Investigación de extitular Pemex pone a prueba leyes anticorrupción de México

México —  La investigación en torno al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, señalado por recibir supuestamente 10 millones de dólares en sobornos, pondrá a prueba las leyes anticorrupción de México, aunque el resultado será exitoso solo si se esclarece la trama en su totalidad, aseguraron expertos consultados por Efe.

La existencia de una norma anticorrupción no es suficiente para responder con seguridad a la pregunta que planea sobre la supuesta implicación de Lozoya en la trama Odebrecht: ¿podemos garantizar que realmente va a haber una investigación independiente?, plantea Marco Fernández, investigador de México Evalúa.

“Una de las piezas clave es que la fiscalía general realmente cuente con independencia política y fortaleza jurídica para poder hacer correctamente la investigación (...) y ahorita no estamos en esa situación”, asevera el también profesor del Tecnológico de Monterrey.

El diario O’Globo y el laboratorio de investigación periodística El Quinto Elemento publicaron el pasado domingo un reportaje basado en las declaraciones de tres altos ejecutivos de Odebrecht frente a la justicia brasileña.

Según estos medios, Lozoya recibió más de cuatro millones de dólares de abril a noviembre de 2012 -la mayoría durante la campaña electoral del entonces candidato Enrique Peña Nieto- y seis más cuando ya era titular de Petróleos Mexicanos, cargo que ejerció desde finales de ese año hasta enero de 2016.

Fernández remarca que la investigación no solo consiste en “perseguir” al exdirector: “El éxito o fracaso de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) depende de si realmente va a poder identificar y desmantelar la red de corrupción que operó alrededor de este caso”.

“¿Nadie más en Pemex estaba involucrado? ¿En realidad no se dieron cuenta en la Unidad de Inteligencia Financiera de movimientos de depósitos raros o de patrones de consumo que no correspondía al historial de ingresos de esta persona y de otros colaboradores?”, se pregunta el analista, convencido de que un “esquema de esta naturaleza” no lo pudo operar una persona en solitario.

Tras comparecer ante la PGR, Lozoya dio el jueves una rueda de prensa en la que aseguró que “no existe un solo elemento de prueba” en su contra en la carpeta de investigación del caso, aunque la fiscalía mexicana ya avanzó que “en los próximos días” el Ministerio Público brasileño entregará, entre otras informaciones solicitadas, las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht.

El fiscal general, Raúl Cervantes, aseguró que se actuará con “todo el peso de la ley y sin excepción” contra los implicados en la trama de corrupción en México.

No obstante, Fernández recuerda que “no es la primera vez” que se hace una afirmación semejante y luego se ha demostrado que en el país “el peso de la ley es como el peso de una pluma”.

Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano Para La Competitividad (IMCO), señala a Efe que en la investigación pesa un “velo de desconfianza ciudadana” motivado, en parte, por el “cinismo que existe de muchos servidores públicos de alto rango que han cometido actos de mal manejo de recursos públicos”.

Y es que en el país han brotado numerosos escándalos de corrupción, entre los que destacan aquellos que implican a exgobernadores, como el veracruzano Javier Duarte, bajo proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, o Guillermo Padrés, exmandatario de Sonora acusado de los mismos delitos, así como defraudación fiscal, y que se entregó en enero tras un mes prófugo.

Uno de los “grandes retos” de México, considera el abogado, es “cerrar la brecha entre las leyes y lo que pasa en realidad”, es decir, constatar “la eficacia de la norma”.

Si finalmente se demuestra la responsabilidad de Lozoya, “esto podría ser un botón de muestra para comenzar a mostrar cómo funciona el sistema (anticorrupción) y las consecuencias reales”.

Corona agrega que da la impresión de que las autoridades tampoco “han agotado todas las posibilidades” para cumplir con el eje transversal de la transparencia que debería regir en los organismos públicos, lo que en esta ocasión tiene una especial relevancia por el peso que tiene la actividad de Pemex en la economía nacional.

Para entender el caso de Lozoya se necesitan datos, y “lamentablemente, a diferencia de lo que sucede en otros países, que lo tienen bien documentado (los aspectos relacionados con la trama Odebrecht), (aquí) no tenemos esa calidad de información”, apunta.