Cumple el plazo para que la Universidad de P.Rico apruebe un plan fiscal
La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene hasta hoy para aprobar un plan fiscal que establezca las finanzas de la institución educativa para la próxima década, bajo la presión de millonarios recortes.
El organismo rector de la UPR, que registró durante los pasados meses de abril y mayo una huelga de estudiantes por los recortes exigidos por la entidad de control federal, deberá dar a conocer a la Junta de Supervisión Fiscal cuál es el plan maestro que se utilizará para confeccionar los presupuestos de los próximos años.
La UPR corre el riesgo, en caso de no presentar el plan, de que sea la Junta de Supervisión Fiscal, entidad establecida por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), la que tome la iniciativa.
Promesa fue aprobada al comienzo del verano de 2016 por el Congreso en Washington después de que el Gobierno de Puerto Rico diera a conocer que no tenía liquidez para hacer frente al pago de vencimientos a los acreedores de una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares.
La imposibilidad de Puerto Rico de acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal de EE.UU. favoreció la aprobación por el Congreso en Washington de Promesa, cuyo título III permitió la puesta en marcha de un proceso de reestructuración de la deuda.
Los ajustes que puede aprobar la Junta de Gobierno de la UPR podrían afectar a las matrículas de los estudiantes en forma de una subida, una medida impopular en un momento en el que Puerto Rico atraviesa por una profunda crisis económica que se prolonga ya por más de una década.
La UPR podría, como forma de incrementar sus ingresos, facturar a las aseguradoras médicas por los servicios prestados en sus recintos.
Otra medida posible pasaría por una revisión de las exenciones del pago de matrículas a estudiantes con bajos ingresos y de las actuales becas, lo que significaría un ingreso adicional de millones de dólares para las arcas de la UPR.
Los aumentos de matrícula podrían acercarse en algunos casos al 50 %, aunque, de momento, no hay información oficial por parte de la Junta de Gobierno de la UPR, que recibió la recomendación de presentar un plan fiscal antes del 1 de agosto, fecha que cumple mañana.
Los recortes que de seguro implantará la Junta de Gobierno de la UPR provocaron una huelga de cerca de 60 días durante los pasados meses de abril y mayo, ante el convencimiento de los estudiantes de que la Junta de Supervisión Fiscal exigió a la entidad educativa unos recortes que harían imposible mantener unos niveles de calidad mínimos.
La Asamblea Nacional de Estudiantes de la UPR decretó una huelga en contra del recorte de más de 500 millones de dólares que exigió la Junta de Supervisión Fiscal.
Desde ese momento, los estudiantes tomaron el control de los portones en la mayoría de los recintos universitarios, hasta el 5 de mayo pasado.
Para entender la situación actual hay que retroceder a 2015, cuando el Gobierno de Puerto Rico ve cómo ya no puede acudir más a los mercados para financiarse porque nadie le presta ante la amenaza de un impago.
El Ejecutivo de la isla promueve entonces, con el objetivo de solucionar el caos que se avecina mediante una bancarrota, la Ley de la Quiebra Criolla, que en junio de 2016 declara inconstitucional el Tribunal Supremo de EE.UU.
La indefensión en la que quedaba Puerto Rico sin poderse acoger a un proceso ordenado de quiebra y la evidencia de que no podía pagar la deuda forzó a que en junio de 2016 el Congreso aprobara Promesa, concebida para que el Ejecutivo local pueda cumplir con los acreedores y seguir operando el Gobierno.
