La Corte bloquea temporalmente la política de Trump de Permanecer en México, luego suspende su propia orden
Un tribunal federal de apelaciones se pronunció en contra de una política de la administración Trump que hace que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos proceden
Una corte federal de apelaciones bloqueó el viernes una política de la administración Trump que requiere que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras sus casos pasan por las cortes de inmigración de los Estados Unidos.
En una decisión de 2-1, el panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos confirmó un mandato preliminar contra la llamada política de Permanecer en México, que ha obligado a casi 60 mil personas a esperar en México para que sus solicitudes sean procesadas y sus casos sean escuchados.
Pero en una revocación al final del día, el mismo panel votó unánimemente para suspender su propia orden.
El panel de tres jueces le dijo al gobierno que presentara argumentos escritos para el final del lunes y a los demandantes que respondieran para el final del martes.
El Departamento de Justicia dijo que por lo menos 25 mil solicitantes de asilo sujetos a la política están esperando en México y expresó “una seguridad nacional masiva e irreparable de preocupaciones de seguridad pública”.
Los abogados del gobierno dijeron que los abogados de inmigración habían comenzado a exigir que se permitiera la entrada de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos, y uno de ellos insistió en que se permitiera la entrada de 1000 personas en un solo lugar.
“El restablecimiento de la orden judicial causa al público y al gobierno de los Estados Unidos daños significativos e irreparables: a la seguridad de la frontera, la seguridad pública, la salud pública y las relaciones diplomáticas”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
La política de Permanecer en México es una de las varias que la administración ha puesto en marcha para evitar que los migrantes entren al país por la frontera sur.
En otro caso del viernes, el mismo panel decidió por unanimidad mantener un mandato judicial contra una regla de Trump que negaba la elegibilidad de asilo a los migrantes que cruzaban la frontera sur entre los puertos de entrada designados.
“Las decisiones de hoy dejan claro que no pueden usar dos de los programas que establecieron para tratar de destripar el sistema de asilo”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles. “Pero todavía hay otros por ahí”.
Una de ellas es la política vigente que exige que los migrantes soliciten asilo en uno de los países por los que pasan de camino a la frontera de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo permitió previamente que esta política se aplicara.
Los abogados de inmigración del viernes todavía estaban tratando de entender el efecto de la decisión en los migrantes que ya han solicitado y ahora están esperando en México para que sus casos sean procesados. Los analistas legales expresaron la certeza de que el gobierno apelaría rápidamente.
“Este asunto seguramente se dirige a la Corte Suprema”, dijo el profesor de la Facultad de Derecho de Cornell, Stephen Yale-Loehr.
El Tribunal Supremo aún no ha considerado la política, pero en el pasado se ha negado a eliminar un mandato judicial que bloqueaba el asilo para los migrantes que no lo solicitaban en los cruces fronterizos oficiales.
En una declaración a finales del viernes, Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, calificó la orden judicial de “grave e imprudente” y dijo que los protocolos migratorios han “sido un cambio de juego en los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para abordar la crisis actual en la frontera suroeste”.
Wolf dijo que si el fallo se mantiene, “la seguridad de nuestras comunidades fronterizas, las relaciones internacionales y la estabilidad regional están en riesgo”.
En el caso Remain in Mexico, los dos jueces en mayoría, ambos nombrados por los demócratas, dijeron que la evidencia no impugnada muestra que los migrantes enfrentan daños sustanciales, incluso la muerte, en México mientras esperan las decisiones de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos.
Los Ángeles.- A sus 37 años, la salvadoreña Jessica Mejía carga sobre sus hombros la responsabilidad de ser la jefa de campaña de Joe Biden en California, el estado que aporta más delegados en la carrera demócrata a la nominación y que podría definir quién se enfrentará en noviembre al presidente Donald Trump.
Los migrantes “se enfrentan a discriminación selectiva, violencia física, agresión sexual, una aplicación de la ley abrumada y corrupta, falta de alimentos y refugio, y obstáculos prácticos a la participación en los procedimientos judiciales en los Estados Unidos”, escribió el juez William A. Fletcher, nombrado por el presidente Clinton, para la mayoría. “Las penurias y el peligro que corren las personas que regresan a México... han sido confirmadas repetidamente por informes noticiosos fidedignos”.
Se unió a Fletcher el Juez del 9º Circuito Richard A. Paez, otro designado por Clinton.
El juez Ferdinand F. Fernández, nombrado por el presidente George H.W. Bush, disintió.
