Activistas apelan a ONU sobre abusos con reos inmigrantes en Georgia
Una coalición de organizaciones proinmigrantes y de derechos humanos anunció hoy el envío de una petición a la ONU para que investiguen presuntos abusos que se comenten en centros de detención en Georgia.
Los activistas quieren ejercer presión sobre autoridades federales tras intentar infructuosamente mejorar las condiciones de los detenidos y prevenir futuras muertes, como las registradas en los últimos años.
La misiva, dirigida a Felipe González Morales, relator de la Oficina de Derechos Humanos y de los Inmigrantes de la ONU, solicita investigación sobre el uso arbitrario de confinamiento en solitario, la obstrucción sistemática al derecho a recibir asistencia legal, la falta de acceso a cuidado médico y las muertes de inmigrantes no investigadas.
“Queremos que ellos visiten formalmente estas instalaciones y, si ellos no pueden obtener el permiso formal del gobierno de Estados Unidos, que lo hagan de manera informal en apoyo y que emitan una condena internacional de las condiciones”, dijo a Efe Azadeh Shahshahani, abogada de Project South, una de las organizaciones que impulsó la medida.
Además de Project South, aparecen como firmantes otras 70 organizaciones y la Escuela de Leyes de la Universidad de Pennsylvania, a través de su Clínica Legal Transnacional.
La activista señaló que decidieron acudir a la ONU pues pese a que han solicitado en repetidas ocasiones que se investigue la muerte de los inmigrantes Jeancarlo Alfonso Jiménez Joseph y Yulio Castro Garrido, panameño y cubano, respectivamente, que fallecieron mientras estaban detenidos, y no han recibido una respuesta positiva por parte del gobierno.
La misiva, que fue presentada en el primer aniversario de la muerte de Jiménez Joseph, pide a la organización visitar los centros de Stewart e Irwin para documentar los presuntos abusos.
Project South ha cuestionado además en repetidas ocasiones que los detenidos trabajen de manera supuestamente “voluntaria” en el programa laboral de ambos centros, donde reciben la paga de entre 1 y 4 dólares al día por realizar labores de limpieza y preparación de alimentos.
La organización ha catalogado la práctica como una “forma moderna de esclavitud”, dado que aseguran que los detenidos son castigados con confinamiento en solitario o se les restringe el acceso a necesidades básicas como la alimentación y la comunicación con sus familiares, si no acceden a trabajar en el programa.
“El abuso y explotación de la labor de los inmigrantes detenidos por parte de CoreCivic Inc. como parte de su estrategia para producir ganancias constituye una forma de esclavitud contemporánea”, indicó la abogada de Project South.
Esta organización, en conjunto con Southern Poverty Law Center (SPLC) y una firma de abogados, presentó recientemente una demanda contra CoreCivic Inc, corporación privada que administra ambos centros, para exigir que pongan fin a esta práctica.
