Funcionarios de Trump ignoraron las advertencias sobre el coronavirus, dice en una denuncia un científico que fue expulsado
Los principales funcionarios de salud de la administración Trump ignoraron repetidamente las advertencias en enero y febrero sobre la necesidad de mascarillas y otros equipos de protección para prepararse para un brote de coronavirus, según una denuncia detallada de un científico destacado expulsado de su puesto el mes pasado.
La denuncia de Rick Bright, quien fue reasignado abruptamente de su puesto que supervisaba el desarrollo de medicamentos y vacunas en el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, también dice que los funcionarios de la administración lo presionaron para respaldar el uso generalizado de medicamentos contra la malaria promocionado por el presidente Trump como un tratamiento para el virus, incluso después de que Bright advirtió sobre posibles peligros para la salud.
Las acusaciones arrojan nueva luz sobre la respuesta desorganizada y tardía de la administración Trump a la crisis de salud pública, que ha cobrado más de 70,000 vidas en EE.UU a pesar de las garantías del presidente y otros altos funcionarios a principios de este año de que el virus representaba una pequeña amenaza para los estadounidenses.
Bright, que tiene un doctorado en inmunología, participó en múltiples reuniones y discusiones con altos funcionarios de la Casa Blanca y de salud en los primeros meses de 2020, proporcionándole un lugar de primera fila para la respuesta de la administración, incluida la promoción que hizo Trump de los medicamentos contra la malaria, cloroquina e hidroxicloroquina.
“Me presionaron para que la política y el amiguismo impulsaran las decisiones sobre las recomendaciones de los mejores científicos que tenemos”, manifestó Bright en una conferencia telefónica con periodistas el martes. “Su afán de avanzar ciegamente sin datos científicos para poner esta droga en manos de los estadounidenses fue alarmante para mí”.
Bright fue removido abruptamente en abril como jefe de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, una agencia de investigación dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos que, entre otras funciones, supervisaba la investigación sobre las vacunas contra el coronavirus.
Sostiene que su reasignación a un trabajo menor en los Institutos Nacionales de Salud fue en represalia por sus repetidos enfrentamientos con el Secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar y Robert Kadlec, un asistente de Azar con la responsabilidad de supervisar la preparación para la salud pública. Kadlec, el secretario asistente de planificación y preparación, supervisó la oficina de Bright.
La expulsión de Bright fue “represalia, simple y llanamente”, declaró Debra S. Katz, una de sus abogadas. “Lo dejaron de lado y lo excluyeron e ignoraron sus consejos muy detallados”.
Sus reclamos se detallan en una queja que busca la reincorporación a su puesto que se presentó el martes ante la Oficina de Asesoría Especial de EE.UU, que supervisa la protección de los denunciantes.
“El liderazgo político del HHS lanzó críticas sin fundamento contra [Bright] por sus esfuerzos proactivos para invertir temprano en el desarrollo de vacunas, así como en suministros críticos como mascarillas, respiradores e hisopos, que eran escasos y serían necesarios para combatir el COVID-19 “, dice la queja.
En respuesta a preguntas, la portavoz de Salud y Servicios Humanos, Caitlin Oakley, no abordó directamente las acusaciones de Bright y manifestó en un comunicado: “el Dr. Bright fue transferido a NIH para trabajar en las pruebas de diagnóstico, fundamentales para combatir el COVID-19, donde se le ha encomendado gastar más de $1 mil millones para avanzar en ese esfuerzo. Estamos profundamente decepcionados de que no se haya presentado a trabajar en nombre del pueblo estadounidense y liderar este esfuerzo crítico”.
Además de sus agudos desacuerdos sobre el coronavirus, Bright alega en la queja que se opuso a las medidas de Kadlec para otorgar contratos por valor de decenas de millones de dólares a varias pequeñas compañías farmacéuticas representadas por un amigo de Kadlec que trabajaba como consultor de la industria.