Dijo que el panel no podía revivir la orden porque un panel de mociones del 9º Circuito ya la había bloqueado en una moción de emergencia del gobierno.
La decisión anterior del viernes, tomada después de extensos argumentos escritos y una audiencia, encontró que el programa de Permanecer en México violaba la ley de inmigración de Estados Unidos y una convención de refugiados de las Naciones Unidas, que prohíbe al gobierno devolver a alguien a un lugar donde sería perseguido.
La mayoría señaló declaraciones juradas de personas a las que se les ordenó esperar en México que habían sido objeto de violencia y amenazas porque no eran mexicanos. Varios juraron que se les había ordenado ir a México después de breves y confusas entrevistas con agentes de inmigración que no les preguntaron sobre sus temores.
El gobierno, la mayoría dijo, no proporcionó ninguna prueba de que los migrantes estuvieran a salvo en México.
“Reconocemos que los mandamientos judiciales de alcance nacional se han vuelto cada vez más controvertidos, pero comenzamos por señalar que es un poco erróneo calificar la orden del tribunal de distrito en este caso como un ‘mandamiento judicial de alcance nacional’” porque afecta únicamente a cuatro estados de la frontera sur, dos de ellos, California y Arizona, dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito, escribió la mayoría.
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que la decisión destacaba “las consecuencias e impropiedad de los mandamientos judiciales a nivel nacional”.
Un tribunal suspende una ley del gobierno de Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se tramitan sus casos
“La administración Trump ha actuado fielmente para implementar una autoridad estatutaria proporcionada por el Congreso hace más de dos décadas y firmada por el Presidente Clinton”, dijo el portavoz. “La decisión del 9º Circuito no solo ignora la autoridad constitucional del Congreso y de la administración para una política en vigor desde hace más de un año, sino que también extiende el alivio más allá de las partes ante el tribunal”.
El año pasado, el Times informó que decenas de miles de migrantes han recibido la orden de permanecer en las ciudades mexicanas que el Departamento de Estado considera como las más peligrosas del mundo. Los migrantes han sido atacados, asaltados sexualmente y robados, y algunos han muerto mientras esperaban, según el Times.
Un grupo llamado Human Rights First informó el viernes que ha habido más de 1000 casos de asesinato, violación, tortura, secuestro y otros asaltos violentos contra los migrantes en México.
Mientras que los abogados que representan a los solicitantes de asilo ya en el proceso de Permanecer en México celebraron el fallo del viernes, dijeron que era poco probable que en última instancia ayudara a sus clientes porque es probable que la administración de Trump apele.
“No hay ni idea de lo que significará, pero no hay duda de que el gobierno apelará”, dijo Jodi Goodwin, una abogada de inmigración de Brownsville, Texas, que representa a algunos de los miles de solicitantes de asilo acampados al otro lado de la frontera en Matamoros, México. Dijo que se reunirá con otros abogados el viernes, planeando una respuesta al fallo.
A media tarde, un grupo de alrededor de una docena de migrantes —una mezcla de padres e hijos acompañados por abogados del Jewish Family Service— pidieron que se les dejara entrar en los Estados Unidos en la puerta que conduce al Puerto de Entrada de San Ysidro desde Tijuana.
Un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza dijo a los abogados que no podían representar a sus clientes en la frontera, lo que obligó a los abogados a preparar a sus clientes para hacer la solicitud de entrada por su cuenta.
A las 6:30 p.m., no se había permitido la entrada a nadie, y el grupo se había más que duplicado en tamaño a unas 30 personas.
Los solicitantes de asilo estaban nerviosos y animados, pero a medida que pasaba el tiempo, esos sentimientos se convirtieron en confusión y frustración.
“¿Crees que entraremos?”, preguntó ansiosa una nicaragüense que lleva ocho meses en el programa Permanecer en México.
Un padre hondureño animó a su inquieto hijo de 8 años a tener paciencia. Un par de madres venezolanas enviaron un mensaje a los familiares preocupados por sus opciones, luchando por explicar los términos legales que estaban escuchando mientras los abogados avanzaban en la línea de llevar a cabo conversaciones en miniatura de “conozca sus derechos” específicas para los cambios de la orden.
Una familia nicaragüense de tres miembros había sido devuelta a Ciudad Juárez, dijo la madre, pero después de que el padre fuera agredido, se dirigieron a Tijuana. Todavía no se sentían seguros, dijo, y esperaba que antes de que la noche terminara se les permitiera entrar en los Estados Unidos.
Hasta el viernes por la noche, no se había permitido cruzar a nadie.
La Associated Press contribuyó a este informe.
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