Activistas exigen se reforme el sistema penitenciario “cruel” en Arizona
Un grupo de personas pidió este viernes al gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, que despida al director del Departamento de Correcciones estatal y que cese la cultura de “crueldad” en las prisiones locales.
Durante una concentración organizada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), e iniciada delante de la citada agencia estatal, los manifestantes pidieron, mediante una carta al gobernador, que se despida al director Charles Ryan y se proporcione cuidados médicos dignos a los internos para que “paren las muertes” en las prisiones estatales.
“Se están muriendo de cáncer, diabetes, hipertensión, se requiere una reforma penal justa y que paren de criminalizar a las comunidades hispanas y de color”, dijo a Efe Rubén Lucio, director de la campaña Smart Justice de ACLU, en alusión a algunos internos con problemas de salud.
“Demandamos la salida de Ryan y exigimos que en vez de enfocar en poner más candados a las celdas se enfoquen en el bienestar de las personas que están bajo su custodia, que se les trate como humanos en las correccionales de Arizona”, agregó.
Khalil Rushdan, coordinador de Alianzas en ACLU Arizona, se refirió a “las realidades inhumanas en las prisiones estatales durante años”.
“El 95 por ciento de las personas en nuestras prisiones volverán a casa algún día. Su experiencia dentro del Departamento de Correcciones debe ser un proceso de sanación, no punitivo”, resaltó.
En la marcha participó Erika Molett, hija de Richard Washington, quien murió mientras estaba en custodia del Departamento de Correcciones de Arizona (ADC) en enero de este año debido a la falta de tratamiento médico, como él mismo lo señaló poco antes de perecer.
El reo falleció por complicaciones relacionadas con la diabetes, la hipertensión y la hepatitis C, de acuerdo al resultado de la investigación de la oficina forense del Condado de Pinal.
Washington, de 64 años y que cumplía condena en el Complejo Penitenciario del Estado de Arizona, en Florence, presentó seis semanas antes de su deceso un documento en el que afirmaba que ya estaba “muerto” debido a una atención médica inadecuada.
“Estamos frente a un sistema injusto. Prefieren argumentar en los tribunales que los prisioneros son un peligro para los barrios, pero las personas adentro con problemas de salud mental o enfermedades crónicas no reciben ningún tipo de tratamiento, es totalmente inhumano”, denunció Lucio.
