegada de Trump a la presidencia.

“Hay gente en Arizona que aunque tienen la “mica” para vivir, legalmente, no quieren salir por miedo a que no los vallan a dejar regresar”, dijo Ruiz.