La impunidad es la regla en los asesinatos de periodistas en México

El 30 de mayo de 1984 Manuel Buendía, el columnista más influyente de México en esos años, salía de un estacionamiento en una céntrica calle de la Ciudad de México cuando un individuo se le acercó, le levantó la gabardina y a quemarropa le disparó cuatro balazos.

Después de haber seguido de noche y de día al autor de la columna Red Privada, que publicaba en el periódico Excélsior, el autor intelectual del asesinato decidió ése día, que las horas del periodista estaban contadas.

Con el tiempo se supo que el autor del crimen era nada más y nada menos que José Antonio Zorrilla Pérez, quien tenía a su cargo la siniestra y hoy desaparecida, Dirección Federal de Seguridad. Pasaron cinco años para que se supiera que el móvil del asesinato era que Buendía había descubierto los nexos de Zorrilla con el narcotráfico.

El asesinato de Manuel Buendía es un parteaguas en la historia del periodismo en México, porque si bien en ese caso en particular las autoridades no dejaron el crimen sin castigo, en los años siguientes, la impunidad se convirtió en la regla de oro en los casos de periodistas asesinados.

Entre el año 2000 y mayo del 2017, la página Wikipedia detalla el nombre y el medio para el que trabajaban 200 periodistas que han sido asesinados en México en ese período, la mayoría de ellos a partir del 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, declaró su guerra contra narcotráfico.

La característica común en estos crímenes, es que como en el caso de Manuel Buendía, nadie sabe a ciencia cierta quien es el culpable: los carteles de la droga, o las autoridades, o ambos, porque se encuentran en contubernio.

Tal es el caso de la muerte de Moisés Sánchez, quien fuera editor del semanario La Unión de Medellín, Veracruz. Un grupo armado lo secuestro el 2 de enero del 2015 y posteriormente lo asesinó.

Por este homicidio, el pasado 15 de abril el portal Animal Político, asegura que “hay cuatro personas que recibieron formal prisión, pero ninguno ha sido sentenciado a la fecha. Además, el exalcalde de Medellín, Omar Cruz, presunto autor intelectual del asesinato según la Fiscalía, sigue libre y prófugo más de 700 días después del suceso”.

De acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016 se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas. De esas, 47 fueron por asesinato.

Cuestionada a través de una solicitud de transparencia de información, la FEADLE informó que solo tiene registro de tres sentencias condenatorias: una, en el año 2012; y otras dos en 2016. En otras palabras, el 99.7 % de las agresiones quedaron sin castigo alguno.

“Vamos a trabajar”

Por eso, tras el asesinato de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, la declaración del presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 4 de mayo, sonó hueca y demagógica.

Ante una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) el presidente mexicano se comprometió a que la seguridad y la protección de los periodistas sean una de sus prioridades en lo que resta de su mandato que concluye el año entrante.

La delegación del CPJ que se reunió con el presidente, estuvo en México para dar a conocer el informe “Sin excusas”, en el que se hace un llamado al gobierno encabezado por Peña Nieto, para que tome medidas que permitan romper el ciclo de impunidad que afecta a la prensa mexicana.

De acuerdo a esa organización no gubernamental, Veracruz es una de las regiones más mortales para el ejercicio del periodismo en el hemisferio occidental.

Aludiendo al historial de México en materia de impunidad, el presidente declaró que la reforma judicial está en marcha y reconoció que se necesitaba urgentemente trabajar más. “Necesitamos consolidar el nuevo sistema de justicia, pero ello no es una excusa”, declaró Peña Nieto.

La gota que derramó el vaso

Según relata La Jornada, el pasado 15 de mayo, el periodista Javier Valdez fue asesinado de rodillas y con doce disparos.

Dos hombres encapuchados cerraron el paso al Toyota Corolla rojo que conducía Valdez por las calles de Culiacán y simularon que se trataba de un robo. Tras hablar con Valdez “un minuto o dos”, los sicarios le obligaron a ponerse de rodillas y le tirotearon hasta que el cuerpo del periodista sinaloense quedó boca abajo sobre el asfalto, de acuerdo con los testimonios incluidos en la investigación de la Fiscalía.

Casualmente no hay imágenes del asesinato. Ninguna de las cámaras de vigilancia que opera el ayuntamiento ni de los negocios que había en la ruta en la que ocurrió el asesinato y por la que se dieron a la fuga los criminales estaba funcionando, lo cual hace indicar que el crimen quedará impune una vez más.

La imagen de la escena del crimen, con el cuerpo de Valdez sobre el asfalto cubierto por una manta azul y junto a su eterno sombrero, una de sus señas de identidad, le dio la vuelta al mundo debido al peso internacional que tenía este periodista, quien puso voz y rostro al sufrimiento de las víctimas de la narcoviolencia.

Autor de obras como “Narcoperiodismo”, “Con una granada en la boca” y “Huérfanos del narco”, Valdés era una de las voces más importantes en ese país sobre la narcoviolencia. Corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa y fundador de Ríodoce, obtuvo en 2011 el Premio Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas.

Como cada lunes, Valdez había acudido a la redacción de Ríodoce, un medio local que había fundado hace 14 años, para participar en la reunión editorial del semanario. Ese mismo día, el periodista mencionó a sus compañeros que en los últimos días había recibido amenazas y había solicitado ayuda al Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York, organización que le había respaldado. Al parecer, Valdez estaba por definir cuándo saldría de Sinaloa.

Valdez es el sexto periodista asesinado en México en lo que va de 2017, un año que se ha distinguido por ser el más sangriento del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien asumió el poder en 2013 y dejará la presidencia en 2018. En los tres primeros meses del año, se habían registrado 5.775 homicidios.

Acción conjunta

El Comité para la Protección de los Periodistas calcula que por lo menos 25 periodistas han sido asesinados desde que el presidente Enrique peña Nieto asumió el poder en diciembre del 2012. A pesar de que estos asesinatos han ocurrido de manera independiente uno de otro, los ejecutados compartían entre si el compromiso por documentar los diferentes aspectos del tráfico de drogas y la corrupción política.

En respuesta a esos asesinatos, el gobierno de México no sólo ha permanecido en silencio, sino que no ha consignado a ningún asesino de periodistas, indica el CPJ en un comunicado emitido a diferentes medios de comunicación. “La falta de acción y el fracaso en la protección de los periodistas, pone en peligro no sólo a los reporteros, sino también la libertad de expresión y la democracia en México”.