Opinión: Buena suerte para el delator que reportó la llamada de Trump a Ucrania; la necesitará
Incluso sin los estridentes pedidos del presidente Trump para conocer el nombre del denunciante de la cuestión con Ucrania, es probable que él o ella no permanezca en el anonimato para siempre. ¿Y entonces, qué ocurrirá?
Es posible que el denunciante tenga dificultades profesionales, ya que las protecciones existentes para esas figuras son completamente inadecuadas. No existe apoyo constitucional, y las garantías legales no son confiables.
El Congreso intentó proteger a los empleados del gobierno que denuncian irregularidades al promulgar la Ley de Protección de Denunciantes de 1989, y los legisladores han agregado artículos a la norma desde entonces. Según la ley original, un empleado federal -actual o pasado- puede informar “una violación de la ley, norma o regulación”, una “mala administración grave”, la “severa pérdida de fondos”, un “abuso de autoridad” o “peligro sustancial y específico para la salud pública o la seguridad” mientras, al menos en teoría, goza de una protección legal sólida contra el despido u otras formas de represalia oficial.
El jefe de espionaje estadounidense Joseph Maguire testificó ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre la acusación de los denunciantes en medio del caso de destitución.
Pero la ley tiene profundos defectos. Por un lado, si bien la Oficina de Asesoría Especial tiene que investigar las denuncias de los delatores, también debe remitir las quejas “creíbles” a la agencia donde trabaja el empleado, el mismo lugar donde se originó el problema. Y aunque la norma incluye un proceso legal para que los empleados denunciantes intenten ser indemnizados si sufren represalias, no establece protecciones significativas para evitar que esas represalias ocurran en primer lugar.
Lo más preocupante en este caso es que los denunciantes sólo están protegidos si se considera que sus reclamos son serios y creíbles, por lo cual quedan dentro del alcance de la ley. Aunque el inspector general de la comunidad de inteligencia consideró que la denuncia de Ucrania era creíble y que planteaba cuestiones de “preocupación urgente”, esta no se hizo saber inmediatamente al Congreso después de que el Departamento de Justicia planteó dudas sobre si realmente estaba bajo el terreno de la norma.
El presidente Trump arremetió contra el denunciante, quien primero advirtió que el mandatario estaba tratando de forzar a un líder extranjero para obtener beneficios personales como “espía”, y sugirió que había cometido traición.
Incluso en los casos que claramente caen bajo una ley estatal o federal de protección de denunciantes, abundan las historias de empleados gubernamentales que sufren represalias oficiales por informar irregularidades a través de los canales adecuados.
Los empleados del Departamento de Asuntos de Veteranos (V.A., por sus siglas en inglés), por ejemplo, testificaron ante el Congreso este año que fueron reasignados, degradados o castigados de otras maneras después de exponer fallas graves en la prestación de servicios médicos a pacientes en hospitales de V.A. Los informes de represalias sistemáticas contra los denunciantes de esa entidad se remontan a años; sin embargo, nada parece cambiar, y los empleados que informan malos procederes a través de los canales adecuados lo hacen bajo su propio riesgo.
En este caso, los pedidos de castigo para el mensajero provienen directamente de los más altos mandos. En una reunión privada con diplomáticos estadounidenses, la semana pasada, cuya grabación fue obtenida por este periódico, Trump habló sobre el delator y sus fuentes: “¿Saben lo que solíamos hacer en los viejos tiempos, cuando éramos inteligentes, cierto? Los espías y la traición… Solíamos manejarlo un poco diferente de lo que lo hacemos ahora”.
A algunos demócratas les preocupa que la reacción política a la campaña para impugnar al presidente Trump pueda costarles el control de la Cámara. Pero el impredecible asunto podría representar una amenaza mayor para la mayoría republicana en el Senado.
Incluso cuando la ejecución está descartada, los denunciantes pueden estar sujetos a muchas formas sutiles de represalias, desde la degradación o el despido (por supuesto, emitidos por alguna otra causa que no sea la denuncia de irregularidades), hasta quedar en una lista negra para futuros cargos importantes, o perder autorizaciones de seguridad clave.
Hasta la fecha, los tribunales federales no han reconocido el discurso de denuncias de irregularidades por parte de los empleados del gobierno como digno de ninguna protección específica de la Primera Enmienda.
Corregir la situación sería relativamente sencillo. Para empezar, requeriría que los tribunales estatales y federales reconozcan la importancia de dicho discurso y extiendan protecciones constitucionales significativas (incluidas las otorgadas en virtud de las constituciones estatales) a los denunciantes. Esto podría lograrse de la misma manera en que los tribunales han extendido las protecciones de la Primera Enmienda a los empleados que enfrentan despidos o degradaciones en función de su inclinación partidista.
La Corte Suprema de Estados Unidos estableció en 1976 la protección constitucional contra los despidos por amiguismo. Además, lo hizo a pesar de la existencia de leyes (inadecuadas) de servicio civil estatal y federal, que limitaban las prácticas de clientelismo político. Las mismas consideraciones que llevaron a la Corte Suprema a imponer límites de la Primera Enmienda al clientelismo deberían aplicarse en el caso de un discurso de denuncia de irregularidades que facilite la responsabilidad democrática.
Los estatutos que protegen a los denunciantes también necesitan fortalecimiento. En primer término, la ley debería asumir la responsabilidad de investigar una denuncia de irregularidades fuera de la agencia acusada de irregularidades. Una junta independiente, como la Merit Systems Protection Board, una entidad independiente y cuasi judicial que controla las reglas del servicio civil del gobierno federal en todas las agencias federales, proporcionaría una estructura más capaz de aislar a los empleados del gobierno de las represalias. Cuando los zorros cuidan los gallineros —que es esencialmente la forma en que funciona la ley actual— las gallinas no prosperan.
Para hacer que el gobierno rinda cuentas en las elecciones, los votantes necesitan información, y a veces la única forma en que pueden obtener información crucial es a través de los empleados públicos, que dan un paso al frente para revelar los ilícitos que el gobierno está tratando de ocultar. El denunciante del caso de Ucrania necesitó de gran valentía para hablar. Él o ella —así como aquellos que vendrán— merecen algo mejor de lo que probablemente encuentran en el sistema actual.
Ronald J. Krotoszynski Jr. es profesor y director de investigación docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alabama. También es autor de “The Disappearing First Amendment” (La desaparición de la Primera Enmienda).
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