México procesa a militar por muertes en centro de migrantes
El juez decretó que el acusado permaneciera en prisión preventiva en una cárcel civil, aunque tanto su defensa y la fiscalía intentaron sin éxito que fuera trasladado a una prisión militar.
Un juez vinculó el sábado a proceso al jefe de la agencia migratoria mexicana en el fronterizo estado de Chihuahua, un militar retirado, por ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio en la muerte de 40 migrantes a causa de un incendio provocado en el centro de detención del que era responsable. Todos los delitos son por omisión de sus responsabilidades.
El magistrado Juan José Chávez Montes consideró que había pruebas suficientes para enjuiciar al contralmirante Salvador González por no cumplir con sus obligaciones de administrar, proteger y vigilar la aplicación de las leyes vigentes, tanto en materia de protección civil como de detención de migrantes en las instalaciones de Ciudad Juárez.
El juez decretó que el acusado permaneciera en prisión preventiva en una cárcel civil, aunque tanto su defensa y la fiscalía intentaron sin éxito que fuera trasladado a una prisión militar.
Cuarenta hombres murieron asfixiados por el fuego provocado por uno de los migrantes en señal de protesta y una treintena más resultaron heridos. Las 15 mujeres que estaban detenidas en las mismas instalaciones pudieron salir sanas y salvas cuando el humo empezaba a llegar a sus dormitorios.
El 27 de marzo un pequeño grupo de migrantes prendió fuego a un colchón para protestar por su detención en condiciones de hacinamiento y apenas sin agua. El incendio se extendió y el humo cubrió las instalaciones en pocos minutos, y 68 hombres se quedaron encerrados tras las rejas del dormitorio en el que se encontraban sin que los guardias hicieran nada por liberarlos, según se constató en las cámaras de seguridad.
Además de los 40 muertos por asfixia, se registraron casi una treintena de heridos, todos hombres. Las 15 mujeres que se encontraban en el área femenil pudieron salir luego de ser liberadas por una de las custodias.
En contraste, los guardias nunca pudieron localizar las llaves de la celda de hombres durante el incendio, y únicamente se encontraron después de que los bomberos ya habían abierto un boquete en el muro para sacar a las víctimas.
Unas 25 moradas precarias fueron incendiadas intencionalmente esta semana en un campamento de migrantes, cerca de la frontera con Texas, según testigos, en una muestra del extremo peligro que supone quedarse varado en México, al que el gobierno del presidente Joe Biden recurre cada vez más para que acoja a personas que huyen de la pobreza y la violencia
Aunque el Instituto Nacional de Migración ha sido objeto de numerosas denuncias por corrupción y otros abusos en contra de migrantes, esta es la primera vez que se procesa a un jefe estatal por homicidio, según confirmó la agencia, que no comentó al respecto.
El suceso, el más letal de estas características ocurrido en México, ha resultado en procesos en contra de otras siete personas, también por homicidio y lesiones: cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad y el migrante que presuntamente prendió las colchonetas.
Además, el titular del INM, Francisco Garduño, y otro directivo de la agencia han sido acusados por la fiscalía, aunque los tribunales decidirán la próxima semana si existen o no pruebas suficientes para iniciar un juicio penal.
El pasado 4 de abril, un transportista de la ciudad de León en el estado de Guanajuato, denunció la desaparición de 21 de sus clientes y dos choferes en la zona de Matehuala en San Luis Potosí.
En el caso del contralmirante, el juez consideró que se demostró que era totalmente responsable de las instalaciones en las que ocurrió el siniestro, y dijo que no garantizó que sus subordinados y los guardias de la empresa de seguridad privada que trabajaban ahí cumplieran adecuadamente con sus funciones, desde revisar que no entraran con objetos prohibidos — había colillas y cigarros en el dormitorio— o supervisar los planes de emergencia ante incendios.
Tampoco evitó el hacinamiento ni las malas condiciones de detención de los migrantes, que protestaban por no tener agua suficiente. Además, González sabía que las instalaciones eran en realidad una “prisión preventiva” donde los migrantes estaban encerrados con candado, algunos por más de las 36 horas que establece la constitución mexicana, pero no hizo nada para evitarlo.
“Todo al final recae en la cabeza principal”, afirmó Chávez Montes. “No cumplir con las normas sí produce resultados”, letales en esta caso, agregó.
La fiscalía mexicana investiga también posibles actos de corrupción vinculados al contrato de la agencia migratoria con la empresa de seguridad privada que custodiaba el centro de detención, así como faltas e irregularidades del INM que, según sus pesquisas, “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado” durante años.
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