COLUMNA: El Operativo Guardián: a 25 años, la militarización mortífera continúa
En septiembre, una madre hondureña, Idalia Yamileth Herrera Hernández, y su hijo de 21 meses se ahogaron mientras intentaban cruzar a Estados Unidos a través de Río Grande en Texas. Idalia y su hijo fueron las últimas víctimas de una política de décadas que anticipaba la muerte como una forma de disuadir la migración.
Fue el 1 de octubre de 1994, hace 25 años, que la Patrulla Fronteriza de San Diego implementó una estrategia de control fronterizo conocida como “prevención mediante disuasión”. El enfoque redirigió las rutas migratorias hacia las secciones más inhóspitas de las tierras fronterizas, donde los desiertos y las montañas de California y Arizona se convirtieron en armas naturales en contra de la entrada a Estados Unidos.
Todo parece indicar que la aplicación de la política migratoria se endurecerá en el futuro inmediato, particularmente en la frontera entre México y Estados Unidos y en la de México y Guatemala.
Esta política se implementó el mismo año en que Estados Unidos, Canadá y México firmaron un acuerdo económico neoliberal conocido como el Tratado de Libre Comercio (TLC).
El TLC obligó a muchos mexicanos a migrar a Estados Unidos. El producto norteamericano saturó los mercados mexicanos, desplazando la producción mexicana y a migrantes que no podían sobrevivir con las nuevas condiciones económicas.
En California, la estrategia para detener la migración se llamó Operativo Guardián, en Arizona era el Operativo Salvaguarda, y en Texas fue el Operativo Río Grande. Los operativos consistieron en aumentar dramáticamente el número de agentes de la Patrulla Fronteriza que patrullaban la frontera con México. La Patrulla Fronteriza adoptó nuevas tecnologías de vigilancia y construyó nuevos muros fronterizos. Militarizar las comunidades fronterizas urbanas con esta estrategia significó canalizar a cientos de miles de migrantes hacia las áreas rurales, incluso hacia los desiertos implacables de Arizona. Miles de migrantes estuvieron expuestos a condiciones climáticas extremas, hipotermia, deshidratación y otros peligros.
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Los resultados han sido mortales: más de un migrante ha fallecido por día en la frontera durante 25 años. Según las propias estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza, se registraron 7.705 muertes de migrantes desde los años fiscales 1998 a 2018. La Organización Internacional para las Migraciones tiene 315 decesos de migrantes registradas hasta el momento para 2019. Estos números combinados, 8.020, no incluyen los primeros cuatro años del Operativo Guardián. En el mejor de los casos, la cifra es una estimación conservadora.
Con los años, me he reunido con familiares de quienes han perdido a seres queridos debido al Operativo Guardián. Para una familia cuya madre murió después de ser deportada a Tijuana, sus hijas trataron desesperadamente de recaudar fondos para que sus restos fueran trasladados a San Diego desde el médico forense en Arizona.
En otro caso, un hijo no pudo encontrar a su madre cuando se perdió en las montañas de Otay. El Departamento del Alguacil de San Diego localizó su cuerpo después de buscar durante dos días. Finalmente, un padre de cinco hijos de Vista, California, murió en el desierto de Arizona después de ser deportado. Había salido a comprar leche y un oficial del Departamento del Alguacil de San Diego lo entregó a la Patrulla Fronteriza.
Son las 7:20 p.m. cuando llega a Spicy Bite, uno de los restaurantes más nuevos de la zona rural del noroeste de Nuevo México.
Estos casos muestran lo mortífero que son las políticas fronterizas que ambos partidos políticos promueven cuando aprueban presupuestos inflados para los muros en la frontera, más agentes de la Patrulla Fronteriza, el aumento de tecnología de vigilancia y cuando ignoran la necesidad de proporcionar ayuda para mitigar los peligros a migrantes. El dolor y el sufrimiento son reales, y las consecuencias tienen efectos duraderos en nuestras comunidades.
El Operativo Guardián estableció una base desde la cual Donald Trump y, los presidentes antes que él, depende para disuadir la migración, con consecuencias mortales. Es precisamente por eso que Idalia y su hijo murieron en Río Grande. Cuando los registraron en el programa Retornar a México, el legado del Operativo Guardián (el Operativo Río Grande, en este caso) aseguró que serían castigados con la muerte por no querer esperar en México. Este es el cálculo injusto que se maneja como política desde 1994 para migrantes que buscan refugio en Estados Unidos.
Después de 25 años de políticas fronterizas fallidas, es hora de que nuestros funcionarios electos pongan fin a las normas que acaban con la vida humana y, en cambio, que promuevan los derechos humanos para enmarcar la migración y apoyar a aquellos que buscan refugio en nuestro país.
Pedro Ríos es defensor de derechos humanos y de los inmigrantes en el sur de California.
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