‘No estamos bien aquí’: muertes, intentos de suicidio y huelgas de hambre en centro de detención para migrantes

The Adelanto immigration detention center has been plagued with complaints. (Aug. 8, 2017)

Hoy Los Angeles

Ago. 9, 2017 5:40 AM PT

Alexander Burgos Mejía estaba en su litera, en el Centro de Detención de Adelanto, un martes de julio por la noche, cuando de repente escuchó el grito de un guardia.

Al entrar a una sala de uso común, Burgos Mejía vio a un hombre colgando del segundo piso, con una sábana alrededor del cuello, recordó en la entrevista. Una de las guardias estaba tratando de levantarlo, y él corrió a ayudarla antes de que llegaran otros oficiales y cortaran la sábana.

El incidente, del 11 de julio pasado, fue el quinto reporte de intento de suicidio en el centro de detención desde diciembre último, según el registro de llamadas al 911 del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, obtenido por The Times mediante una solicitud de registros públicos.

Un guardia acompaña a un inmigrante detenido desde una unidad de vivienda segregada a la población general, en el Centro de Detención de Adelanto, en 2013 (John Moore / Getty Images).

El incidente perturbó a Burgos Mejía, de 28 años, quien llegó a los EE.UU. a comienzos de este año desde Honduras, escapando de las pandillas y en busca de asilo, y está detenido desde entonces. “Creo que hacer algo así ha cruzado la mente de todos nosotros, los que estamos encerrados aquí”, afirmó.

Apenas llegó a Adelanto, Burgos Mejía contó, sintió que era tratado como un criminal, no como un refugiado. “Es el sentimiento más horrible”, dijo. “Desde el momento en que llegas te encadenan de pies y brazos”.

Funcionarios del gobierno sostienen que el Centro de Detención de Adelanto está sujeto a “requisitos operatorios rigurosos” y es rigurosamente monitoreado para asegurar que se cumplan esas normas. Cuando se identifican problemas, se abordan rápidamente, señalan los funcionarios.

Pero las quejas sobre las instalaciones han crecido particularmente este año, después de varios intentos de suicidio y de tres muertes registradas desde marzo, con múltiples huelgas de hambre de los detenidos.

Localizado en el desierto alto, 85 millas al noreste de Los Ángeles, el Centro de Detención de Adelanto puede albergar a casi 2,000 hombres y mujeres. Los funcionarios sostienen que más de 73,000 detenidos han pasado por el lugar desde que abrió sus puertas, en 2011. Entre ellos hay solicitantes de asilo, personas atrapadas en redadas inmigratorias, y otras identificadas por las autoridades como potencialmente deportables después de caer en cárceles locales. Algunos han vivido en los Estados Unidos durante décadas; otros fueron enviados a Adelanto poco después de cruzar la frontera.

El Centro de Detención de Adelanto, Geo Group, donde los detenidos se han quejado reiteradamente por maltratos (Irfan Khan / Los Angeles Times).

El Grupo GEO, que opera docenas de prisiones privadas y centros de detención de todo el país, posee y maneja esta institución. GEO Group recibe del Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. (ICE) una cuota de hasta $112 al día por detenido, y la ciudad de Adelanto funciona como intermediaria.

Los detenidos y defensores se quejan hace tiempo por negligencias médicas, maltratos por parte de los guardias, faltas de respuesta a los pedidos y otros problemas. Los inspectores gubernamentales también notaron deficiencias significativas en la instalación, a menudo relacionadas con la atención médica.

The Times entrevistó a detenidos, así como a sus abogados y consejeros, y examinó reportes locales de aplicación de la ley que datan de 2011, cuando se inauguró la instalación.

En noviembre de 2011, un contratista de ICE que realizaba una revisión anual criticó el centro porque que “los oficiales médicos no llevaban a cabo evaluaciones de salud de los detenidos dentro de los 14 días de su arribo; las enfermeras registradas eran quienes hacían estimaciones del estado general” sin el debido entrenamiento o certificación.

Diez meses más tarde, un reporte de la Oficina de Supervisión de Detención del ICE descubrió que muchas solicitudes de atención médica estaban retrasadas, y que no se habían revisado los expedientes con prontitud.

Ese informe también indicó que la muerte del detenido Fernando Domínguez Valdivia, en marzo de 2012, ocurrió después de “errores flagrantes” del personal médico y podría haberse prevenido.

En 2014, otro reporte de la misma oficina consideró a Adelanto como deficiente en 26 áreas, entre ellas 16 relacionadas con los esfuerzos de la instalación para prevenir e intervenir en casos de abuso sexual.

