OPINIÓN: Los michoacanos que huyen de la violencia en Tierra Caliente, la otra migración de la que no se habla en México

En México no solo se da el desplazamiento de miles de migrantes centroamericanos, que huyen a causa de la violencia y la pobreza que azota a sus localidades; hay otra migración -igual de dolorosa- de la que no se habla: el desplazamiento forzado interno de miles de mexicanos que también huyen de la violencia que golpea a sus comunidades de origen.

En los últimos cinco meses, bajo la discreción gubernamental, poco se ha dicho del epicentro nacional de migración interna en el que se ha convertido la zona de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, donde la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo autodenominado Cárteles Unidos de Michoacán (CUM) ha empujado a miles de familias a dejar sus localidades.

A causa de la violencia entre los dos grandes cárteles de las drogas, que mantienen una guerra de baja intensidad por el control del corredor entre los municipios michoacanos de Apatzingán, Tepalcatepec, Coalcomán, Aquila y Aguililla, por lo menos 2 mil 750 familias (casi 5 mil personas) han tenido que dejar sus localidades para aventurarse en la migración hacia Estados Unidos.

De acuerdo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, por lo menos el 90 por ciento de las familias desplazadas de los citados municipios hoy se encuentran radicadas en la zona fronteriza de Tijuana y en el municipio de Rosarito, en Baja California. El otro 10 por ciento se ha asentado en Morelia y otras ciudades del centro del país, con menores índices de violencia.

Al desplazamiento forzado interno que se vive en la zona de Tierra Caliente se suma el de la crisis de los desaparecidos; en lo que va de este año –de acuerdo a estimaciones de familiares víctimas de desaparición forzada- se estima que por lo menos 260 personas, principalmente hombres entre los 25 a los 50 años de edad, han sido secuestradas, llevadas y desaparecidas tanto por células del CJNG como por las células que forman parte del llamado Cárteles Unidos de Michoacán.

Los familiares de estos desaparecidos, cansados por la inoperancia de los gobiernos estatal y federal, que no han dado muestras de atención al problema de la violencia, menos al de los secuestros y desapariciones, han buscado el apoyo de la única institución que se ha manifestado cercana y preocupada por el problema de la violencia: la Iglesia Católica.

La Iglesia Católica, una salida

La representación de la Iglesia Católica en la zona de Tierra Caliente, a través de la Diócesis de Apatzingán, representada por el Obispo Cristóbal Ascencio García, es la única institución que ha abierto canales de comunicación con los familiares de las víctimas de desaparición forzada, y ha sido aliento para las miles de familias obligadas a la emigración para salvar sus vidas.

El pasado fin de semana, bajo la preocupación de hacer visible el problema de la violencia, la migración y las desapariciones forzadas que se viven en la Tierra Caliente de Michoacán, el Obispo Cristóbal Ascencio viajó al Vaticano, a fin de emitir un reporte directo al Papa Francisco sobre la situación de inestabilidad social que prevalece en esta parte de México.

En un comunicado oficial emitido a su feligresía, el Obispo Cristóbal Ascencio García estableció su intención de no solo informar al Papa Francisco sobre los estragos de la violencia en Michoacán, sino también pedir –ante la tumba de los Papas y sobre todo ante la tumba de San Juan Pablo II- “de una manera especial por la paz en nuestros pueblos”.

”Pediré –dijo el Obispo en su comunicado a la feligresía- para que los hombres y mujeres de paz no perdamos la esperanza en vivir la paz, así como Dios la quiere, y desde luego pediré la conversión de todos y muy en especial la conversión de los hermanos que planean el crimen para que nuestro Señor les haga ver lo valioso del arrepentimiento y conversión y que les haga sentir su amor. Que no provoquen más sufrimiento y dolor”.

A su regreso del Vaticano, el Obispo Cristóbal Ascencio ya con instrucciones del Papa Francisco, planea una serie de reuniones con su feligresía a fin de buscar medidas de protección para la sociedad civil, pero primero, a partir del lunes 21 de septiembre, se reunirá en Morelia con Obispos en donde se evaluará la intervención de la Iglesia Católica en el conflicto violento.

Las Parroquias, refugios de desplazados

Pero mientras la Iglesia Católica bosqueja un plan de ayuda a la sociedad civil, abandonada a su suerte por el gobierno en medio del conflicto más violento que se haya registrado en Michoacán desde que inició la llamada Guerra Contra el Narco, los pobladores de los municipios de Aguililla, Tepalcatepec, Coalcomán, Aquila y Apatzingán, se amotinan en la sede del Obispado.

En la principal sede de la Iglesia católica, en Apatzingán, cientos de michoacanos afectados por la violencia, se mantienen en plantón permanente; ya no es tanto el reclamo de una intervención directa de los representantes de la Iglesia Católica frente a los grupos delincuenciales para que se les deje en paz, es más bien la seguridad que les cobija el saber que las sedes de la iglesia son respetadas por los grupos delincuenciales.

