Economistas: P.Rico precisa inversión privada si no quiere que agrave crisis
El Plan Fiscal para Puerto Rico podría traer consigo la caída de un cuatro por ciento en el Producto Interior Bruto (PIB) de la isla, según advirtieron hoy varios economistas que, añadieron, necesita de inversiones del sector privado sino quiere que la crisis que atraviesa sea mayor.
Así lo aseguraron hoy en la sexta reunión publica de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico, varios economistas durante su intervención en la sesión.
Un encuentro en el que también intervino el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien exhortó a la Junta de Supervisión Fiscal a servir como facilitador ante el gobierno de Estados Unidos para que Puerto Rico pueda superar la crisis fiscal.
“La Junta de Supervisión Fiscal necesita jugar un papel crítico al abogar y obtener resultados en nombre de Puerto Rico para las medidas del poder Ejecutivo y del Congreso. Nuestro equipo está listo, estamos mostrando la ejecución de los proyectos, pero necesitamos la colaboración de la Junta en estos frentes para que el Gobierno federal responda de manera positiva a nuestros reclamos”, dijo el primer mandatario durante su exposición ante el organismo.
Una opinión apoyada por la comisionada residente ante Washington, Jeniffer Gonzalez-Colón durante su participación, quien opinó que no es lo mismo que lo hagan ellos a que lo realice la junta que es obra del Congreso.
El gobernador presentó además estrategias de desarrollo económico ante la Junta de Supervisión Fiscal durante su sexta reunión pública en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Entre las iniciativas están la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por su sigla en inglés) que tiene como misión impulsar la marca de Puerto Rico en el exterior; Enterprise Puerto Rico que persigue aumentar la productividad e insertar a la empresa privada de manera activa en el crecimiento económico; y el proyecto de las Alianzas Público Privadas Participativas.
Éste tiene como propósito mejorar la infraestructura de la Isla mediante acuerdos con la empresa privada.
Además anunció que privatizará unos 340 servicios que suministra el gobierno y que ampliará, mediante varias medidas, el sector manufacturero, además de buscar la reanimación del turismo.
Por otro lado, en su intervención de hoy ante la junta el execonomista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y antiguo asesor del gobierno puertorriqueño, Andrew Wolfe, predijo que tardarán unos diez años en que las reformas económicas anunciadas por el actual ejecutivo puedan dar sus frutos
Junto a Roselló, también intervinieron, entre otros, J.Joaquín Villamil, principal oficial ejecutivo y presidente de la Junta de Directores de la compañía Estudios Técnicos, Gustavo Vélez, presidente y fundador de la firma Inteligencia Económica, así como Andrew Wolfe, profesor de la Escuela de Servicio Internacional de la American University.
En su intervención Wolfe dijo que las medidas contempladas en el Plan Fiscal para Puerto Rico podrían hacer caer el PIB un cuatro por ciento en 2018 y 2019, aunque la misma sería transitoria, e indicó que para levantar a la isla es imprescindible un crecimiento económico.
A su vez predijo que la recuperación económica no llegará hasta 2025.
Por su parte, Vélez estimó que la isla precisa de unos 8.000 millones de dólares en inversión privada para salir de la crisis mientras que Villamil advirtió que Puerto Rico parte de “menos cero” en el camino hacia la recuperación y resolver la deuda de unos 70.000 millones de dólares.
Por último, el gobernador instó al Congreso de Estados Unidos a que aplique las recomendaciones realizadas por un grupo de trabajo que creó para que buscara formas de animar la economía de la isla.
La celebración de la reunión de la Junta en San Juan estuvo acompañada por una manifestación de estudiantes y otra de maestros, quienes protestan por los recortes que implican una reducción de 450 millones en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la posible reducción de varias escuelas públicas, entre otros.
Por otro lado, el presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Manuel Fernós, aseguró en su intervención ante la junta que debe reforzarse el vínculo entre la educación y la oferta laboral.
“La oferta académica de las instituciones de educación superior tiene que estar atada a la demanda laboral. Esa comunicación constante es vital para asegurarnos que el producto de nuestras instituciones contribuya al desarrollo económico y al aumento del empleo”, dijo.
La Junta de Supervisión Fiscal para la isla que establece la ley Promesa y fue aprobada por el Congreso estadounidense en junio de 2016.