En noviembre, se opuso a una propuesta de $100 millones para financiar un tratamiento contra el Ébola desarrollado “por un viejo amigo del Dr. Kadlec” en la Universidad Emory en Atlanta y comercializado por una pequeña empresa con sede en Miami llamada Ridgeback Biotherapeutics, según la denuncia. El mes pasado, el consorcio buscó nuevamente fondos de Salud y Servicios Humanos, alegando que el medicamento parecía prometedor contra el coronavirus, a pesar de que no se habían realizado ensayos en humanos, según la denuncia.
Ridgeback y Emory no respondieron llamadas en busca de comentarios.
La queja de 89 páginas documenta los repetidos esfuerzos de Bright en las primeras semanas de 2020 para instar a Azar, Kadlec y otros funcionarios de la administración a movilizarse rápidamente para asegurar mascarillas y otros equipos de protección para el sistema médico de EE.UU en preparación para un brote del virus aquí.
La escasez generalizada de equipos de protección para trabajadores médicos y suministros de prueba ha persistido durante el brote de coronavirus, lo que obstaculiza la respuesta médica de EE.UU y complica los esfuerzos actuales para poner fin a las órdenes de quedarse en casa en todo el país.
Tan pronto como el 18 de enero, pocos días después de que los casos de coronavirus comenzaron a registrarse fuera de China, Bright presionó a Kadlec para que comenzara a convocar a reuniones especiales de planificación de desastres y que se coordinara una respuesta en todo el gobierno federal, según la denuncia.
Kadlec respondió en un correo electrónico citado en la queja que “no estaba seguro de si era una urgencia”.
Cuando Bright transmitió advertencias de los fabricantes de mascarillas de que tenían problemas para comunicarse con los funcionarios del gobierno de EE.UU fue rechazado de manera similar, dijo.
Incluso cuando altos funcionarios de salud finalmente comenzaron a reconocer los problemas de suministro, Kadlec y otros aseguraron a la Casa Blanca en una reunión informativa del 14 de febrero que no había problemas inmediatos en la cadena de suministro, alega la queja de Bright.
Bright también señala que su escepticismo sobre los medicamentos contra la malaria promocionados por Trump enfrentó a altos funcionarios de la administración.
“En un aparente esfuerzo por lograr una victoria política a corto plazo para la Administración durante la creciente crisis de salud”, la oficina de Kadlec “presionó a BARDA para que promoviera la cloroquina, el medicamento contra la malaria”, dice la denuncia.
Bright expuso que, el 23 de marzo, el asesor general de Salud y Servicios Humanos, Bob Charrow, en una directiva de la Casa Blanca, le ordenó “dejar todo y hacer que la cloroquina donada por Bayer esté ampliamente disponible para el público estadounidense”.
Bayer había donado cloroquina al gobierno para su uso en el tratamiento del coronavirus. La compañía obtuvo el medicamento de fábricas en India y Pakistán, y fue traído a EE.UU sin inspección por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, según la denuncia.
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El 29 de marzo, a instancias de Bright, la FDA emitió una autorización para cloroquina e hidroxicloroquina, limitando su uso por parte de proveedores de atención médica con licencia para tratar a ciertos pacientes que de otra manera no podrían participar en un ensayo aleatorio y controlado.
Después de que Trump promocionara nuevamente la hidroxicloroquina como tratamiento para el COVID-19 durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca el 4 de abril, el subsecretario de Salud Brett Giroir ordenó a Kadlec y otros funcionarios federales que movilizaran la cadena de suministro de la nación para “inundar NY y NJ con cursos de tratamiento [de hidroxicloroquina]”, según un correo electrónico incluido en la queja.
“Bright se sintió impotente para proteger al público de este químico potencialmente tóxico que el HHS, ante la insistencia del presidente Trump, estaba promocionando como un tratamiento seguro”, expone la denuncia.
En medio de las crecientes señales de que la hidroxicloroquina puede poner en peligro a los pacientes, la FDA ha emitido una advertencia contra el uso del medicamento fuera de los hospitales y otros entornos clínicos.
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