Las 27 parroquias que conforman la diócesis de Apatzingán se han convertido en improvisados campamentos de refugiados, a donde van a parar todos los desplazados por la violencia que así buscan mantenerse a salvo de la persecución de la que son objeto.

“Aquí nos sentimos a salvo”, dijo Luz María, una madre de familia que sufrió la desaparición de su esposo a manos de una célula ligada aparentemente al CJNG. “A lo mejor es solo nuestra idea, pero los delincuentes hasta hoy han respetado a la Iglesia, y no han cometido ataques contra la gente que se postra (sic) en las inmediaciones de las parroquias”.

Luz María, con dos hijos menores a cuestas, -igual que cientos de habitantes de Aguililla- ha decidido dejar su municipio con la intención de emprender el viaje a Tijuana. Allá la espera la familia de una de sus hermanas que desde hace dos meses también emprendió la migración con la intención de buscar asilo político en Estados Unidos.

Luego de la desaparición forzada de su esposo, ocurrida hace dos semanas, Luz María recibió la orden de una célula del CJGN para que también dejara su casa. Sin pensarlo echó llave a la puerta. Dejó a sus dos perros, cinco cerdos y dos vacas que engordaba en el traspatio. “Los animales seguro ya murieron de hambre o se los llevaron los delincuentes. La casa puede que ya la hayan escriturado a nombre de otra persona”, dice con lágrimas en los ojos. Era el único patrimonio que tenía.

Con un costal en donde guarda algunas de sus ropas, documentos personales, fotografías viejas y certificados escolares de sus hijos, Luz María está a la espera de que se integre una caravana de migrantes michoacanos que ya se está organizando para hacer el viaje seguro, con la compañía de algún sacerdote, para poder llegar a Tijuana.

Tijuana, el destino anhelado

Luz María no tiene ni idea de cómo hacer para solicitar asilo político en Estados Unidos. Pero está segura que cualquier situación que enfrente en Tijuana será nada frente a la condición de inseguridad que vive actualmente. Al menos espera encontrar refugio en alguno de los campamentos de ayuda de los que la Iglesia Católica tiene en operación en el norte del país.

Ella sabe que actualmente el gobierno norteamericano mantiene congeladas las solicitudes de asilo político, pero aun así dice que es mejor la esperanza de la espera que la certeza de perder la vida a manos del crimen organizado que se ha apoderado de Michoacán, en donde –insiste- el gobierno parece que está coludido con los cárteles.

Tentativamente la caravana de michoacanos migrantes con destino a Tijuana y Rosarito, Baja California, se está proyectando para el próximo fin de semana. El éxodo lo está coordinando el sacerdote Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como El Padre ‘Goyo’, quien se ha convertido en el activista defensor de derechos humanos más importante de México.

La labor social del Padre ‘Goyo’ ya es de la dimensión de la del Padre Alejandro Solalinde, el sacerdote dedicado a la defensa de los derechos de los migrantes centroamericanos; en lo que va del conflicto de violencia que azota a la zona de Tierra Caliente, solo en los últimos cinco meses, el Padre ‘Goyo’ ha ayudado a por lo menos entre 2 mil y 3 mil migrantes michoacanos a que salgan de la zona de guerra, y los ha reubicado en Tijuana y Rosarito.

Apenas la semana pasada, el Padre ‘Goyo’ se reunió con mil 700 migrantes michoacanos radicados en la frontera de Tijuana, a fin de brindarles orientación legal, sobre la forma en que se deben hacer los trámites para solicitar el asilo político en Estados Unidos, una vez que el gobierno de ese país vuelva a abrir sus fronteras a la migración forzada de México.

Migración silenciosa

A causa de la guerra que enfrentan el grupo de los Cárteles Unidos de Michoacán contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde este último busca posicionarse con el control de toda la zona de Tierra Caliente, según reconoce la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, desde abril de este año, se mantiene un flujo constante de migrantes internos de al menos mil personas por mes.

Son personas originarias de Michoacán que enfrentan las mismas condiciones de inseguridad a las que se enfrentan los migrantes centroamericanos que ingresan a México a través de la frontera de Tapachula, Chiapas, en los límites con Guatemala: están expuestas a la extorsión oficial, viajan en condiciones precarias y son acechados en el trayecto por grupos delincuenciales.

La pandemia por Covid-19 es otro factor que agrava la situación de los migrantes internos de Michoacán. Solo en los últimos tres meses la secretaría de Salud del Estado ha detectado por lo menos 28 nuevos casos de contagio entre los migrantes de la zona de Tierra Caliente, y es que la mayoría de ellos, principalmente mujeres, a causa de la huida de sus localidades no pudieron acceder al plan de vacunación.