Los sindicatos advierten al Gobierno de P.Rico contra la reforma laboral
Los sindicatos puertorriqueños protestaron hoy con una manifestación contra la reforma laboral del Gobierno que encabeza Ricardo Rosselló, quien dijo que esta permitirá que la isla caribeña sea un territorio económicamente más competitivo.
La manifestación, que según los convocantes reunió a cerca de 7.000 personas, se celebró junto al hotel de San Juan en el que Rosselló participó como principal orador de un encuentro organizado por el Ejecutivo y la patronal Asociación de Industriales de Puerto Rico.
La marcha, que según la Policía reunió a un número de participantes sensiblemente inferior al apuntado por la organización, es el segundo acto de protesta contra la reforma laboral tras el que tuvo lugar el pasado 29 de enero junto al Capitolio, la sede del Legislativo.
El presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) y portavoz de los sindicatos convocantes, Pedro Irene Maymí, señaló que el objetivo de la protesta de hoy era repudiar las medidas que lleva aparejadas la reforma laboral del Ejecutivo, que como aseguró atacan frontalmente a los derechos de la clase trabajadora.
Otro de los líderes sindicales que participaron en la marcha, Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores, aseguró que el objetivo del Gobierno es desarticular la presencia sindical en la isla y atacar a los trabajadores.
“Por todo ello estamos en pie de guerra”, dijo el líder sindical, que anunció que la de hoy es una más de las acciones previstas para hacer frente al Gobierno y su política laboral.
El gobernador, que volvió a acusar al Ejecutivo saliente de los males de la isla, dijo durante su intervención en el acto de la Asociación de Industriales, denominado Caucus con el Gobierno, que cualquier iniciativa que se tome debe estar orientada al desarrollo económico de Puerto Rico.
Rosselló sostuvo además que el Ejecutivo local y la Junta de Supervisión fiscal -entidad impuesta por el Congreso en Washington para afrontar la situación fiscal de la isla- están de acuerdo en la magnitud de los problemas que afronta Puerto Rico, pero no en las políticas para afrontarlos.
“No estamos de acuerdo con la Junta en despedir a 40.000 funcionarios”, dijo Rosselló, para quien tampoco la propuesta de la Junta de reducir en 1.000 millones de dólares el gasto sanitario es una medida adecuada.
El gobernador dijo que, sin embargo, sí es necesaria la reforma laboral, ya que permitirá que Puerto Rico sea competitivo en el escenario internacional.
Rosselló aprovechó para anunciar que se pagarán a los acreedores los intereses de las obligaciones generales dejados de abonar el pasado día 1 que ascienden a 1.300 millones de dólares.
“Estas acciones, basadas en nuestra ley de cumplimiento, denotan el cambio significativo de política pública de nuestra administración, restableciendo la credibilidad en Puerto Rico”, indicó el jefe del Ejecutivo.
Dio a conocer también la creación de un fideicomiso al que se transferirán 146 millones de dólares depositados en el Banco Popular para que se pueda pagar parte del compromiso con las Obligaciones Generales, sin tener que usar dinero destinado a los servicios esenciales destinados a la población.
Recordó que desde que el Ejecutivo tomó el poder a principios de año se han emitido 18 órdenes dirigidas a reducir el 20 % de los puestos de confianza en las agencias estatales, el 10 % de los contratos por servicios profesionales y otro 10 % de gastos operacionales.
La reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de García Padilla permite a los empleados acordar voluntariamente horarios flexibles para que los días de trabajo sean menos y reconoce por primera vez el derecho de las madres con empleo a tiempo parcial para que tengan 30 minutos de lactancia por cada 4 horas.
Establece que el período de prueba en los contratos pase de 9 a 12 meses para incentivar la contratación y en 12 los días acumulados de enfermedad para los nuevos empleados.
