La reforma para pasar la Guardia Nacional a manos del Ejército avanza en el Congreso mexicano

CIUDAD DE MÉXICO —  La reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a manos de militares en México, otra de las controvertidas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanzó el jueves en la Cámara de Diputados al aprobarse el texto en lo general gracias a la mayoría de dos tercios que tienen el oficialismo y sus socios.

El debate de los detalles de la iniciativa proseguía pero, previsiblemente, los diputados dejarían la reforma aprobada en todos sus términos en las siguientes horas pese a las críticas de los partidos de oposición que votaron en contra. Después pasará al Senado para su debate.

El partido gobernante Morena y sus aliados insisten en llevar adelante el proyecto pese a las críticas de opositores y el cuestionamiento de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes creen que supondrá una mayor militarización de la seguridad pública. Tampoco consideran que resolverá el problema de violencia en el país.

La iniciativa forma parte de un paquete de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de López Obrador, el cual concluye el 30 de septiembre. La primera, y más polémica, fue la de la restructuración del Poder Judicial.

La actual prevé que la Guardia Nacional salga del control de la Secretaría de Seguridad y pase a ser manejada por el Ejército. La Guardia Nacional fue creada por el mandatario en 2019 con el objetivo de combatir la creciente violencia.

En el proyecto de reforma se prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también se dan atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional, cuyo personal será de origen militar con formación policial. Más del 80% de los 130.000 integrantes de la Guardia Nacional provienen del Ejército y de la Marina, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Desde 2006, las fuerzas militares han cumplido un papel clave en México para mantener la seguridad en las calles. Ante las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de Naciones Unidas han pedido al gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.

La congresista opositora Patricia Mercado dijo en su cuenta de la red social X que su partido minoritario Movimiento Ciudadano tiene la convicción de que “la militarización no es la respuesta a los niveles de violencia que existen en el país”, e insistió en que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil.

La reforma forma parte de un viejo anhelo de López Obrador, quien desde hace varios años se ha manifestado a favor de que la Guardia Nacional sea manejada por los militares, para garantizar el “profesionalismo, disciplina, honestidad” y evitar que el cuerpo se corrompa, como él ha asegurado que ocurrió con la desaparecida policía federal.

López Obrador sufrió el año pasado un revés en sus planes cuando la Suprema Corte de Justicia invalidó una iniciativa con el mismo planteamiento que había sido aprobada por la mayoría oficialista del Congreso en 2022. El máximo tribunal la dio de baja y dejó a la Guardia Civil bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Pese al rechazo del máximo tribunal y las críticas de activistas, opositores y organizaciones como Amnistía Internacional, López Obrador insistió en la reforma y la incluyó en un paquete de leyes que presentó en febrero ante el Congreso. La futura presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también mostró su respaldo a la propuesta.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó el jueves al Congreso a no aprobar la reforma y solicitó, a través de su representante adjunto Jesús Peña Palacios, que en lugar de “profundizar un enfoque de predominio de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, reoriente la discusión legislativa para colocar en el centro la priorización del paradigma civil en este ámbito”.

Entre las organizaciones humanitarias locales que han cuestionado la reforma está el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que el miércoles indicó en su cuenta de X que “será un paso sin retorno hacia la militarización”.

Ese centro expresó su preocupación de que no se diseñen controles civiles externos y extraordinarios a la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, tal como lo estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Asimismo, se otorga facultades al Ejecutivo para “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública”, un punto que también ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, puesto que se extiende de manera indefinida la participación en labores de seguridad de las fuerzas armadas mexicanas. Éstas recibieron en el sexenio de López Obrador numerosas tareas y recursos que anteriormente eran manejados por el sector civil.

Como parte del proceso de transferencia, en la iniciativa se establece que la Sedena asumirá el presupuesto y recursos materiales de operación de la Guardia Nacional.