Secuestradores en Tijuana son acusados de matar a sus víctimas, incluso cuando los familiares pagaron rescate
Al menos tres estadounidenses, entre ellos uno de San Diego, fueron asesinados tras los secuestros en 2020, según una acusación federal en Los Ángeles.
La familia de Salvador Acosta Medina hizo todo lo que le pidieron los secuestradores de Tijuana.
Se apresuraron a reunir unos 25 mil dólares de sus seres queridos.
Dejaron el rescate en el baño de un McDonald’s en San Ysidro, a poca distancia del paso fronterizo entre Estados Unidos y México.
Y luego esperaron, tranquilizados por las nuevas promesas de los secuestradores de que Acosta, ciudadano estadounidense, sería liberado y volvería a casa con su familia en San Diego.
“Nos sentamos allí y esperamos y esperamos”, dijo su esposa. “Y nunca llegó”.
El cuerpo de Acosta fue descubierto el 29 de marzo de 2020, un día después de haber cobrado el rescate, dijo la fiscalía.
Otros sufrieron horrores similares a manos de los mismos secuestradores el año pasado, según fuentes policiales y una acusación emitida por un gran jurado federal en Los Ángeles en días pasados. Las víctimas, una mezcla de ciudadanos estadounidenses y mexicanos, eran atraídas a reuniones en México con falsos pretextos comerciales, elegidas entre una multitud en un club nocturno o seleccionadas en las redes sociales.
Posteriormente eran secuestrados, golpeados con un martillo y, en algunos casos, asesinados, independientemente de si se había pagado un rescate por su liberación.
Capital de los secuestros
El caso es un recordatorio especialmente brutal de lo arraigada que sigue estando la practica del secuestro y la demanda de un rescate entre los criminales en Tijuana, y revalida los temores que tanto los ciudadanos mexicanos como los visitantes transfronterizos frecuentes han aprendido a asumir desde hace tiempo como una posibilidad, que aunque pequeña sigue latente.
La agente especial supervisora del FBI Joyce Deniz, enlace fronterizo en San Diego, califica estos secuestros de oportunidad. “El principal objetivo es ganar dinero”, dijo.
Eso los diferencía de otros delitos similares con otros motivos, como los secuestros realizados por los cárteles de la droga para
cobrar una deuda, vengarse o enviar un mensaje. También hay células de secuestradores que se especializan en atacar a migrantes vulnerables o en extorsionar a las familias en Estados Unidos con falsas afirmaciones de que un ser querido ha sido secuestrado, cuando en realidad está a salvo en su casa o bajo custodia de inmigración en Estados Unidos.
Este grupo de secuestradores tenía como objetivo a ciudadanos estadounidenses y mexicanos de los que sabían o creían que tenían familiares en el lado estadounidense de la frontera que pagarían el rescate, según las autoridades policiales. En al menos un caso, los miembros vigilaron a su víctima potencial, estacionando fuera de la casa de la persona para tomar fotos y anotando a qué hora solía salir de su casa.
El caso se asemeja a otras oleadas de secuestros en México a lo largo de las décadas, incluido un periodo de hace unos 15 años en el que Tijuana se consideraba una de las ciudades capital del secuestro, con uno de los mayores números de secuestros en el mundo. En ese momento, casi un tercio de los encuestados dijo en una consulta periodística que un amigo o pariente había sido secuestrado, mientras que el entonces alcalde de Tijuana dijo que 10 de sus amigos habían sido secuestrados.
En ciudades como Tijuana y Ciudad de México, se hizo común que los mexicanos adinerados y los ejecutivos de negocios extranjeros fueran vigilados por seguridad privada armada y contrataran un seguro contra secuestros. En 2008, en Tijuana se produjo una oleada de secuestros dirigidos a médicos.
Se desconoce el número exacto de secuestros de cualquier tipo en Tijuana, ya que muchas familias acatan las órdenes de los secuestradores de no contactar con las fuerzas del orden. En 2020, solo se registraron oficialmente 14 secuestros en Baja California, según Ricardo Iván Carpio Sánchez, ex fiscal de Unidades Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hasta octubre de este año se habían registrado 15.
El delito funciona ante la falta de confianza en el sistema: las familias pagan porque creen que sus seres queridos serán liberados, y los secuestradores suelen cumplir para poder seguir el ciclo con futuras víctimas.
