Distribuidores independientes gas de Puerto Rico piden anular ley servicio público
La Coalición de Distribuidores Independientes de Gas Licuado (Codigas), solicitó hoy al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico, José Carrión, y sus miembros, que anulen el proyecto del Senado 525 sobre la Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público.
El mismo, indicaron en un comunicado, contiene “indicaciones contrarias a la política pública desarrollada por ese organismo fiscal federal”.
Además, indicaron, es contrario a las exigencias y posturas de la JSF.
El Proyecto del Senado 525, “Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público”, aumenta el número de comisionados de la agencia Comisión de Servicio Público, a siete miembros, de los actuales cinco.
De igual forma, consideraron, la nueva ley da poder “ilimitado” al presidente de esa Comisión, incluyendo el poder para crear plazas de Jueces Administrativos, lo que por naturalidad obligaría aumentar el presupuesto y necesidad de recursos económicos en esa agencia de gobierno.
“Esto es contrario a lo dispuesto por la JSF, “donde se nos informa diariamente que hay que economizar en todas las agencias de servicio público”, dijo Carlos Declet, presidente de la Coalición de Distribuidores Independientes de Gas Licuado (Codigas).
“Esto se aprobó a la ligera y sin ningún análisis serio. Es necesario que la Junta anule esta legislación, que en cierta manera reta el poder de ese organismo sobre el manejo de las finanzas del país. De igual forma, la Junta debe advertir al Gobierno que no se puede utilizar la propia presencia de ese organismo para legislar asuntos que pueden afectar al pueblo consumidor, como lo es el permitir la aprobación de permisos sin el debido proceso de leyes y reglamentos vigentes”, agregó.
Además subrayó que el proyecto del Senado 525 “permite la concesión de un permiso para una planta de gas licuado en forma temporera”.
“Los permisos para la industria de gas licuado conllevan el aspecto de seguridad del producto, cosa que no se puede hacer con un permiso temporero o simple, como expresa la medida aprobada por el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes”, agregó Declet.
