Para los candidatos políticos en México, lo que está en juego en las elecciones puede ser la propia vida
Su mitin de campaña ya se estaba calentando, con una banda en vivo que entonaba ritmos de ranchera en la calle, cuando Rosa Alma Barragán subió a Facebook un video hecho apresuradamente, con la esperanza de atraer a una multitud aún mayor. “Ven a escuchar”, dijo desde la ciudad de Moroleón, donde se postulaba para la alcaldía. “Ven y comparte un momento. Juntos podemos mejorar las cosas… Te espero aquí”.
Pero no solo sus admiradores tomaron nota de ello. Aproximadamente una hora después de su pedido, hombres armados en un convoy de sedanes y motocicletas arribaron a las festividades y dispersaron a la multitud con una ráfaga de balas que dejaron cuatro heridos y a Barragán muerta en el suelo. El asesinato, el pasado martes por la tarde, asombró a México, pero fue notable por su descaro.
La temporada de elecciones en este país es un torbellino de debates apasionados y mítines llenos de confeti, además de un flujo constante de intimidaciones, amenazas y ataques mortales contra los candidatos.
Barragán fue la 34º candidata a un cargo que resultó asesinada en el período previo a la votación nacional de mitad de mandato, prevista para el próximo 6 de junio, según Etellekt Consultants, una firma de análisis de riesgos. El viernes, el candidato a concejo municipal en el sureño estado de Chiapas fue encontrado muerto, comentó la policía, lo cual elevó el total a 35.
Cientos de otros candidatos han sido amenazados, y algunos de ellos abandonan su postulación. La violencia traspasa las líneas partidistas, pero los objetivos más frecuentes han sido los partidos opositores en el poder.
Hacer campaña y matar se han entrelazado durante mucho tiempo en un sombrío abrazo en México. El caso más conocido en la historia reciente es el asesinato, en 1994, del aspirante presidencial Luis Donaldo Colosio, en un mitin en Tijuana. El asesinato aún está envuelto en teorías de conspiración y dudas sobre la historia oficial, de que fue obra de un tirador solitario.
La mayoría de los ataques atentan contra candidatos de pueblos pequeños que carecen de amplios detalles de protección. En muchos sentidos, el crimen organizado tiene más interés en la política local que en la nacional. El control de los ayuntamientos aumenta las arcas de las pandillas y proporciona un camino hacia una influencia más amplia a medida que los funcionarios “comprados” ascienden en la escala política.
“Los municipios son el punto más fácil de penetrar para el crimen organizado, pero las consecuencias van mucho más allá de la órbita local”, escribió el columnista Sergio Sarmiento en el diario Reforma. Los políticos asesinados durante el actual ciclo electoral constituyen “la punta del iceberg”, redactó. “No sabemos cuántos más han sido presionados o tuvieron que aceptar demandas del crimen organizado para seguir compitiendo”.
Los sindicatos criminales buscan infiltrarse en las fuerzas policiales, tomar rutas de contrabando, arrinconar fondos públicos y empleos, ganancias del lavado ilícito y ampliar las oportunidades para extorsionar a los negocios locales. Algunas pandillas financian directamente a los candidatos, mientras ordenan a los sicarios que se enfrenten a la competencia.
En última instancia, el ciclo eterno de violencia electoral plantea una pregunta profunda: ¿Los matones se apoderaron de la democracia mexicana? “El espectro de la violencia criminal y sus objetivos son, lamentablemente, mucho más grandes que los candidatos de cualquier partido”, afirmó Javier Oliva Posada, un experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Se cree que las elecciones parciales de este año serán las más importantes en la historia de México. Están en juego más de 20 mil escaños en todo el país, incluidas 15 gobernaciones, 500 puestos en el Congreso, 30 de las 32 legislaturas estatales y miles de alcaldías, puestos en concejos municipales y demás posiciones locales.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no está en la boleta electoral del 6 de junio; comenzó un mandato de seis años en 2018 y ha sido ampliamente criticado desde entonces por reducir el control de las autoridades contra los cárteles, incluso mientras los homicidios aumentaron a niveles récord. “Imagínese si lo que vivimos aquí sucediera durante las elecciones en Alemania o Estados Unidos, sin una respuesta abrumadora del gobierno federal”, expuso Oliva Posada, experto en seguridad.
En comentarios a los reporteros, la semana pasada, López Obrador dijo que los cárteles intentaban asustar a los votantes.
“No debemos estar aterrorizados, tenemos que participar, salir y votar”, enfatizó. “Cuando hay abstención, las mafias dominan las elecciones”.
Según sus asistentes, las autoridades brindaron seguridad a al menos 148 candidatos, un escaso porcentaje de los miles que se postulan.
En la localidad de Xochitepec, en el estado de Morelos, la candidata a la alcaldía Alejandra Lagunas solo recibió protección policial luego de anunciar, el mes pasado, que no le quedaba más remedio que retirarse de la carrera.
