Junta Fiscal para P.Rico designa a 78 municipios entidades bajo Ley Promesa
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico anunció este jueves, en su decimosexta reunión pública, que designa los 78 municipios de la isla como entidades cubiertas bajo la Ley Promesa con el objetivo de asegurar su viabilidad fiscal a largo plazo, a la vez que certificó el Plan Fiscal para el Gobierno.
La Junta de Supervisión Fiscal también requerirá un plan fiscal de 5 años de parte del Centro de Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM), que ya era una entidad cubierta bajo la citada ley (para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico).
Inicialmente, la Junta de Supervisión trabajará un proyecto piloto con 10 municipios cercanos geográficamente para que desarrollen sus planes fiscales y presupuestos a ser certificados por la Junta, según el itinerario establecido que termina a fines año fiscal corriente.
“Hemos escuchado a los alcaldes. Estamos siendo proactivos para ayudarles a delinear e implementar un plan que los aleje de la insolvencia y los lleve a la estabilidad fiscal, desarrollo económico y que puedan seguir haciendo lo que hacen mejor - servir las necesidades de sus constituyentes”, dijo en la reunión el presidente de la Junta de Supervisión, José B. Carrión.
Los municipios seleccionados son: Orocovis, Aibonito, Barranquitas, Cidra, Comerío, y Villalba, en la zona central; mientras, Camuy, Isabela, Quebradillas y San Sebastián, componen el grupo en la zona norte de la isla.
Cada uno tendrá que diseñar planes fiscales que incluyan reducciones de gastos y medidas de eficiencia, tales como acuerdos intermunicipales de servicios compartidos, programas para mejorar y optimizar el uso de fondos federales y aumentar la recaudación de ingresos, así como estrategias de desarrollo económico.
La Junta de Supervisión le ofrecerá asistencia técnica durante el proceso.
“Estamos confiados de que el desarrollo e implementación de planes fiscales y presupuestos en cumplimiento ayudará a impulsar una transformación positiva para los municipios”, añadió Carrión.
“Evaluar y adoptar mejores prácticas financieras y presupuestarias, mientras dejan atrás la dependencia en el fondo general del gobierno central, mejorará significativamente la condición de los municipios”, agregó.
Por otro lado, el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico contempla la eliminación total de los subsidios del gobierno central para el 2024.
En cuanto al CRIM, Carrión dijo que se une a las demás entidades del Gobierno de Puerto Rico que deben desarrollar e implementar planes fiscales y presupuestos en cumplimiento bajo la fiscalización de la Junta de Supervisión.
Las metas delineadas por la Junta de Supervisión para el desarrollo del plan fiscal del CRIM incluyen estrategias propuestas para actualizar el Registro de Propiedad, revisar la clasificación y valorización de propiedades registradas, analizar las guías administrativas con respecto a las exenciones y exoneraciones, y mejorar el cumplimiento y los esfuerzos de recaudación, entre otras.
“Aunque el CRIM continúa siendo unos de las principales fuentes de ingreso de los municipios, actualmente tiene sobre 2.000 millones en cuentas por cobrar, un 62 por ciento de tasa de recaudación de impuestos sobre la propiedad, y faltan sobre 300.000 propiedades que están fuera de su registro”, reflejó.
“Haremos análisis comparativos con otras jurisdicciones y trabajaremos con los alcaldes y funcionarios del CRIM para llevar al sistema al Siglo 21. Trabajando juntos para mejorar la función del CRIM, el Gobierno de Puerto Rico estará en una mejor posición para eliminar otras cargas contributivas, como el impuesto al inventario, el cual impide el comercio y el desarrollo económico”.
La directora ejecutiva de la JSF indicó en el encuentro que el Plan Fiscal aprobado, prioriza los recursos del gobierno hacia educación, salud y revierte el impacto adverso de las reformas estructurales que se han impulsado.
El mismo prevé incrementos para el cuerpo de policías, de bomberos y el de los maestros, así como para la nómina del Negociado de Ciencias Forenses (NCF).
Previó al encuentro de la junta, un grupo de manifestantes colgó unas pancartas en diversos puentes del área de San Juan para pedir a la JSF que no recorte las pensiones.
“Banqueros a prisiones” y “La deuda es con el pueblo”, rezan algunas de las mismas.