Pero esta banda operaba supuestamente con un protocolo diferente.
Los fiscales estadounidenses atribuyen al menos seis homicidios por secuestro al grupo presuntamente dirigido por Germán García Yera Hernández. Sin embargo, las autoridades de Baja California afirman que el grupo ha sido investigado en relación con al menos 20 homicidios.
Yera, un hombre de 37 años con tatuajes de un dragón y notas musicales en la cara, operaba independientemente de los grandes cárteles establecidos en la ciudad. El grupo se convirtió en su propia empresa criminal en 2016, escalando desde los robos de autos hasta el acoso, el secuestro y el asesinato, dijeron fuentes policiales. Su historial delictivo incluye tres condenas anteriores en prisión por delitos menores, incluido el robo de vehículos.
Yera y otras cinco personas han estado bajo custodia en Tijuana desde abril de 2020, cuando las fuerzas del orden mexicanas allanaron un hotel donde la banda había mantenido frecuentemente a sus cautivos. Una de las víctimas fue rescatada.
Estados Unidos tendrá que negociar ahora con el gobierno federal mexicano su extradición a Los Ángeles. Otros dos —una mujer que estaba embarazada mientras recogía los pagos del rescate y su pareja sentimental— fueron detenidos en San Diego en mayo de 2020 y recientemente se han declarado culpables en Los Ángeles de cargos relacionados con el secuestro y la extorsión.
20 mil dólares de rescate
La víctima que fue rescatada, un ciudadano mexicano identificado solo por las iniciales J.N., relató a los agentes del FBI el desgarrador testimonio de su captura, según la denuncia presentada contra la pareja.
El 20 de abril de 2020, J.N. y un amigo se dirigieron a una casa en Tijuana, donde un conocido se había ofrecido a venderle un alimento enlatado con descuento que había sido difícil de obtener debido a la pandemia para su taquería local.
Metió su vehículo en el garaje y un hombre cerró inmediatamente la puerta del mismo. Pronto se vieron rodeados por hombres armados con cuchillos y martillos, mientras una mujer les apuntaba con una pistola.
Los golpearon, les ataron las manos y los pies y les vendaron los ojos. Sus captores les golpearon con una pistola eléctrica en la cabeza, el cuello y los pies, mientras les exigían saber si tenían dinero para pagar el rescate.
El amigo de J.N. dijo a los secuestradores que era pobre, que no tenía familia y que no poseía ninguna propiedad. Se lo llevaron, y J.N. no volvió a verlo con vida.
Los captores se centraron entonces en extorsionar a la familia de J.N.. Le ordenaron que llamara a su mujer en Pasadena con la historia de que había estado bebiendo, había matado a una familia en un accidente de auto y debía 20 mil dólares.
La pandilla trasladó al secuestrado al Motel Aqua, situado en una zona industrial del noreste de Tijuana, donde volvieron a hacer una videollamada a la esposa de J.N. exigiendo el pago, que ahora era mayor. J.N. aprovechó la ocasión para despedirse por última vez; estaba seguro de que lo matarían pasara lo que pasara, porque había visto las caras de sus captores, según dijo a los agentes.
El pago final del rescate se negoció a 14 mil dólares y se eligió un lugar de entrega en una tienda de Food 4 Less en Lynwood, al sur de Pasadena.
Pero su esposa no llegó a la entrega. Tomó la difícil decisión de llamar a la policía en su lugar.
Mientras la mujer embarazada enviada por el equipo para cobrar el rescate esperaba en la tienda de comestibles, la Unidad Antisecuestro de la fiscalía de Baja California irrumpió en el Motel Aqua y rescató a J.N. Nueve mujeres y hombres, entre ellos Yera, fueron detenidos.
Los investigadores del FBI y de la Unidad Antisecuestros de México pudieron relacionar a la banda con otros secuestros y asesinatos gracias a los registros telefónicos y de las redes sociales, las grabaciones de vigilancia, los registros bancarios y el conocimiento emergente de un modus operandi específico, según Hiram Sánchez Zamora, fiscal jefe de Baja California.
Los asesinatos fueron un aparente intento de proteger la conspiración, afirma la acusación.
Un video compartido en Facebook mostraba a dos presuntos secuestradores asfixiando lentamente a una víctima que tenía las manos y los pies atados, dice la acusación.
