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Víctimas del tiroteo en Sandy Hook, olvidados por la lucha contra el terrorismo

Víctimas del tiroteo en Connecticut. Una investigación de Frontline (organización que produce documentales y promovidos por PBS) encontró que meses después del tiroteo en Sandy Hook, los grupos defensores de los derechos de portar armas, invirtieron hasta 10 millones de dólares más de dinero a nivel estatal y nacional para no sólo evitar restricciones, pero para expandir sus derechos.

Víctimas del tiroteo en Connecticut. Una investigación de Frontline (organización que produce documentales y promovidos por PBS) encontró que meses después del tiroteo en Sandy Hook, los grupos defensores de los derechos de portar armas, invirtieron hasta 10 millones de dólares más de dinero a nivel estatal y nacional para no sólo evitar restricciones, pero para expandir sus derechos.

(Jessica Hill / AP)
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Esta semana se cumplieron tres años de la masacre que le quitó la vida, a unos días de Navidad, a 20 niños de 6 y 7 años de edad y seis educadores en la primaria Sandy Hook en Connecticut.

Adam Lanza, un joven blanco de 20 años, había decidido utilizar las armas de alto calibre de su madre, Nancy Lanza, para matarla a ella, llevar a cabo el tiroteo y de paso suicidarse.

Esta escena de terror que conmovió al mundo y puso de rodillas a millones de estadounidenses, por lo menos por un momento, supuso en la mente de las personas con más sentido común que pasión ciega por la Segunda Enmienda, que protege el derecho a estar armado, que sería el inicio de una avalancha de medidas para restringir el acceso a las armas. No de prohibirlas, pero por lo menos evitar que rifles, pistolas o metralletas semi-automáticos o automáticos fueran obtenidas con facilidad, especialmente si las personas tenían algún problema mental.

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El 14 de diciembre de 2012, día de la masacre, Adam portaba un fusil Bushmaster AR 15, una versión de las armas utilizada en Afganistán, pero para civiles; una pistolas Glock de diez milímetros y una Sig Sauer de nueve milímetros; además tenía una escopeta en su vehículo que nunca alcanzó a utilizar. Todas las armas habían sido compradas legalmente por su madre a quien asesinó con un rifle calibre 22 cuando dormía, para después salir y cambiar la vida para siempre de decenas de familias americanas.

Un día después, el país estaba consternado, había indignación, coraje, dolor y se creyó que la suficiente determinación para hacer algo en el Congreso. El presidente Obama pidió a los legisladores aprobar medidas estrictas y de emergencia que pusieran un alto o ayudaran a evitar escenas (terrorismo) como las vividas en Connecticut.

Un mes después los padres de las víctimas, que reflejaban en su rostro un dolor que los acompañaría el resto de sus vidas, prometieron que lucharían a favor de medidas que aumentaran el control de las armas. Incluso, algunos políticos influidos (por la Asociación Nacional del Rifle, NRA) e influyentes, y defensores del derecho a poseer armas dijeron que estarían dispuestos a apoyar modificaciones en las leyes.

Pero sucedió lo impensable.

Una investigación de Frontline (organización que produce documentales y promovidos por PBS) encontró que meses después del tiroteo en Sandy Hook, los grupos defensores de los derechos de portar armas, invirtieron hasta 10 millones de dólares más de dinero a nivel estatal y nacional para no sólo evitar restricciones, sino para expandir sus derechos.

El resultado fue que a un año de Sandy Hook, 27 estados habían pasado 93 leyes que expandían el derecho de tener armas, inclusive medidas que permitían a las personas portar un arma, sin mostrarla, en las iglesias, parques y escuelas. En el Congreso los grupos de presión o cabilderos (lobby) ayudaron a derrotar los proyectos de control de armas más amplios en dos décadas.

El colmo llegó a tal grado que inclusive se han prohibido medidas que investiguen los efectos de las armas en la sociedad estadounidense.

Desde entonces ha surgido Colorado (3), Oregon (10), Carolina del Sur (9), Texas (9), Misuri (8), Florida (7), Nevada (5), Santa Barbara (7), Fort Hood (4), Washington (13), Santa Mónica (6); entre los más de 300 tiroteos que ocurrieron en el 2014 y otros 355 en el 2015.

Incluso, recientemente en su plataforma de Twitter, el científico Neil deGrasse Tyson resumió para acabar pronto, que desde el 2001 han muerto 400 mil estadounidenses a consecuencia de las armas en el hogar, mismo número de americanos que pereció en la Segunda Guerra Mundial, pero parece no importar y a unas semanas del tiroteo en San Bernardino, en lugar de luchar por restricciones más severas de las armas, las investigaciones se han volcado en la comunidad musulmana y en la lucha contra el terrorismo.

En un momento sin precedentes, vemos a políticos, presentadores de televisión (FoxNews), jefes de departamentos de alguaciles y líderes en universidades ‘Cristianas’ propagar el miedo a la sociedad y convocar a sus audiencias a comprar armas como única opción de proteger a sus familias. Propaganda que ha dado resultado ya que el FBI ha reportado un potencial incremento de compras de armas, basado en el número de antecedentes penales que han tenido que investigar proveniente de las tiendas de armas.

Hoy todavía se discute en la televisión y la mayoría de los diarios si hubo o no influencia y conexión directa entre los grupos terroristas de medio oriente con los perpetradores en San Bernardino, sin embargo, las propuestas para mejorar el control y uso de las armas dentro del país se han desvanecido.

De nada sirve saber que la mayoría de los perpetradores en tiroteos en el país sean blancos, estadounidenses y profesen cualquier otra religión menos la musulmana. Pero lo más terrible es que se ha quedado sepultada la indignación que produjo el asesinato de 20 menores de siete años, en uno de los actos terroristas más sangrientos que haya vivido el pueblo estadounidense.

aduran@hoyllc.com

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