Kamala Harris anuncia nuevas inversiones privadas destinadas a frenar la inmigración desde Centroamérica
La vicepresidenta Kamala Harris, ansiosa por mostrar avances en una de sus asignaciones más destacadas, planea anunciar el lunes inversiones privadas por unos 540 millones de dólares en Centroamérica, como parte del plan de la administración para reducir la migración desde el área, mejorando las condiciones locales.
El anuncio, anticipado por funcionarios de la Casa Blanca el domingo, elevará los compromisos privados totales en la región a más de $1.200 millones desde mayo, cuando Harris comenzó a solicitar a empresas y organizaciones sin fines de lucro que inviertan dinero en Honduras, El Salvador y Guatemala.
El presidente Biden le pidió a Harris en marzo que ayudara a frenar la migración desde la región abordando las causas fundamentales, que incluyen la pobreza, la corrupción, el delito y los desastres naturales. Desde entonces, la cantidad de personas detenidas cerca de la frontera alcanzó niveles récord.
Existe un debate sobre las causas, y muchos conservadores responsabilizan a la laxa aplicación de la ley en la frontera y a la percepción de que Estados Unidos se volvió más hospitalario con los migrantes y solicitantes de asilo. Muchos liberales señalan también el empeoramiento de las condiciones en los países de origen y el impacto del COVID-19.
Harris y los expertos en migración centroamericana consideran poco probable que estos esfuerzos den resultados rápidos. Pero los grandes aumentos en el fenómeno migratorio han creado problemas políticos para la vicepresidenta, incluso cuando no es directamente responsable de los controles fronterizos o el procesamiento de migrantes.
Los esfuerzos de Harris para reducir la corrupción, en el corazón de su plan, también se vieron retrasados. El procurador general de Guatemala despidió en julio al principal fiscal anticorrupción del país, Juan Francisco Sandoval, pocas semanas después de que la vicepresidenta visitara dicho país centroamericano, e instó a los líderes a preservar el estado de derecho.
Harris, que había evitado visitar o hablar con líderes de Honduras y El Salvador debido a preocupaciones sobre la corrupción del gobierno allí, tiene nuevas esperanzas de que la presidenta entrante de Honduras, Xiomara Castro, cumpla sus promesas de combatirla. La vicepresidenta llamó a Castro el sábado para felicitarla. Los funcionarios de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato, la describieron como una buena decisión y apuntalaron los votos de Castro de mejorar la economía y proteger mejor de la violencia que sufren las mujeres de su país.
Harris planea anunciar los nuevos compromisos el lunes durante una mesa redonda con líderes corporativos, incluidos Brad Smith, de Microsoft; Paula Santilli, de la división latinoamericana de PepsiCo; David MacLennan, de Cargill; Guillaume Le Cunff, de Nespresso, y Juan Pablo Mata, de Grupo Mariposa, una empresa de alimentos y bebidas con sede en Guatemala.
La nueva mayor inversión provendrá de PepsiCo, que planea gastar $190 millones durante los próximos cuatro años en mejorar las plantas, expandir las rutas de distribución y reducir las emisiones. Cargill y Parkdale Mills se comprometieron a aportar cada uno $150 millones para proyectos agrícolas y de fabricación.
Microsoft, que ya había anticipado dar acceso a Internet a tres millones de personas en la región, aumentará su compromiso a cuatro millones y también prometió enseñar habilidades digitales a 100.000 individuos.
Los funcionarios de la administración esperan que las inversiones de las grandes empresas creen prácticas comerciales más transparentes, incluido el acceso de más gente al crédito digital; eso dificultará el ocultamiento de los sobornos y otras actividades del mercado negro. También esperan que las promesas de las empresas de pagar salarios más altos den a las personas más razones para evitar el arriesgado viaje hacia el norte.
Sin embargo; la región sigue siendo peligrosa, y los tres países impulsaron iniciativas para reprimir a los grupos que obstaculizan luchar contra la corrupción y promueven la gobernabilidad democrática. Un ejemplo son los nuevos requisitos de registro que, según los grupos, están socavando su capacidad para operar sin acoso.
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