Diputados mexicanos aprueban reforma que exige que todos los jueces se postulen a elecciones
López Obrador dijo que los que se oponen “no tienen fundamento moral porque es de dominio público, la mayoría de los mexicanos sabe que impera la corrupción en el poder judicial”.
La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles una polémica iniciativa de ley que pondría en marcha la reforma al poder judicial más radical del siglo en el país al exigir que todos los jueces se postulen a elección popular.
En una sesión maratónica en la que los legisladores se vieron obligados a reunirse en un gimnasio luego de que manifestantes bloquearan la entrada al Congreso, la cámara baja aprobó la medida constitucional por 359 votos a favor y 135 en contra en una primera votación que transcurrió de acuerdo a las líneas partidistas, el miércoles apenas antes del amanecer. La medida, que requiere una mayoría de dos tercios, fue aprobada en una segunda votación más tarde esa misma mañana, y ahora se dirige al Senado, donde se prevé que sea aprobada por un margen muy estrecho.
Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusa de corrupción a los jueces del sistema judicial actual y quiere que todo el poder judicial del país —unos 7.000 jueces— sean elegidos mediante voto popular.
México anunció condenas en un notorio caso de asesinato en masa, pero la noticia sólo sirvió para recordar cuánto queda por resolver en el caso.
Los detractores dicen que los cambios constitucionales supondrían un duro golpe para la independencia del poder judicial, y se preguntan cómo podrían llevarse a cabo unas elecciones tan masivas sin que cárteles de la droga y delincuentes presenten a sus propios candidatos.
La atención se centra ahora en el Senado, donde a Morena le falta un escaño para alcanzar la mayoría de dos tercios, pero podría conseguir el apoyo de algún senador de la oposición. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) instó al Senado a rechazar la medida, afirmando que “afecta a la vida democrática, pone en riesgo los derechos humanos e incumple obligaciones internacionales de México”.
López Obrador dijo que los que se oponen “no tienen fundamento moral porque es de dominio público, la mayoría de los mexicanos sabe que impera la corrupción en el poder judicial”.
Desde hace tiempo el mandatario ha arremetido contra las cortes que bloquearon algunos de sus proyectos de construcción y medidas políticas porque iban en contra de normas constitucionales y jurídicas. López Obrador se ha comprometido durante meses a aprobar una serie de medidas como la reforma judicial, al igual que una propuesta para eliminar casi todos los organismos independientes de supervisión y regulación.
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Se prevé que la votación en el Senado sea muy reñida, aunque el partido del presidente parece estar a punto de ganar el único voto que le falta allí. De ser aprobada en la cámara alta, la propuesta constitucional se enviaría a los 32 congresos estatales de México, donde requeriría ser aprobada por la mayoría de ellos. El partido de López Obrador controla la mayoría de los estados.
Los críticos afirman que la medida devastará el sistema de contrapesos de México.
“Que se inaugure un muro de la vergüenza que diga que hoy comenzó la caída de la República. Y debería tener la fecha y todas las caras de los diputados de Morena”, gritó Paulina Rubio Fernández, diputada del conservador y opositor Partido Acción Nacional (PAN), antes de la votación.
Alejandro Moreno, líder de otro partido de la oposición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), prometió el miércoles que los miembros del partido votarían en contra de la propuesta en el Senado, como hicieron en la Cámara de Diputados.
La votación del miércoles fue posible gracias a que Morena y sus aliados obtuvieron mayorías abrumadoras en las elecciones del 2 de junio. La sesión, que duró toda la noche, se llevó a cabo después de que manifestantes bloquearan el martes la entrada al Congreso de México en un intento de exigir un debate sobre la reforma al poder judicial.
La reforma ha provocado una oleada de protestas de jueces, funcionarios judiciales y estudiantes en todo México en las últimas semanas, y el martes alcanzó otro punto de inflexión, cuando manifestantes colocaron cuerdas en las entradas de la Cámara de Diputados para impedir la entrada de los legisladores. Esto ocurrió luego de que la Suprema Corte de Justicia votó para unirse a las huelgas con 8 votos a favor y 3 en contra, lo cual le dio más peso a las protestas.
“El partido mayoritario podría tomar el control del poder judicial y esto sería prácticamente el fin de la democracia”, dijo el manifestante Javier Reyes, un trabajador de la judicatura de 37 años. “Ellos quieren ser los nuevos dueños de México”.
Bajo el sistema actual, los jueces y los secretarios judiciales, que actúan como asistentes de los jueces, acceden poco a poco a los puestos superiores en función de su historial. Pero con los cambios propuestos, cualquier abogado con una certificación mínima podría presentarse, y algunas candidaturas se decidirían sacando nombres al azar.
Las cortes mexicanas se han visto afectadas por corrupción y opacidad durante mucho tiempo, pero en los últimos 15 años han sido objeto de reformas para hacerlas más abiertas y sujetas a rendición de cuentas, incluido el cambio de muchos juicios que se llevaban a cabo a puerta cerrada y se plasmaban en papel por un formato más abierto y oral.
Voces en el país y en el extranjero dicen que los nuevos cambios podrían suponer un revés en los intentos por sanear los tribunales.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo el martes que “hay muchísima preocupación”, y destacó que la reforma “puede traer muchísimo daño en la relación (bilateral); esto no sólo lo digo yo”. Salazar ha señalado la elección de jueces como su principal reparo a la reforma, señalando que afectaría negativamente a la inversión y a la economía mexicana.
López Obrador dijo la semana pasada que ha puesto “en pausa” las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá luego de que ambas naciones expresaron inquietudes sobre la reforma al poder judicial.
El martes por la noche, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, aliada cercana de López Obrador, volvió a defender la reforma y publicó en la red social X que “no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor estado de Derecho y más democracia para todas y todos”.
“Si los jueces, magistrados y ministros se eligen por el pueblo, ¿dónde está el autoritarismo?”, añadió.
Los cambios propuestos afectarían a miles de jueces de distintos niveles e introducirían un límite de tiempo para que los jueces se pronuncien sobre muchos casos, con el fin de combatir la tendencia de algunos juicios a alargarse décadas. Y lo que es más polémico, las reformas también introducirían jueces con identidad oculta para presidir los casos de delincuencia organizada; sus identidades se mantendrían en secreto para evitar represalias.
Y se despojaría en gran medida a las cortes de su facultad de bloquear proyectos o leyes gubernamentales basándose en apelaciones de ciudadanos. También es casi seguro que garantizaría que el partido del presidente siguiera teniendo un poder político significativo mucho después de que López Obrador deje el cargo a finales de este mes.
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