Juez aplaza decisión sobre demandante en acuerdo de Universidad de Trump
Un juez federal aplazó hoy la decisión en torno al pedido de mujer de Florida de desvincularse del acuerdo legal por el que el presidente de EEUU, Donald Trump, aceptó pagar 25 millones de dólares para cerrar las demandas por fraude contra su universidad.
En una audiencia de poco más de una hora, el magistrado Gonzalo Curiel cuestionó la solicitud de Sherri Simpson, quien ha pedido se le permita desvincularse del acuerdo legal para así demandar al mandatario por su propia cuenta, un pedido que de ser autorizado retrasaría la puesta en efecto del acuerdo alcanzado poco después de que Trump lograra la Presidencia.
El juez, quien incluso fue blanco de críticas por parte del presidente, que dudó de la imparcialidad del magistrado por su origen mexicano, había aprobado el acuerdo de manera preliminar en diciembre, aunque hace unas semanas dos exestudiantes, incluyendo a la mujer de Florida, presentaron una objeción ante la corte.
En la audiencia de hoy, el magistrado consideró que el acuerdo alcanzado de diciembre fue justo, dado que los estudiantes recibirían “un monto extraordinario” del dinero invertido, y que habitualmente en ese tipo de demandas los afectados recuperan cerca del 20 por ciento.
El grupo legal que representa a los cerca de 4.000 estudiantes que iniciaron el proceso legal, y que producto del acuerdo recibirán hasta 90 centavos por cada dólar perdido en la universidad, argumenta que las objeciones de la mujer carecen de sustento y alargan la agonía de quienes iniciaron esta batalla legal siete años atrás.
“Si lo que está pidiendo procede, podría aplazar el pago o descarrilar todo el acuerdo por un par de años”, dijo al término de la audiencia uno de los integrantes de ese equipo legal, el abogado Patrick Coughlin, quien calificó el hecho como “una terrible posición”.
Simpson ha señalado para justificar su pedido que desea una disculpa pública, o una admisión de culpa, por parte del presidente Trump, ante lo que el grupo legal considera que lo mejor que se puede obtener de este litigio es una restitución económica de los daños.
“Incluso si prevalece en el juicio, no obtendría una disculpa, obtendría una apelación, así que no hay un resultado posible en este caso que derivará en una disculpa del presidente”, afirmó por su parte el abogado Jason Forge.
La Universidad Trump, que abrió en 2005 y cerró cinco años más tarde, nunca tuvo licencia para operar y defraudó con su oferta educativa a miles de consumidores, según documentos judiciales.
El centro ofrecía cursos sobre negocios inmobiliarios y finanzas con matrículas de hasta 35.000 dólares y había sido objeto de dos demandas por parte de estudiantes en California y de otra en Nueva York, iniciada por la Fiscalía del estado.
La defensa de Simpson reiteró que lo único que la mujer busca es que el presidente rinda cuentas, porque “nadie está por encima de la ley y eso incluye a Donald Trump, sin importar si es o no el presidente”, según explicó el abogado Ilann Maazel.
Los abogados de Trump y de los demandantes defienden que había una fecha límite, noviembre de 2015, para salirse de la demanda colectiva, ante lo que los representantes de la mujer consideran que la condición no se explicó con precisión.
