El gobernador de Puerto Rico firma la Ley de Igualdad Salarial
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó hoy la Ley de Igualdad Salarial que establece, entre otras medidas, igual paga por igual trabajo, norma que complementa la orden ejecutiva que implementa la política pública de igual retribución en beneficio de las mujeres.
El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado de que Rosselló quiso hacer coincidir la firma de la nueva ley con el Día Internacional de la Mujer.
Según establece la ley, se prohíbe la discriminación salarial por razón de sexo, convirtiendo al estatuto en uno de los más avanzados que se haya adoptado en la historia de Puerto Rico.
“En pleno siglo XXI encontramos en Puerto Rico condiciones injustas para la mujer. Ante esto, el seguimiento y cumplimiento de políticas públicas a favor de nuestras mujeres contribuirá al desarrollo de una sociedad justa y equitativa, en que las mujeres tengan reales oportunidades de progreso”, sentenció el gobernador.
Como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, tomó juramento a las integrantes del Concilio de Mujeres.
Asimismo, la Oficina de la Primera Dama invitó a más de 400 mujeres destacadas en distintos ámbitos de nuestra sociedad -como el cultural, político, económico y sin fines de lucro- para propiciar el establecimiento de alianzas entre ellas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La ley aprobada hoy prohíbe a los patronos preguntar o indagar sobre los salarios de los solicitantes antes de ofrecerles un trabajo.
El objetivo es rompe el círculo vicioso que hacía que se asignara los salarios más bajos a las mujeres y evita que las mujeres continúen recibiendo menos paga durante toda su carrera.
Asimismo, por primera vez, se incluyen disposiciones para garantizar el cumplimiento de la ley pues todo patrono que despida, amenace, discrimine o tome represalia contra un empleado en violación a las prohibiciones detalladas en el estatuto, incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado.
La ley protege contra el discriminación salarial por razón de sexo, tanto en el sector público como en el privado, y cumple con el compromiso establecido en el Plan para Puerto Rico.
