El impacto transfronterizo en el sur de México
Esta es la tercera y última parte de una serie donde se analizó el origen de las políticas migratorias mexicanas, sus consecuencias para los inmigrantes de Centroamérica y la economía local de Chiapas.
La división territorial que marca el río Suchiate entre México y Guatemala cada vez es más estrecha, porque las condiciones sociales ahora son más parecidas en los municipios ubicados a uno y otro lado de la frontera.
Con la implementación de las medidas anti-inmigrantes por parte del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, no sólo se han elevado las deportaciones hacia los países centroamericanos, sino que se está impactando la economía de la zona sur.
“Han bajado las ventas, no está saliendo [el gasto]”, manifestó a HOY vía telefónica una empleada de la Pastelería Bambi, negocio ubicado en Ciudad Hidalgo, en donde vive un promedio de 14,000 habitantes. “La verdad es que no hay ventas”.
Los migrantes que salen de Honduras, El Salvador y Guatemala al cruzar el río llegan a esta ciudad. Anteriormente, el siguiente paso era dirigirse a Arriaga, a 231 millas de la frontera, en donde esperaban abordar el tren ‘La Bestia’.
Con la prohibición del uso de ese tren y la implementación de redadas, retenes y militarización de la frontera, los centroamericanos están optando por nuevas rutas, lo que está percibiéndose en la actividad productiva.
“Estábamos acostumbrados a ver migrantes en los hoteles y las vías del tren, comprando en el mercado; pero ahora no se ve a los grupos numerosos”, asegura Carlos Bartolo Solís, director de la Casa del Migrante Hogar de Misericordia, institución ubicada en Arriaga.
“La economía está en declive”.
La actividad productiva chiapaneca no sólo está vinculada al consumo que generan los transmigrantes, sino que también tiene una dependencia de la mano de obra de trabajadores temporales que llegan de Guatemala, Belice y El Salvador.
Son ellos los que se encargan de levantar las cosechas de café, plátano, mango y limón; también son contratados en restaurantes y tareas de construcción, reemplazando los puestos poco remunerados que dejan los oriundos de ese estado.
“Hay una pequeña minoría que busca trabajo en Chiapas; la gran mayoría está interesada en salir de esas ciudades y enfilarse hacia el norte”, asevera Jorge Bustamante, experto en migración internacional y profesor de la Universidad de Notre Dame.
El Programa Integral de la Frontera Sur incluyó la emisión de permisos temporales para llenar esos huecos. A juicio de las autoridades del municipio de Tapachula, es algo que les permitirá mantener el equilibrio en la cadena productiva.
“La economía de Tapachula recibe a migrantes que vienen a trabajar como jornaleros agrícolas; con una visa de trabajador fronterizo pueden laborar en las fincas”, indicó a HOY Magdalena Solís, directora de asuntos migratorios de este municipio.
El estado de Chiapas cuenta con una población cercana a los 5 millones de habitantes; de ellos, el 74.7% vive en condicion de pobreza, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el informe de 2012.
Entre 1995 y 2005, estas condiciones sociales y el impacto de los desastres naturales desencadenaron elevadas olas migratorias de chiapanecos. Unos hacia otros estados mexicanos, otros en busca del “sueño americano”.
De acuerdo a Jorge López Arévalo, investigador y profesor de economía de la Universidad Autónoma de Chiapas, la política implementada por Peña Nieto generará desempleo en hoteles, restaurantes, transporte y casas de asistencia, actividades que dependen de los transmigrantes.
“Llevamos 34 años sin crecimiento”, aseveró el especialista, destacando que la fuente de trabajo local se basa en el comercio informal.
“La destrucción de empleo que va a provocar en algunas actividades económicas va a generar mayor expulsión de chiapanecos”, enfatizó él mismo.
Ese impacto es el que menos le preocupa al gobierno federal, aseguró Diego Lorente, director del centro Fray Matías de Córdova, ubicado en Tapachula.
A juicio del activista, entrevistado vía telefónica por este medio, lo que el presidente mexicano busca es hacer negocios en la frontera, y por lo tanto le interesa generar los desplazamientos humanos, ya sea de forma voluntaria o a la fuerza.
“Su moneda de cambio es incrementar el control, porque le da la excusa perfecta para militarizar y quitarles territorios a las comunidades originarias, mientras pone en marcha proyectos de infraestructura que están parados debido a la resistencia de las comunidades”, concluyó.
Migrantes centroamericanos con sueños mutilados - segunda parte
