Oposición en P.Rico pone abogados a disposición funcionarios en caso despidos
El Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico, pondrá a disposición de los empleados públicos, a varios abogados que estarán listos para llevar ante los tribunales los casos de despidos “injustificados, persecución política, traslados forzosos y cualquier otra acción ilegal que violente sus derechos como trabajadores del sector público”.
Así lo anunció hoy el presidente del PPD, Héctor Ferrer, quien junto al representante Jesús Manuel Ortiz, denunció “el impacto billonario” de las medidas del plan fiscal del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.
Ferrer explicó que hasta ahora, el plan fiscal del gobernador ha afectado a unos “5.000 trabajadores transitorios que fueron despedidos, cerca de 1,6 millones de pacientes de la reforma que han sufrido las reducciones en sus cubiertas médicas, otros 50.000 estudiantes del sistema de la UPR con los aumentos en sus matrículas y recortes en el presupuesto; y ahora, con la inminente reducción de jornada laboral que podría impactar hasta a 138.000 trabajadores”.
“A esos miles de servidores públicos y sus familias que ya comenzaron a sentir la carga que le impone el plan fiscal del gobernador les digo; el PPD no los dejará solos”, advirtió.
El PPD pondrá a su disposición “a nuestros abogados para defenderlos de cualquier acción que este fuera del marco legal y la justicia. Vamos a evaluar los despidos, la reducción de jornada, las transferencias irregulares de una agencia a otra y cualquier otro acto guiado por motivaciones de fanatismo político”, dijo.
Los dirigentes populares también opinaron que el gobernador “pretende hacer responsable a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de la nueva ola de despidos al solicitar que sea ese ente y no el gobierno el que proceda con la remoción de los empleados públicos”, dijo.
“Este fracasado intento de manipulación era una clara estrategia de evitar que los jefes de agencias de su administración fueran demandados por los despidos injustificados y la persecución política, ya que la inmunidad legal que cobija a los miembros de la JSF no es extensiva a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico”, dijo
“Si el gobernador y su administración están convencidos que tienen la razón, por qué no asumen las consecuencias de sus actos. La persecución política es ilegal y el que se preste para eso tendrá que responder ante la justicia.”, opinó.
Por su parte, Ortiz sostuvo que el plan fiscal del gobernador y aprobado por la JSF tendrá un impacto que sobrepasará los mil millones en un año
“Los recortes a los municipios han obligado a la reducción de jornada laboral de más de 15.000 empleados municipales en 22 municipios con un impacto económico de 31 millones”, reveló.
Asimismo, indicó que se despidieron más de 5.000 empleados transitorios lo que representó una merma de 100 millones de dólares en salarios y beneficios que perdieron esos empleados, otros 350 millones en servicios esenciales en los municipios como recogido de basura, mantenimiento de carreteras y atención directa a la grupos poblacionales; y, como si fuera poco, ya se inició la reducción de 100 millones en el Plan de Salud del Gobierno, especialmente en los medicamentos”, señaló.
En el caso de la Universidad de Puerto Rico, dijo, los recortes escalonados conllevarán un impacto de unos 200 millones, otros 250 millones en los recortes de pensiones y otros 420 millones en reducciones de la jornada laboral que representará el 10 por ciento del salario de los empleados públicos.
Por último, emplazó al gobernador “a que nos diga qué más esconde su plan fiscal”.
