Qué pasará luego de que juez de EEUU advierte de posible desacato a órdenes para detener vuelos
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WASHINGTON — Un fallo de un juez federal que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump parece haber desatendido deliberadamente —de que ordenara a aviones de migrantes en ruta a El Salvador que se regresaran a Estados Unidos— incrementa la posibilidad de que algunos funcionarios sean declarados en desacato penal al tribunal y pudiesen enfrentar un juicio.
El juez federal de distrito James Boasberg indicó en su fallo el miércoles que existe causa probable para considerar que el gobierno se encuentra en desacato, por su rebeldía a su orden en el caso que involucra a migrantes enviados a una notoria prisión en El Salvador. El juez le está dando al gobierno la oportunidad de remediar la violación antes de proceder con tal acción.
La Casa Blanca dice que planea apelar.
Es el enfrentamiento más reciente entre el gobierno y el poder judicial, que ha bloqueado una serie de amplias acciones ejecutivas de Trump en torno a la inmigración y otros asuntos.
A continuación presentamos lo que hay que saber sobre el fallo del juez, el desacato al tribunal y lo que sucederá a continuación:
Un hombre armado abrió fuego el jueves en la Universidad Estatal de Florida, matando a dos personas e hiriendo al menos a otras cinco, según informó la policía.
La orden del juez y el incumplimiento del gobierno
El caso se origina en la invocación de Trump de una ley de tiempos de guerra de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar a migrantes venezolanos que acusa de ser pandilleros. Durante una audiencia de emergencia el mes pasado después de que varios migrantes demandaran, Boasberg le había ordenado al gobierno no deportar a nadie que estuviese bajo su custodia en virtud de la ley.
Cuando se le informó que ya había aviones en el aire con destino a El Salvador —que ha accedido a albergar a los migrantes deportados en una notoria prisión—, el juez indicó que las aeronaves debían regresar a Estados Unidos. Eso no sucedió.
Horas después, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que los deportados habían llegado a su país. En una publicación en redes sociales, dijo: “Ups... demasiado tarde” sobre un artículo que hacía referencia a la orden de Boasberg.
El Departamento de Justicia ha argumentado que la orden del juez no se aplicaba a los aviones que ya habían salido del espacio aéreo de Estados Unidos en el momento en que se emitió su fallo.
Boasberg señaló que las “acciones del gobierno ese día demuestran un desprecio deliberado por su orden”. Aunque este mes la Corte Suprema anuló el fallo de Boasberg que bloqueaba las deportaciones, el juez indicó que eso no “excusa la violación por parte del gobierno”.
La actriz Michelle Trachtenberg murió por complicaciones de la diabetes que padecía, de acuerdo con el médico forense de la ciudad de Nueva York.
El juez advierte sobre posible enjuiciamiento por desacato al tribunal
Boasberg indicó que el gobierno puede evitar procedimientos de desacato si intenta remediar la violación retomando la custodia de los deportados, que fueron enviados a la prisión de El Salvador en violación de su orden, de forma que tengan la oportunidad de impugnar su expulsión. El juez escribió que el gobierno “no necesitaría liberar a ninguno de esos individuos, ni necesitaría transportarlos de regreso a su país de origen”, pero no está claro cómo funcionaría eso.
Boasberg señaló que, si el gobierno elige no remediar la violación, él procederá a intentar identificar al funcionario o funcionarios que tomaron la decisión de no ordenarle a los aviones que se regresaran. El juez indicó que comenzaría pidiéndole al gobierno que presente declaraciones escritas ante el tribunal, pero podría recurrir a audiencias con testigos en vivo bajo juramento o testimonios.
Luego podría remitir el asunto para enjuiciamiento. Dado que los directivos del Departamento de Justicia de Trump casi seguramente optarían por no presentar un caso, el juez indicó que nombraría a otro abogado para enjuiciar el caso de desacato si el gobierno se niega a hacerlo.
Rory Little, profesor de derecho constitucional en la escuela de derecho UC Law San Francisco, cree que el gobierno podría evitar fácilmente ser declarado en desacato.
“Boasberg no lo plantea, pero si pusieran a esas 200 personas de nuevo en un avión y las trajeran de vuelta, seguramente eso purgaría el desacato. Es sólo que no creemos que Trump vaya a hacer eso”, señaló Little.
Little indicó que Boasberg planteó un “método mucho menos intrusivo” para que el gobierno cumpla su orden.
“Está siendo lo más cuidadoso posible para evitar un enfrentamiento feo, cara a cara, que todos pensamos llegará tarde o temprano”, observó.
El gobierno también podría enfrentar un posible desacato al tribunal en otro caso que involucra a Kilmar Ábrego García, un hombre de Maryland de quien el gobierno ha reconocido que fue enviado por error a la prisión de El Salvador. La jueza en ese caso ha dicho que está sopesando si emprenderá procedimientos de desacato, diciendo que los funcionarios “parecen no haber hecho nada para ayudar a que Ábrego García sea liberado y regrese a Estados Unidos”, a pesar de un fallo de la Corte Suprema que ordena que el gobierno “facilite” su liberación.
Los casos de desacato penal son inusuales
Los jueces han estado dispuestos a considerar que funcionarios y agencias están en desacato por no cumplir con los fallos, e incluso ocasionalmente han buscado imponer multas y encarcelamiento. Pero casi siempre los tribunales superiores los han revocado, escribió Nicholas Parrillo, profesor de derecho de Yale, en un artículo publicado en 2018 en la revista Harvard Law Review, el cual examinó miles de casos y encontró 82 hallazgos de desacato por jueces federales desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
En una larga disputa sobre dinero, que el gobierno federal mantiene en un fideicomiso para las tribus nativas americanas, el juez federal de distrito Royce Lamberth consideró que la republicana Gale Norton en 2002, y el demócrata Bruce Babbitt en 1999 —ambos secretarios del Interior—, estaban en desacato y le ordenó dos veces al Departamento del Interior desconectar sus computadoras.
El tribunal de apelaciones federal en Washington revocó el cargo de desacato contra Norton y finalmente removió a Lamberth del caso en 2006.
Sin embargo, incluso sin sanciones los hallazgos de desacato “tienen un efecto de vergüenza que les da un poder disuasorio sustancial, aunque imperfecto”, escribió Parrillo. Pero reconoció que la potencia del desacato descansa en la visión ampliamente compartida de que los funcionarios cumplen con las órdenes judiciales.
En 1987, una Corte Suprema dividida dictaminó que los jueces de distrito tienen la autoridad de nombrar abogados privados para enjuiciar acciones de desacato penal. El juez Antonin Scalia, quien no estuvo de acuerdo con la decisión de la mayoría, concluyó que los tribunales no tienen el poder de nombrar abogados para llevar a cabo enjuiciamientos por desacato.
Robert Weisberg, profesor de la facultad de Derecho de Stanford, quien enseña procedimiento penal, señaló que la afirmación de Boasberg de que el gobierno violó flagrantemente su orden es “muy convincente”.
“Esto me parece tan sólido que creo que será difícil ganar una revocación, lo que significa que podríamos tener un punto muerto”, observó.
Weisberg indicó que le preocupa que el enfrentamiento entre el juez y el gobierno pueda acercar aún más a este último a una crisis constitucional.
“Se supone que debo decir, porque todos los demás lo hacen, que tenemos que tener cuidado al usar el término ‘crisis constitucional’. Significa demasiadas cosas; se usa en exceso”, manifestó. “Dicho lo anterior, lo que el país ha estado esperando... algunos con feliz anticipación, es una negativa rotunda a obedecer una orden judicial legal. Esto está muy cerca de ello”.
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