Opinión: La evidencia está ahí: la política de Trump de “Permanecer en México” pone en riesgo la vida de los solicitantes de asilo
En los ocho meses desde que la administración Trump comenzó a implementar sus protocolos eufemísticamente llamados de protección de migrantes, el gobierno ha devuelto a más de 35.000 solicitantes de asilo a México para que esperen allá el lento proceso legal que determinará si se les permitirá vivir en Estados Unidos o ser devueltos a los países de los que huyeron.
Otros 18.000 están esperando su tiempo en condiciones similares bajo una política de “medición” separada que limita la cantidad diaria de solicitudes de asilo que el gobierno aceptará en los puertos de entrada.
Desde personas que huyen con depósitos hasta familias que son desalojadas sin motivo, los migrantes en Tijuana son víctimas de estafas de alquiler.
Como reportó el miércoles la periodista de inmigración del Times con sede en DC, Molly O’Toole, esas políticas han obligado a miles de solicitantes de asilo a vivir en condiciones peligrosas y miserables en ciudades fronterizas mexicanas, o a dispersarse a lugares alejados de la frontera, agregando más problemas a los obstáculos que ya enfrentan para ejercer sus derechos de solicitar refugio bajo la ley de Estados Unidos.
Hasta ahora, un panel de la Corte de apelaciones del noveno circuito de EE.UU ha dejado que la política de “Permanecer en México” se mantenga vigente en función de su lectura de cómo la ley define y trata a las diferentes clases de migrantes (sí, la ley de inmigración es mala), a pesar de que uno de los jueces expresó su preocupación acerca de cuán peligrosas eran las condiciones en México, y otro escribió que la administración Trump “no sólo podría decirse que está equivocada, sino que está clara y flagrantemente desacertada” porque la sección de la ley en la que se basó la política de ‘Permanece en México’ “carece de autoridad”.
El L.A. Times encuentra que la administración de Trump parece estar violando la ley de los Estados Unidos al implementar la política de Permanecer en México, advierten funcionarios y abogados.
Pero como informó O’Toole, el gobierno está jugando rápido y de manera vaga con la forma en que implementa la política. Por ejemplo, el papeleo que están llenando muchos agentes fronterizos para los migrantes enviados a esperar en México a menudo enumera la dirección de los solicitantes de asilo como “domicilio conocido” lo que hace que sea casi imposible para los solicitantes recibir avisos de comparecencia ante el tribunal. No está claro si el hecho de no incluir direcciones de entrega confiables es una política oficial del gobierno, pero dado que ha habido tantas, parece que como mínimo forma parte de un esfuerzo concertado.
¿Por qué los agentes del gobierno harían eso? Porque la política de Trump es cerrar el flujo de solicitantes de asilo, y si uno de ellos pierde una cita en la corte, corre un grave riesgo de que la solicitud sea denegada y se le prohíba permanentemente solicitar asilo en EE.UU.
El grupo de defensa de Human Rights First rastreó al menos 110 asaltos, violaciones, secuestros y otros crímenes violentos cometidos públicamente contra buscadores de asilo en México, y dijeron que “probablemente sólo sea la punta del iceberg”. Esa es una clara evidencia de que la administración Trump está violando la ley federal y los acuerdos internacionales que prohíben el envío de migrantes a lugares peligrosos.
Apenas dos semanas después de que el gobierno de Trump anunció una nueva política que obligaría a los solicitantes de asilo a esperar en México por su turno en el tribunal de inmigración de Estados Unidos, aún no hay señales de que se haya implementado en la frontera.
De hecho, el grupo de derechos humanos informó que la administración había devuelto a más de 10.000 solicitantes de asilo al estado de Chihuahua, al sur de El Paso y su vecina Ciudad Juárez, una población con una alta tasa de homicidios superior a 100 por 100.000 (en Los Ángeles, la tasa del año pasado fue de 6.4 por 100.000). La región es tan peligrosa que el Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que eviten viajar allí. El gobierno sabe que está enviando a los inmigrantes al peligro y que es una violación inhumana de la ley, pero lo hace de todos modos.
Algunos argumentan que no hay nada intrínsecamente malo en enviar migrantes desde Centroamérica a esperar en México para saber si califican para la protección del gobierno de EE.UU. Pero estos migrantes no le piden asilo a México, sino a Estados Unidos. Sus casos se están decidiendo en los tribunales de inmigración de EE.UU, y si desean obtener ayuda legal, será a través de abogados y grupos de defensa de EE.UU.
Obligarlos a hacer todo eso desde el otro lado de una frontera y que el gobierno sólo les permita cruzar para cumplir con las fechas de la corte (que está tratando de evitar notificarles) es una violación grotesca del debido proceso y erige un obstáculo que no tiene fundamento sobre el derecho de asilo.
Esto debe terminar.
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