Demandan al Gobierno por su tardanza en facilitar historiales migratorios
Tres abogados especializados en cuestiones migratorias y dos inmigrantes demandaron hoy al Gobierno federal por no responder a tiempo a las peticiones de documentación sobre sus casos en base a la Ley de Libertad de Información (FOIA, en su sigla en inglés).
Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes American Immigration Council y Northwest Immigrant Rights Project informaron en un comunicado de la querella colectiva, presentada contra los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ante una corte federal de San Francisco (California).
Los demandantes argumentan que USCIS, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, “tiene por costumbre no entregar dentro del plazo establecido” la documentación relativa a casos particulares de inmigrantes cuando estos lo solicitan mediante una petición de FOIA.
“Estos individuos (los inmigrantes) necesitan disponer de información completa y precisa sobre su historial migratorio para evaluar sus opciones y tomar decisiones que en muchos casos tienen consecuencias para toda la vida para ellos y sus familiares”, indicó la abogada de American Immigration Council Claudia Valenzuela.
Según explicaron las organizaciones querellantes, cuando una persona pide al Gobierno su historial migratorio mediante una petición FOIA, este debe tomar una decisión en los siguientes 20 días, algo que a menudo no es respetado y terminan siendo varios meses.
El objetivo de la demanda colectiva es “permitir a los inmigrantes y a sus abogados acceso rápido a la información contenida en sus archivos”, algo que desde las entidades en defensa de los derechos de los inmigrantes consideran “clave para estudiar las opciones migratorias en EE.UU. así como una potencial defensa ante la deportación”.
Para ello, piden a la Justicia que emita una orden nacional para que el Gobierno responda a todas las peticiones FOIA actualmente abiertas en los 60 días siguientes al hipotético fallo del tribunal y que le emplace a respetar el plazo de 20 días en todos los casos futuros.
“Los atrasos impiden a nuestros clientes obtener información que necesitan para seguir adelante con sus solicitudes migratorias. Pedimos a la corte que haga aplicar la ley, que exige respuestas a tiempo”, remachó el director del equipo legal de Northwest Immigrant Rights Project, Matt Adams.