En otro caso, dos víctimas no identificadas, un ciudadano estadounidense que vive en México y un ciudadano mexicano, se hicieron amigos en un club nocturno de Tijuana el 5 de enero de 2020. Fueron atraídos a una casa, donde Yera y otros los retuvieron a punta de pistola, y luego los golpearon y mataron al determinar que no tenían dinero, según la acusación.
‘Se armó, carnal’
Acosta, residente en San Diego, fue capturado el 27 de marzo de 2020.
Cruzaba la frontera todos los días en su viejo Ford Explorer para administrar su negocio de reciclaje de metales. Los detectives dijeron a su esposa que parece haber sido víctima de un crimen de oportunidad. Ese día estaba solo en la planta de reciclaje cuando los secuestradores pasaron por allí y lo vieron.
“Dieron un par de vueltas alrededor de la planta y luego volvieron y lo agarraron”, dijo ella. El Union-Tribune no la nombra porque teme por su seguridad.
Al día siguiente, el hijo adulto de Acosta entregó el dinero, tal y como se le había indicado, en el baño de mujeres del McDonald’s cercano al puerto de entrada de San Ysidro.
La misma mujer embarazada recuperó la bolsa y volvió a entrar en México, según los registros judiciales.
El equipo supuestamente celebró el intercambio, con Yera enviando un mensaje a un co-conspirador “se armó, carnal” y “este fue un buen trabajo”, seguido de un video que muestra grandes cantidades de dinero en efectivo, dice la acusación.
Acosta fue asesinado de todos modos. Su último lugar conocido con vida fue el Motel Aqua. Su cuerpo fue abandonado junto a una carretera en el extremo oriental de Tijuana, con las manos y los pies atados y con signos de tortura.
“Es tan horrible que no puedo expresar con palabras la pérdida que sentimos”, dijo su esposa.
Dos días después del asesinato, Yera envió una foto del Ford de Acosta a la joven que había cobrado el rescate, sugiriendo que lo vendieran, según la acusación. “Deberías quedártelo”, le dijo a la jefa.
La familia de Acosta solo avisó a las fuerzas del orden mexicanas cuando quedó claro que no iba a ser liberado, lo que demuestra lo poco denunciado que suele estar este delito.
Medidas de seguridad
El FBI solo se involucra —solo si la familia denuncia o si recibe la notificación de las fuerzas de seguridad mexicanas— si hay un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente implicado o si los secuestradores se comunican con las familias en Estados Unidos.
“Probablemente solo nos enteramos de una parte de lo que ocurre allí”, dijo el portavoz del FBI en San Diego, William McNamara, que se ocupado de los secuestros en la brigada de delitos violentos.
Las familias tienen varias razones de peso para no denunciar los secuestros, como las amenazas de violencia o el miedo a que una denuncia les haga vulnerables a un escrutinio no deseado, ya sea por su propia implicación en el crimen o por su situación legal en Estados Unidos.
Aun así, el FBI insta a las familias a que dejen que sus agentes les ayuden lo antes posible para tener las mejores posibilidades de una recuperación segura. Esto incluye que los agentes experimentados instruyan a los miembros de la familia sobre cómo negociar con los secuestradores mientras ocultan su participación, dijeron los funcionarios.
También hay precauciones que la gente puede tomar para evitar parecer un objetivo digno, como abstenerse de conducir vehículos llamativos o llevar bolsos de diseño y joyas caras. Las autoridades advierten que no se debe publicar información personal en las cuentas públicas de las redes sociales que pueda apuntar a riqueza personal o familiar.
Las autoridades sugieren que los residentes y los visitantes habituales con rutinas fijas deben mezclarlas, tomando diferentes rutas y saliendo a distintas horas. Los que cruzan la frontera con menos frecuencia deben consultar las advertencias de viaje del Departamento de Estado e informar a sus seres queridos del viaje.
Pero incluso las mejores precauciones, en una ciudad en la que los delincuentes actúan con gran impunidad, no pueden explicar la aleatoriedad que a veces se produce.
“Mi marido no estaba haciendo nada que no debiera”, dijo la esposa de Acosta. “Solo llevaba su negocio y cuidaba de su familia. Esto nunca debió haber ocurrido”.
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