Almagro sobre Guatemala: fiscalía está empeñada “en traer casos del pasado para afectar” transición

CIUDAD DE GUATEMALA —  La crisis política que enfrenta Guatemala desde la sorpresiva victoria de Bernardo Arévalo en las últimas elecciones presidenciales volvió a ser tema de análisis ante la Organización de Estados Americanos, en una sesión el lunes en la que su secretario general, Luis Almagro, reprochó que la fiscalía esté empeñada en frenar la transición.

“El Ministerio Público sigue empeñado en traer casos del pasado para afectar la transición (de gobierno)”, dijo Almagro, lo que dijo “afecta la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho en Guatemala” ante el Consejo Permanente de la OEA.

La sesión extraordinaria del lunes volvió a dedicarse a la situación de la democracia guatemalteca, a petición de República Dominicana y Estados Unidos, cuando falta poco más de un mes para que el presidente saliente, Alejandro Giammattei, deba entregar los poderes al mandatario electo Arévalo.

En este contexto, Almagro recalcó los últimos acontecimientos que ponen en riesgo la democracia en el país como es la retirada de la inmunidad la semana pasada de cuatro magistrados electorales que oficializaron a Arévalo como el próximo presidente. Los jueces se exiliaron.

Por su parte, el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, dijo en un video pregrabado y mostrado en la sesión, estar extrañado por la nueva convocatoria de la OEA ya que su país sigue con reuniones de transición de gobierno “de manera pacífica y democrática”.

El secretario general de la OEA habló, también, de las reuniones de transición que se llevan a cabo por sectores con el ejecutivo saliente. Sin embargo, subrayó que continúan las acciones de la fiscalía contra el proceso electoral y contra quienes participaron en él.

El mismo día en que Arévalo conoció formalmente que había pasado al balotaje, tras una primera vuelta electoral el pasado 20 de junio, la fiscalía anunció un investigación en contra del partido con el que se presentó a los comicios, el Movimiento Semilla. Un juez había concedido una orden para suspender su personalidad jurídica.

Ese primer movimiento fue sucedido por órdenes de aprehensión, allanamientos e inicio de investigaciones en una arremetida de la fiscalía contra el propio Arévalo y su partido, pero también contra las autoridades electorales y contra más de 125.000 ciudadanos que participaron en la recepción, conteo y protección de los votos de los ciudadanos.

La fiscalía investiga un supuesto fraude electoral, así como la contratación del programa informático usado para el conteo rápido de los resultados, la conformación del partido Semilla y la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala por parte de estudiantes universitarios que, por algo más de un año, cerraron la universidad denunciando fraude para la elección del rector Walter Mazariegos.

La fiscalía incluyó en esta última indagación a Arévalo y a varios miembros de su partido.

Todas estas actuaciones derivaron en una protesta ciudadana, liderada por autoridades indígenas, que piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien responsabilizan de encabezar acciones antidemocráticas con el fin de desconocer el voto ciudadano.

Almagro indicó ante el Consejo Permanente de la OEA que, tras 64 días, persiste la protesta pacífica.

El embajador estadounidense ese organismo, Frank Mora, dijo que las autoridades guatemaltecas siguen aumentando la crisis en el país. Estados Unidos ha tomado acciones sancionando a varios actores corruptos, así como a quienes consideran que socavan la democracia en el país centroamericano.

El embajador de República Dominicana, Josué Fiallo, dijo en su discurso que “miran con inquietud” eventos que suceden en Guatemala y que puede “socavar los cimientos mismos de la gobernabilidad”. Mencionó, en concreto, “la persecución selectiva” y, además, “los intentos de restringir desde ya a la administración entrante” lo que “genera una preocupación que resuena más allá de sus fronteras”.

Una de las peticiones que varios sectores en Guatemala han hecho al Consejo Permanente es la aplicación de la Carta Democrática al país —de la que Guatemala es parte— y que establece un conjunto de obligaciones para los países miembros de la organización ante la afirmación acordada de que la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de América.