Después de la muerte, en 2015, de Raúl Ernesto Morales-Ramos, los inspectores hallaron nuevamente responsabilidad en Adelanto. En los meses previos a su deceso, Morales-Ramos había presentado dos quejas a los funcionarios del centro. “A quien reciba esto, le hago saber que estoy muy enfermo y que no quieren cuidarme”, escribió en una de ellas. “La enfermera sólo me da ibuprofeno y eso sólo me alivia por unas pocas horas. Háganme saber si pueden ayudarme; sólo necesito atención médica”.

Morales-Ramos había estado detenido desde su arresto, en 2010, por una orden judicial emitida en El Salvador por conspiración con homicidio agravado. Su caso persistió durante años y fue trasladado a varios centros de detención hasta aterrizar en Adelanto en mayo de 2014. El hombre habló de problemas gastrointestinales y otros durante toda su detención; y se le suministraban analgésicos y medicamentos para el estreñimiento y la diarrea.

Eventualmente, un médico que lo examinó encontró una masa abdominal que fue “la más grande que había visto en sus años de práctica”, conforme la revisión realizada después de su muerte. A juzgar por su tamaño, el tumor había estado presente durante meses.

El informe del deceso, preparado por la Oficina de Supervisión de Detención, señaló que Adelanto no había brindado a Morales-Ramos una atención médica oportuna y completa, entre otras fallas.

Funcionarios de ICE se negaron a dar una entrevista al respecto.

En una respuesta por escrito a las preguntas de este medio, la vocera de la agencia, Virginia Kice, afirmó que los centros de detención han sido objeto de reformas en los años recientes, para asegurar que “aquellos bajo custodia del ICE reciban acceso oportuno a servicios médicos y tratamiento”.

Esas reformas incluyen la asignación de coordinadores médicos a las oficinas de campo de la agencia, que puedan monitorear de cerca casos complejos, señaló Kice. Funcionarios de inmigración también han simplificado el proceso para autorizar la atención médica de los detenidos mediante proveedores externos, informó.

Pablo Páez, vocero de GEO Group, también se negó a ser entrevistado. En un comunicado, afirmó: “El Centro de Detención de Adelanto tiene un largo historial de brindar servicios de alta calidad y culturalmente receptivos, incluyendo atención médica las 24 horas, en un ambiente seguro y humano, que cumple con las necesidades no penales ni punitivas de los inmigrantes detenidos. Tomamos todas las revisiones y auditorías con la máxima seriedad y, cuando es necesario, implementamos acciones correctivas oportunas”, afirmó Páez.

También señaló que durante su más reciente auditoría anual, se encontró que el centro cumplía “con el 100% de las normas establecidas por el ICE”. No obstante, no proporcionó copia de dicho informe. The Times presentó una petición bajo el marco de la Ley de Libertad de Información para obtener copias de todas las inspecciones recientes efectuadas allí a principio de junio, pero aún no han sido proporcionadas.

La abogada Mayra Gámez, quien ha representado a decenas de detenidos de Adelanto en sus casos de inmigración, afirmó que a menudo actúa también como defensora médica y presiona para que sus clientes tengan acceso a médicos y a cuidados de seguimiento. “Hay veces en que finalmente ven a alguien, pero no es un médico sino un enfermero, y ellos sólo les suministran ibuprofeno y les dicen que no es nada”, expresó. “En ocasiones [sus clientes] están de acuerdo con la deportación, porque tienen miedo sencillamente de morir en un centro de detención, después de sus múltiples intentos de buscar ayuda o cuidados”, añadió.

Desde la muerte de Morales-Ramos, en 2015, otros cuatro internos han muerto en las instalaciones. Dos días antes de Navidad, en 2015, José Manuel Azurdia-Hernández, de 54 años y oriundo de Guatemala, murió de un ataque cardíaco, según el ICE.

En marzo de este año, Osmar Epifanio González-Gadba, de 32 años y ciudadano nicaragüense, falleció seis días después de ser hallado colgado en su celda.

Un mes después, el mexicano Sergio Alonso López, de 55 años, murió días después de ser internado en un hospital por vomitar sangre. Funcionarios de inmigración sostienen que el hombre tenía un historial médico complicado. La causa principal de muerte fue sangrado interno.

En mayo, Vicente Cáceres-Maradiaga, hondureño de 46 años de edad, falleció en una ambulancia de camino al hospital. La causa preliminar de muerte fue señalada como síndrome agudo coronario, indicaron en un comunicado los funcionarios de inmigración.

Mientras que cualquier fallecimiento de un detenido es causa de preocupación, los números deben considerarse en contexto, remarcó Kice. “Cabe destacar que Adelanto no experimentó muertes de detenidos en los años fiscales 2011, 2013, 2014 y 2016”, detalló. Sólo un detenido pereció como resultado de un intento de suicidio, agregó, en referencia a González-Gadba.

