La Junta Fiscal para P.Rico dice que se vislumbra el fin de la quiebra
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico (JSF), Natalie Jaresko, aseguró este lunes el fin de la quiebra se vislumbra y que la isla ha logrado un nivel de deuda “razonable y pagable”.
En un encuentro con medios celebrado hoy Jaresko también opinó que se han “asegurado las pensiones” y se ha “puesto fin a la incertidumbre fiscal y financiera”.
“Ahora tenemos un camino para salir del Título III y restaurar el acceso (de los inversores) al mercado de Puerto Rico”, agregó Jaresko, quien estimó que ello podría producirse en 2020.
En las últimas semanas la JSF y sindicatos y representantes de trabajadores en activo y jubilados, así como bonistas, por separado, han llegado a varios acuerdos sobre sus pensiones y la deuda.
Unos acuerdos que no cuentan con la complacencia del ejecutivo de la isla y sobre los que ahora deberá decidir la justicia.
El gobierno que preside el gobernador, Ricardo Rosselló, ha subrayado en varias ocasiones que no apoyará planes de reestructuración que pasen por la reducción de pensiones.
La directora ejecutiva de la JSF llegó a señalar este lunes que de la deuda de Puerto Rico, que situó en 74.000 millones de dólares, alrededor de 67.000 millones se encuentran bajo algún tipo de acuerdo o en conversaciones de que así sea.
“Seamos claros, el asunto más importante sobre las pensiones es asegurar que las presentes y futuras administraciones no menoscaben la estabilidad del sistema de pensiones otra vez. Esto ocurrió en el pasado. Así fue como terminamos con 50.000 millones en reclamaciones contra el gobierno por el sistema de pensiones. Y es por eso que hay incertidumbre para los pensionados con su futuro. Tenemos que garantizar el pago de pensiones, inclusive en momentos de estrechez financiera”, añadió.
La declaración de quiebra de Puerto Rico fue anunciada el 3 de mayo de 2017, con el objetivo de reestructurar la deuda.
El Gobierno de Puerto Rico continúa, a día de hoy, sumido en graves problemas financieros y enfrentado a la Junta de Supervisión Fiscal, la entidad de control federal impuesta por Washington, mientras la jueza Laura Taylor Swain se encarga de un proceso de quiebra que trata de conciliar los intereses del Ejecutivo y acreedores.
La quiebra se rige bajo el capítulo III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés), aprobada en 2016 por el Congreso en Washington.