Alguien había intentado sacar su automóvil de la carretera y aparecieron amenazas de muerte en sus redes sociales y su teléfono celular, explicó. Su hijo de ocho años le suplicó: “Mamá, por favor, no continúes porque te van a matar”.
Con un vehículo patrulla estacionado fuera de su casa, Lagunas se reincorporó a la carrera, pero no planea hacer campaña públicamente. “La verdad es que, de haberlo sabido, nunca hubiese sido candidata”, remarcó Lagunas, de 26 años y madre de tres hijos. “Estoy tan preocupada por haber puesto en riesgo la vida de mi familia”.
Mayo fue un mes especialmente oscuro para los candidatos mexicanos. Entre las víctimas se encuentra Omar Plancarte Hernández, de 57 años, quien esperaba ser alcalde del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán. Según su partido político, el candidato fue secuestrado y sigue desaparecido.
Plancarte, un productor de aguacate, denunciaba la presencia del crimen organizado en Uruapan. Sus dos hijos adultos fueron secuestrados en 2012 y nunca más se les volvió a ver, un destino compartido por decenas de miles de ciudadanos mexicanos “desaparecidos”.
Un reportero local le había preguntado a Plancarte el mes pasado si temía por su propia vida. “¿Por qué debería tener miedo si ya me atacaron donde más me duele?”, respondió.
José Alberto Alonso, de 35 años, candidato a la alcaldía de Acapulco en la costa del Pacífico, viajaba en una camioneta cuando un par de atacantes en una motocicleta rociaron el vehículo con más de una docena de proyectiles de 9 milímetros. Nadie resultó herido. “Nos tiramos al suelo y [las balas] pasaron a cinco centímetros de nuestras cabezas”, le dijo a Radio Fórmula.
Zudikey Rodríguez, una ex velocista olímpica y concursante de reality shows que se postula para alcaldesa de Valle de Bravo, una ciudad turística en las afueras de la Ciudad de México, fue secuestrada y se le ordenó que se retirara de las elecciones, según su partido.
“En toda mi vida, nunca he permitido que el miedo me empuje hacia atrás”, declaró Rodríguez, de 34 años, quien también es sargento del Ejército mexicano, luego de reiniciar su campaña, aunque en lugares limitados y bajo techo.
En el estado sureño de Chiapas, la gente enojada empujó a Juan Salvador Camacho, de 39 años y aspirante a alcalde de San Cristóbal de las Casas, a un patio de recreo. Le colocaron una soga alrededor del cuello, en una escena que fue capturada con teléfonos celulares y se viralizó en las redes sociales.
Los residentes estaban enfurecidos por su fracaso en completar los proyectos de obras públicas durante su mandato como funcionario electo local. Camacho, descendiente de una familia adinerada y políticamente prominente, fue liberado ileso después de aceptar pagar el equivalente a unos $15.000 dólares, según informes de prensa. Más tarde negó cualquier trato para comprar su libertad.
También en mayo, Abel Murrieta, de 58 años, candidato a la alcaldía de la ciudad de Cajeme, en el estado norteño de Sonora, fue asesinado a tiros mientras repartía literatura de campaña en una calle. Las fotos mostraron su cuerpo ensangrentado en medio de los folletos esparcidos.
Murrieta era un destacado ex fiscal general del estado y abogado de la familia LeBaron, que perdió a nueve miembros en una emboscada de un cártel en 2019, en una carretera aislada del desierto, unas 70 millas al sur de Arizona.
Murrieta se postulaba bajo la bandera del pequeño partido Movimiento Ciudadano, también partido de Barragán.
Barragán, de 60 años, abuela y dueña de una tienda, estaba haciendo su carrera inaugural para un cargo público.
Moroleón, una ciudad de 50 mil habitantes, se encuentra en el estado de Guanajuato, que experimenta una de las olas de violencia más mortíferas de México en los últimos años y donde las bandas rivales luchan por el control del tráfico de drogas, el mercado negro de la gasolina, la extorsión y otros fraudes.
Barragán había prometido combatir el crimen y la corrupción y se describió a sí misma como una “guerrera social” que, de ser electa, donaría su salario para construir un refugio para niños desamparados.
En Facebook, menos de dos meses antes de ser asesinada, Barragán escribió que había sido víctima de una “guerra sucia” en la que opositores anónimos la habían etiquetado como “mafiosa”. Detrás de las difamaciones, afirmó, había jefes municipales corruptos, aterrorizados de que su ascenso pusiera fin a su “mina de oro” de ganancias mal habidas. “No tengo miedo”, aseguró ella. “No me intimidan. Me hacen más fuerte. Esto confirma que vamos en la dirección correcta”.
La corresponsal especial Cecilia Sánchez contribuyó con este artículo.
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