Cuando se trata de prevención de suicidios, señaló Kice, los detenidos son examinados en su admisión y “se presta atención inmediata a aquellos que presentan peligro o riesgo inminente para sí mismos”.

A principios de julio, en una corte de ladrillos blancos, detrás de tres puertas cerradas en el centro de Adelanto, el solicitante de asilo Omar Rivera Martínez se enfrentó al juez de inmigración José Peñalosa, quien pasó varios minutos explicándose sus derechos. Pero Rivera Martínez quería decirle al magistrado lo que había ocurrido este verano, cuando él y otros ocho detenidos anunciaron una huelga de hambre para protestar por las condiciones en Adelanto. “Los funcionarios de GEO nos golpean y rocían con gas; creo que eso no está bien”, le dijo al juez.

Omar Rivera Martínez, detenido en Adelanto, afirma que fue golpeado por los guardias en junio último (Irfan Khan / Los Angeles Times).

Rivera Martínez señaló su boca -donde tenía una abertura en sus dientes- y su nariz -torcida hacia la izquierda-, para mostrarle a Peñalosa los daños que, según él, le habían causado los guardias.

La abogada Nicole Ramos afirmó ante el juez que le costaba comunicarse con Rivera Martínez porque el centro había bloqueado su número telefónico (funcionarios de ICE informaron que, en ciertos casos, toman esa medida por razones de seguridad).

Peñalosa respondió que tendría en cuenta las quejas, aunque también explicó a Rivera Martínez que su tribunal se encarga de decidir casos de inmigración, no de resolver los problemas del centro de detención.

Rivera Martínez llegó a los EE.UU. esta primavera, en una caravana con decenas de solicitantes de asilo, oriundos de América Central. Según relató, huyó de El Salvador después de que una pandilla asesinara a su hermano y secuestrara a él, a su esposa y su hija adolescente, quienes atestiguaron el homicidio. Cuando la familia logró escapar, se enteraron de que su casa había sido ocupada por los pandilleros.

“Ya no puedo volver allí nunca más”, aseguró.

Nueve de los solicitantes de asilo de la caravana volvieron a reunirse después de ser detenidos en Adelanto, y pronto se sintieron frustrados por el tratamiento dado. “Nunca desearía este lugar, Adelanto, para nadie”, aseguró José Cortez Díaz, de El Salvador. “El maltrato es simplemente demasiado”.

El grupo comenzó una huelga de hambre y escribió una carta a los funcionarios, describiendo sus demandas. Incluyeron bonos, nuevos uniformes -particularmente nueva ropa interior- más tiempo para servicios religiosos, papeleo en sus lenguas nativas, agua limpia 24 horas al día y mejores alimentos.

El 12 de junio, durante el desayuno, intentaron entregar la carta a un guardia y pidieron hablar con alguien que pudiera atender sus quejas. A medida que llegaban más oficiales, entrelazaron sus brazos y se negaron a marcharse.

Rivera Martinez y varios otros dicen que entonces fueron regados con spray de pimienta y golpeados, lo cual derivó en las lesiones que le mostró al juez.

Ramos, la abogada, presentó una queja ante la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU., solicitando se investigue “el brutal ataque a estos hombres”.

Kice, la vocera del ICE, expresó que la situación planteaba un riesgo para los empleados y el resto de los detenidos. “A pesar de las reiteradas órdenes del personal de seguridad, varios de los hombres continuaron resistiéndose físicamente a los comandos de someterse a restricciones mecánicas”, informó Kice en un email. “Los oficiales aplicaron el nivel de fuerza necesario para sacar a los detenidos de la unidad de residencia y trasladarlos temporalmente a un área de vivienda restringida”.

Ninguno de los individuos resultó herido, manifestó Kice, y agregó que la revisión consideró que “se siguieron las políticas y procedimientos apropiados”.

Después que se permitió el regreso de los reclusos al área de detención general, estos comenzaron otra huelga de hambre, que duró varios días.

A comienzos de julio el grupo lanzó una tercera huelga, que se prolongó cerca de 72 horas e incluyó decenas de participantes extra, señalaron los detenidos y sus partidarios.

En una carta dirigida a los funcionarios, remarcaron el pedido de reducción de sus fianzas para poder salir de Adelanto mientras avanzan con sus casos de asilo. Varios solicitantes expresaron que sus fianzas oscilan entre los $15,000 y los $35,000 dólares.

“Necesitamos que nos dejen salir de aquí de inmediato”, afirmó Rivera Martínez. “No nos sentimos bien aquí; estamos en peligro. Estamos en medio de un huracán aquí dentro”.

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Traducción: Valeria Agis

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